Fortino Hernández Sotelo
Expediente 1204/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/03/2021
Partes del expediente
- Fortino Hernández Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa dentro del término legal de cinco días, no se inconformó en contra del proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ese auto QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez y la Secretaria de acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y en atención a su contenido, téngaseles informando que debido a la carga laboral de dicho Juzgado, se encuentran en vías de dar cumplimiento a los emplazamientos encomendados en el presente juicio de amparo. Con independencia de lo anterior, requiérase nuevamente a JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, CON SEDE EN BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de presente proveído, remita a este Juzgado de Distrito, las constancias de emplazamiento de los terceros interesados Sergio Bravo Mellado apoderado legal de SD INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y Santiago Solórzano Ureta, apoderado legal de ALASKA FINANCIAL COMPANY III, LLC, Apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de trece de agosto de dos mil veinte (foja 85), no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director Jurídico Contenciosos dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, en virtud de que este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa RODRIGO LÓPEZ RIVERA, para el efecto de que las autoridades responsables desincorporaran de la esfera jurídica del impetrante lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los diversos numerales 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no aplicaran al quejoso, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modificaran dichas normativas (foja 46); asimismo, para que el Recaudador de Rentas, de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, devolviera al peticionario de amparo única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $1,173.00 (un mil ciento setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) respecto de la cantidad total de $7,604.88 (siete mil seiscientos cuatro pesos 88/100 moneda nacional), que pagó el dos de julio de dos mil diecinueve(foja 47). En cumplimiento a ello, el Director Jurídico Contenciosos dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, mediante oficio recibido en este Juzgado el doce de agosto del año próximo pasado (foja 82), informó respecto del cumplimiento efectuado al fallo protector y para tal efecto anexó a ese oficio, copia de la póliza del cheque número 0001854, a la orden del quejoso RODRIGO LÓPEZ RIVERA, por la cantidad de $6,627.89 (seis mil seiscientos veintisiete pesos 89/100 moneda nacional), en la que se advierte la firma de recibido del quejoso; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados, por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de trece de agosto de dos mil veinte (foja 85), y el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHIVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, y carece de relevancia documental; por ende una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído, procédase a su depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que en el mismo no se tramitó. Por último, agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contenciosos dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se desprende que en sus artículos 1, 2, fracción I, y 20 se establece lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo del acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento del Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
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