Fortunato Jerez Guillén

Expediente 1157/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1157/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
18/12/2017

Partes del expediente

  • Fortunato Jerez Guillén

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo. Del estado de autos y del contenido de las constancias remitidas por la referida autoridad responsable, consistentes en copia certificada del juicio laboral ***** y específicamente del proveído de veintisiete de octubre del año en curso, este Juzgador advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, precisa señalar que el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: ***** El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: ***** De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "**** Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de despachar auto de ejecución de laudo en el expediente *****, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintisiete de octubre del año que transcurre, la responsable emitió acuerdo donde tuvo por recibida la promoción del quejoso, presentada el veintisiete de septiembre del año en curso, determinando comisionar al actuario de su adscripción para que en día y hora hábil, acompañado de la parte actora, se constituyan al domicilio de la demanda a fin de requerir el cumplimiento del laudo de cuatro de noviembre de dos mil catorce y resolución interlocutoria de once de julio de este año dictados en el juicio laboral ****; por lo cual, el tribunal responsable subsanó la omisión que se reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al no dictar auto de ejecución de laudo dentro del juicio laboral ****, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: **** Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, del rubro y contenido siguientes: **** Ahora bien, no es el caso ordenar el emplazamiento a la parte tercera interesada, en virtud que en este asunto se advierte de manera notoria la actualización de causa de improcedencia, por lo que este acuerdo no le irroga ningún perjuicio. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia que se cita: ***** No obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se esté teniendo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el veintisiete de octubre del año que transcurre, el tribunal responsable dictó auto de ejecución dentro del juicio laboral ****. Asimismo, no es óbice a lo anterior el hecho de que la autoridad responsable no haya remitido la constancia de notificación al quejoso del auto de veintisiete de octubre del año en curso, con el cual cesaron los efectos de la omisión reclamada, ya que con la notificación personal que se le practique de este auto tendrá conocimiento del mismo. Dado lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia señalada para las diez horas con diez minutos del seis de diciembre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de noviembre de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el ocurso signado por el quejoso **** o ****, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, por el que manifiesta el acto reclamado en este asunto. ADMISIÓN Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por quejoso **** o ****, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. 2. Actuario adscrito al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese este juicio sin incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente la suspensión del acto reclamado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/ acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a las responsables rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita; con el apercibimiento de que en caso de que no rindan oportunamente dicho informe, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,264.00 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251, de la ley de la materia. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, en la forma y términos en que lo hace; así también la prueba documental que refiere, la que será remitida por el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas y actuario adscrito a dicho tribunal, residentes en esta ciudad, al ser inherentes al informe justificado que en su caso rendirán las citadas autoridades responsables. TERCERO INTERESADO Respecto a la parte tercera interesada, se reserva proveer al respecto, en tanto obren en autos las constancias que remita la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. Notifíquese; y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso ************, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. 2. Actuario adscrito al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el libro de gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1157/2017-VII. PREVENCIÓN La parte quejosa señala como acto reclamado textualmente el siguiente: "ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE DICTAR EL AUTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 600/F/2011. Dentro de las 72 horas constadas a partir del laudo correspondiente a petición de parte, en términos de los Artículos 771, 940, 945 y 950 de la Ley de la Materia, aplicable (antes de la reforma) en el Expediente Número 600/F/2011. Así como todas y cada una de las violaciones al debido proceso realizadas por la Autoridad Responsable hasta el momento del cumplimiento total al laudo, ya que la autoridad responsable, pese a las peticiones extrajudiciales que se le han solicitado se ha negado". Así, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el promovente no cumple con lo ordenado en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: Artículo 108. "La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I." IV. "La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (...)" Ahora, el artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente no cumple con lo ordenado en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo cual, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en el artículo 114, fracciones I y IV, de la citada Ley, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1. Indique con precisión cuál es el acto que reclama. 2. Además, exhiba copias de su escrito aclaratorio, para cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Se precisa lo anterior, ya que no debe señalarse como acto reclamado la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución de laudo, pues en esta etapa se necesita la intervención del trabajador para la prosecución del procedimiento a fin de cumplir con el laudo, por lo que debe precisar de manera concreta el acto reclamado. Apoya a lo expuesto el criterio, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Así como la Tesis Aislada, con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". El criterio, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición". APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido en el punto número uno en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, visible en la página 307, Octava Época, Tomo XIII, Febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en esta ciudad y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, ya que pese a que únicamente ***************, cuenta con su cédula en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve este juicio, no se hace necesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.

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