Fortino García Jiménez
Expediente 1931/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1931/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2016
Partes del expediente
- Fortino García Jiménez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, y téngase al Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, comunicando el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por su titular en el juicio 2377/2016, en el que se acusa recibo del oficio por el que se le remitieron los autos originales del juicio de garantías 1931/2016; e informa que aceptó la competencia planteada. En tales condiciones, atento a lo ordenado en el Punto Vigésimo, fracción I), del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que este expediente no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de seis meses a partir del día de la fecha. Por último, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, remítase este cuaderno de antecedentes como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.
- Principal
Con la demanda de amparo presentada por Fortino García Jiménez, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1931/2016 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de garantías, se procede al análisis correspondiente. Así, la parte promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "(.) (.)" Por otro lado, del capítulo de antecedentes del acto reclamado de su demanda de amparo, se observa lo siguiente: "(.) (.)" De la transcripción anterior, se colige que la parte quejosa en esencia reclama la negativa de las autoridades responsables de otorgar la pensión por viudez que solicitó a través de los escritos de siete de abril y dieciocho de mayo, ambos del año en curso, lo que pone de manifiesto que se trata de una demanda de amparo en la que el acto reclamado es de naturaleza eminentemente laboral; por lo que el competente para conocer de la demanda de amparo es un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en esta ciudad. En tales condiciones, a efecto de establecer lo relativo a la competencia para conocer de dicho acto, cabe destacar que el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo conocerán: "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del artículo trascrito se desprende que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México para conocer de los juicios de garantías que se promuevan contra actos de naturaleza laboral, esto es, que se encuentran contenidos tanto en la legislación sustantiva como adjetiva de dicha materia, lo cual en ningún caso, puede conocer un órgano en materia distinta, como en el caso sucede con el Juez de Distrito en Materia Administrativa. Lo anterior obedece a que el espíritu del legislador fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Además, del artículo 48 de la Ley de Amparo, se advierte que el conocimiento de los juicios de amparo tramitados ante juzgados de Distrito deriva de la naturaleza intrínseca de los actos reclamados, que en la parte que interesa dice: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (.)" Así, el elemento al que debe atenderse para fijar la competencia entre juzgados de distrito especializados por materia es la naturaleza del acto la cual, regularmente, se puede determinar mediante su análisis cuidadoso, los hechos narrados, las pruebas aportadas, así como los preceptos legales en que se apoye la demanda. Corrobora lo anterior, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que limita la competencia de éste órgano jurisdiccional a lo siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo transcrito se advierte que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se avoque a su conocimiento, debido a que la naturaleza del acto deviene del ámbito del derecho laboral y trasciende en forma definitiva al estudio que, en dado caso, deba hacerse al dictarse la sentencia definitiva. Es aplicable la tesis correspondiente a la Séptima Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, página 9, que lleva por rubro: "ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO." Por tanto, es incuestionable que las características jurídicas de los actos reclamados son propias de la materia de trabajo, y por ende, surte competencia a los juzgados especializados en esa materia para el conocimiento del asunto, pues la conducta que de éstas reclama, implica una afectación que se genera en la esfera de derechos laborales. Consecuentemente, este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo; por tanto, remítase el original y sus anexos al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, por estimar que es a quien corresponde su conocimiento, solicitándole se sirva acusar recibo en el que informe si acepta la competencia planteada. No se ordena notificar personalmente este proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia 1496, Sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primero, página cincuenta y cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copias de la totalidad de los autos. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo vigente, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados a los que se indican en la demanda de cuenta. Por economía procesal se habilitan días y horas para la práctica de las diligencias que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del numeral 21 de la legislación invocada. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
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