Fortino Rojas Soroa

Expediente 1669/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1669/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Fortino Rojas Soroa

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil veintitrés. Juzgado acepta conocimiento previo Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe la literalidad del proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés, por el que informa que en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y continuó con el procedimiento del juicio de amparo; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se ordena archivo del cuaderno de antecedentes Ahora bien, en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, billete, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil veintidós. Recepción del escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1669/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autoridades responsables. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos. Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Acto reclamado. Del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos, se reclama la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictada en los autos de la comunicación oficial recibida ******************** De la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se reclama la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós dictada en el expediente ******************** Incompetencia. Ahora bien, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad de México es quien actualmente conoce del expediente laboral ********************, registro ********************, este Órgano de Control Constitucional, estima que no debe conocer de la presente demanda de garantías de acuerdo con las siguientes consideraciones: El numeral 37, de la Ley de Amparo dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto transcrito se desprende que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: La primera regla nos dice que cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole requiere ejecución. La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática de análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; tal situación no acontece en la especie. En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, resulta aplicable el primer supuesto, en el presente asunto, toda vez que de los actos reclamados por ********************en el juicio laboral de origen, actualmente es la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad de México, quien conoce del juicio de origen, pues asumió la competencia declinada por el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos; por lo tanto, el acuerdo por el que la referida sala acepta dicha competencia tiene naturaleza positiva y; en consecuencia, tiene ejecución material; por ello, es esta última determinación la que fija la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto, en términos de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis ********************, estableció que los actos se dividen de manera genérica de acuerdo con su naturaleza y consecuencias. Al respecto, importa destacar los positivos y los negativos; los primeros son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable; es decir, consisten en una actividad que la persona estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traduce en un hacer o en un no hacer que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. En tal contexto, el proveído mediante el cual una autoridad declina su competencia en favor de otra, es de los considerados negativos simples, en razón de que mediante esta resolución la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona, esto es, a admitir la competencia por considerar que a otra autoridad le corresponde la misma; esta actuación no produce ningún efecto positivo dado que hasta ese momento no se impone alguna carga u obligación a la persona; en tanto que el acto de autoridad consistente en el auto que acepta la competencia declinada se constituye como un acto positivo, dado que tiene efectos materiales, al incidir en la esfera jurídica de la persona, porque la somete bajo su jurisdicción y la obliga a litigar el asunto ante ella, actualizando de tal forma la posibilidad que el procedimiento o juicio se tramite por una autoridad legalmente incompetente; por ende, para definir la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra tales actos resulta aplicable la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Bajo ese ese parámetro, si en el caso los actos que reclama el ahora quejoso en el juicio laboral de origen, se encuentran radicados en la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad de México, es inobjetable, que los que los actos reclamados tienen ejecución materialmente en la jurisdicción territorial en la Ciudad de México, que es jurisdicción diversa a la de este Órgano de Control Constitucional; por lo que resulta incuestionable que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en comento, por razón de territorio; en consecuencia, es el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto es el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubique la autoridad laboral jurisdiccional que acepta dicha competencia, en el caso el Juez de Distrito en cuya Jurisdicción se ubique en la Ciudad de México. Es aplicable, en lo conducente, la tesis PC.X. J/6 L (11a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, página 3039, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO QUE ADMITE LA COMPETENCIA QUE UNA AUTORIDAD LABORAL JURISDICCIONAL DECLINA EN FAVOR DE OTRA SIMILAR, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD LABORAL QUE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE TIENE EJECUCIÓN MATERIAL (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO)." En tales condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional declina competencia para conocer del asunto a favor del Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno; a quien se ordena remitir la demanda de amparo que se trata; por lo tanto fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, se proveerá lo conducente. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a los profesionistas que menciona en razón de que se trata de un asunto en materia laboral y no necesitan acreditar tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo.. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarle por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

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