Fortino Islas Dominguez
Expediente 745/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fortino Islas Dominguez
- FORTINO ISLAS DOMINGUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
"... Vista la certificación de cuenta, y toda vez que la determinación de dos de julio del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho y en su carácter de presidente, síndico, regidora de Hacienda, regidor de Obras, regidor de Policía y secretario Municipal, respectivamente, del Municipio de San Cristóbal de Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, contra actos de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; .... se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, .... Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Fortino Islas Domínguez, Joel López Baltazar, Belem Monserrat Domínguez Villegas, Crescencio Córdoba Montes, Leocadio José Pérez y Lizbeth Cruz Reyes, por propio derecho y en su carácter de presidente, síndico, regidora de Hacienda, regidor de Obras, regidor de Policía y secretario Municipal, respectivamente, del Municipio de San Cristóbal de Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, contra actos de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 745/2021. Desechamiento. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama destacadamente el proceso legislativo que tiene por objeto: La abrogación, derogación o reforma de la fracción V, del artículo 23, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, donde se establece la creación y competencia de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La remoción, ratificación o reelección de los magistrados que integran la referida Sala de Justicia. Lo anterior, sin haberse llevado a cabo una consulta previa relativa a tales trabajos legislativos. En el caso, respecto del reclamo sintetizado en el punto 1), se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)". Asimismo, el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Sobre el tema de los intereses jurídico y legítimo, existen los criterios siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". [Tesis: 2a. LXXX/2013, Página 1854, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala Décima Época]. Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que, en el caso en estudio, el ejercicio de la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; destacando que, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Es decir, la génesis de la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuyo derecho constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado, para que sea jurídico, y por consiguiente, legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente), de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue agravio real, personal, directo y actual en su esfera jurídica. Por su parte, el interés legítimo, implica un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso que, sin tener un derecho subjetivo propio del interés jurídico, se encuentra en aptitud de expresar, respecto de los demás integrantes de la sociedad, un agravio diferenciado en contra del acto de autoridad que estime violatorio de derechos fundamentales contemplados en el ordenamiento jurídico objetivo, por acreditar una especial situación frente al orden jurídico, actual, real y jurídicamente relevante, de modo que la anulación del acto reclamado producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero siempre cierto como un efecto directo, no circunstancias, de la protección constitucional. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." Ahora bien, en el caso los quejosos se autoadscriben como indígenas pertenecientes al pueblo chocholteco, parte integrante del Municipio de San Cristóbal de Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, por lo que exponen les asiste interés para combatir a través del juicio de amparo la falta de observancia a su derecho ser consultados respecto de los citados trabajos legislativos. En efecto, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos del Estado corresponde, en principio, a todas las personas que formen parte de la vida democrática de un país, ya sea de forma individual -a través del sufragio o el ejercicio de una función pública- o colectiva -a través de la creación de partidos políticos u organizaciones sociales-. Sin embargo, existen ciertos grupos que históricamente por su particular situación social, económica o política pueden verse excluidos de la participación activa en las decisiones estatales; tal es el caso de los grupos o comunidades indígenas, quienes por su especial situación, pueden encontrarse impedidos o limitados en la participación política del país. Por ello, un elemento fundamental para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones políticas del país que puedan afectar significativamente sus derechos, es el reconocimiento de su derecho a ser consultados, el cual se encuentra previsto en el texto del artículo 2° constitucional, así como por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultadas constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de los pueblos, así como los demás derechos culturales y patrimoniales -ancestrales- que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen, permitiéndoles participar de forma activa y constante en los asuntos políticos del Estado; asimismo, representa una obligación frente al Estado en el sentido de llevar a cabo todos los actos necesarios para proveer a dichos grupos de los medios idóneos y necesarios para garantizar plenamente sus derechos. Ahora bien, lo anterior no significa que el Estado deba consultar a los pueblos y comunidades indígenas siempre que se vean involucrados en alguna decisión estatal, pues se llegaría al absurdo de tener que consultarlos incluso para la emisión de alguna ley o decisión administrativa. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las comunidades deben ser consultadas en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos sobre su entorno. En el mismo sentido, el ordenamiento jurídico mexicano ha reconocido tal parámetro al establecer que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, autoridad competente en materia de consulta a las comunidades indígenas, debe consultarlas cuando se promuevan proyectos que puedan impactar significativamente en sus condiciones de vida y entorno. Asimismo, se han identificado una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas como: 1) la pérdida de territorios y tierra tradicional, 2) el desalojo de sus tierras, 3) posible reasentamiento, 4) agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, 5) destrucción y contaminación del ambiente tradicional, 6) desorganización social y comunitaria e, 7) impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. Consideraciones que se encuentran contenidas en la ejecutoria del amparo en revisión 500/2015, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que sustentaron el origen de la tesis aislada 2a. XXVII/2016 (10a.), de rubro y texto: "PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EN SU DERECHO A SER CONSULTADOS, EL ESTÁNDAR DE IMPACTO SIGNIFICATIVO CONSTITUYE ELEMENTO ESENCIAL PARA QUE PROCEDA. El derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas es una prerrogativa fundamental reconocida en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, cuya protección puede exigir cualquier integrante de la comunidad o pueblo indígena, con independencia de que se trate o no de un representante legítimo nombrado por éstos. En ese sentido, constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de las comunidades, así como los derechos culturales y patrimoniales -ancestrales- que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen. No obstante, lo anterior no significa que deban llevarse a cabo consultas siempre que grupos indígenas se vean involucrados en alguna decisión estatal, sino sólo en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos en su vida o entorno. Así, se ha identificado -de forma enunciativa mas no limitativa- una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas como: 1) la pérdida de territorios y tierra tradicional; 2) el desalojo de sus tierras; 3) el posible reasentamiento; 4) el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; 5) la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; 6) la desorganización social y comunitaria; y 7) los impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. Por tanto, las autoridades deben atender al caso concreto y analizar si el acto impugnado puede impactar significativamente en las condiciones de vida y entorno de los pueblos indígenas." (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2011957, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a. XXVII/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 1213, Tipo: Aislada). Sentadas las premisas anteriores, es importante además destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1624/2008, definió que ante la ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse la conciencia de la identidad indígena, basta que cualquier persona se autoadscriba y autoreconozca como tal, esto es que, asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas; cuestión que como quedó de manifiesto, en el caso acontece, ya que los quejosos se autoadscriben como indígenas pertenecientes al pueblo chocholteco. Superado el aspecto anterior, cobra relevancia determinar si en el particular, la medida legislativa objeto de estudio en este apartado, impacta significativamente sobre el entorno de la etnia a la cual pertenecen los aquí quejosos. De modo que para abordar ese tópico, es necesario traer a colación la narrativa expuesta bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su demanda, en el sentido de que el veintiocho de junio pasado, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, se enteraron que el Congreso del Estado de Oaxaca, ha iniciado un proceso de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para desaparecer la Sala de Justicia Indígena considerando que tal circunstancia afecta sus derechos como comunidad o pueblo indígena en el Estado de Oaxaca. Manifiesta que dicha Sala constituye una institución de impartición de justicia que tiene como objetivo garantizar sus derechos desde una perspectiva pluricultural y que forma parte de acceso a la justicia para validar las resoluciones que sus órganos de justicia emiten al resolver conflictos, por lo que cualquier mutación impactaría en sus derechos. De donde se obtiene que, a juicio del suscrito el posible trabajo legislativo en ese tópico, no encuadra dentro de los supuestos de impacto significativo descritos por el Máximo Tribunal del País, al no implicar la pérdida de territorios y tierra tradicional, desalojo de sus tierras, posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, destrucción y contaminación del ambiente tradicional, desorganización social y comunitaria e, impactos negativos sanitarios y nutricionales. Más aun cuando no existe (hasta este momento) constancia fehaciente del aducido trabajo legislativo y que con éste se implique trastocar directamente el territorio, cultura, tradiciones, administración de justicia, entre otros. Se dice lo anterior, ya que constituye un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que derivado de la consulta practicada en la página: https://www.congresooaxaca.gob.mx/iniciativasyacuerdos, no aparece la publicación de propuesta de proyecto en los términos que se propone. Lo anterior, habida cuenta que el procedimiento de consulta debe llevarse a cabo durante la fase de planificación del proyecto, con antelación al comienzo de las actividades de ejecución, sin que en la especie se evidencie de la página oficial legislativa tal supuesto legislativo. De ahí que se estime, que al no impactar significativamente los posibles trabajos legislativos, cuyo conocimiento adquirió la parte quejosa a través de medios de comunicación y redes sociales, es inconcuso que carece de interés legítimo para la promoción del juicio de amparo. Tocante al diverso reclamo reseñado en el punto 2), relativo a la remoción, ratificación o reelección de los magistrados que integran la referida Sala de Justicia, se precisa que en su contra se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;" De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana, en el caso concreto sobre la designación de un funcionario, pues la impugnabilidad de dichos actos deviene de las facultades y atribuciones que les confiere la Constitución Federal o Local, para resolver en ese sentido; lo que hace improcedente el juicio de amparo en contra de estos. Para demostrar dicha aseveración, es conveniente transcribir lo el contenido de los artículos 59, fracción XXVIII, 102, y 114 Quáter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. "Artículo 59.- Son facultades del Congreso del Estado: (.). XXVIII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los Tribunales Especializados de conformidad con lo establecido por el artículo 102 de esta Constitución; (.)" Artículo 102.- Para nombrar a las personas que ocuparán las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia la persona titular de la Gubernatura del Estado emitirá una convocatoria pública para la selección de aspirantes, de conformidad con los requisitos señalados en el artículo anterior. El Consejo de la Judicatura certificará el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicará los exámenes de oposición. Una vez concluidos éstos, remitirá al Gobernador del Estado una lista que contenga ocho candidatos, de los cuales el Gobernador enviará una terna al Congreso del Estado para que elija a quien debe ser Magistrado La elección se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado que se hallen presentes, dentro del improrrogable plazo de veinte días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador del Estado. En caso de que el Congreso del Estado rechace la terna propuesta, ocupará el cargo la persona que habiendo aparecido en la lista elaborada por el Consejo de la Judicatura designe el Gobernador del Estado. Todos los Magistrados, con excepción del Magistrado Presidente y del Magistrado Consejero de la Judicatura, deberán integrar sala, durarán en el ejercicio de su cargo ocho años, podrán ser reelectos por un periodo igual, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del artículo 117 de esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca; podrán jubilarse en los términos que señale la Ley respectiva. De los artículos transcritos, se advierte que para la designación de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Gobernador del Estado emitirá una convocatoria pública; luego el Consejo de la Judicatura certificará el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicará los exámenes de oposición. Una vez concluidos éstos, remitirá al Gobernador del Estado una lista que contenga ocho candidatos, de los cuales el Gobernador enviará una terna al Congreso del Estado para que elija a quien debe ser Magistrado; la elección se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado que se hallen presentes. Es así, pues su estudio implicaría analizar actos procedimentales que están encaminados a una decisión que corresponde exclusivamente a la facultad del Congreso del Estado de Oaxaca, por lo que el impedimento legal proviene del propio artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Se invoca como apoyo, la Jurisprudencia 102/2018 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 887, con registro digital 2017916, de rubro y texto siguientes: MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar. Así como la diversa Jurisprudencia 11/2013, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 167, con registro digital 159838, de rubro y texto siguientes: MAGISTRADOS NUMERARIOS Y/O SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DE LA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 11 DE JULIO DE 2009, QUE PREVÉ QUE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO LOCAL EMITIRÁ CONVOCATORIA PÚBLICA A LA SOCIEDAD, A EFECTO DE RECIBIR PROPUESTAS PARA SU DESIGNACIÓN, SE INSERTA EN UN SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL ESTATAL QUE ES ACORDE A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al artículo 116, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a las Constituciones y Leyes Orgánicas de los Estados establecer las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales Estatales, lo que implica que las Legislaturas Locales pueden regular lo relativo al nombramiento de los Magistrados, en el entendido de que deberán hacerlo sin violentar los principios y valores contenidos en la Constitución General de la República. Por otra parte, el artículo 118, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, al señalar los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar el puesto de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Local, remite al artículo 90 de la Constitución Política del Estado, el cual establece los mismos requisitos impuestos por el artículo 116, fracción III, en relación con el 95, ambos de la Constitución Federal. En ese tenor, el artículo 113 de la Ley Orgánica citada, adicionado mediante Decreto Número Mil Quinientos Tres, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el 11 de julio de 2009, que prevé que la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos emitirá una convocatoria pública a la sociedad, a efecto de recibir propuestas para la designación de Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, se inserta en un sistema de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial Estatal que es acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XII y VII, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Herlinda Garrido Bonifacio, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes que menciona, por así solicitarlo expresamente. Ahora, tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; se le tiene señalando el número telefónico 951 350 29 41 y el correo electrónico linda.gabo@hotmail.com, para oír y recibir notificaciones. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Jorge Alberto Cuevas López, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/1612/2021, de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con la Secretaria, Leticia Antonio Rosas, quien autoriza y da fe.
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