Fortino de la Cruz Rojas

Expediente 43/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
43/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
05/06/2015

Partes del expediente

  • Fortino de la Cruz Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de quince días que concede la Ley a la parte quejosa a fin de que se inconformara respecto al proveído de trece de abril del año en curso... ha transcurrido... se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO... envíese al archivo...

  2. Principal

    NOTIFICO A LA TERCERA INTERESADA, CELIA VILLALBA REYES, el proveído de trece de abril del año en curso, mediante lista que se publica en los estrados del juzgaod, en razon de que transcurrió el plazo de dos días hábiles concedido en el aviso que se dejó el quince de abril en curso, en su domicilio, sin que hubiese acudido a este recinto a notificarse de su contenido, el cual, en su parte conducente dice: "Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa y terceros interesados en proveído de trece de febrero del corriente año (foja 120), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia definitiva dictada el veintisiete de octubre de dos mil catorce (fojas 48 a 65), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, dejara insubsistente el auto de plazo constitucional de veinticuatro de diciembre de dos mil trece, y procediera a reponer el procedimiento penal en su etapa de preinstrucción por lo que ve al quejoso Fortino de la Cruz Rojas, con la finalidad de que en ejercicio pleno del derecho constitucional del indicado peticionario relativo a su garantía de adecuada defensa, preparara la prueba ofrecida consistente en el informe solicitado al Director General de Telecomunicaciones de C-4, y dictara las medidas necesarias para que se desahogaran los puntos que refiere el quejoso, y hecho que fuera, resolviera conforme a derecho correspondiera el término constitucional respectivo, con plenitud de jurisdicción, en el entendido que, para el caso de que realmente existiera obstáculo para lograr el desahogo de los puntos solicitados (remisión de las grabaciones del día dieciséis de diciembre de dos mil trece de las cero horas a las diez de la mañana) resolviera con los elementos de prueba que engrosan el sumario. Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter negativo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que el Juez responsable, obre en el sentido de respetar el principio de congruencia, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. En ese contexto, previo a determinar el alcance de la ejecutoria dictada en este juicio de garantías es importante señalar que de las actuaciones judiciales que forman el presente asunto, en cumplimiento al fallo protector, el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por oficios sin número (fojas 81 y 113), informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual, remitió copia certificada de la resolución de cinco de diciembre de dos mil catorce, en el que refirió que en estricto acatamiento a lo solicitado por este Órgano Federal dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinticuatro de diciembre de dos mil trece, que se dictó en contra del aquí quejoso Fortino de la Cruz Rojas, por los delitos de homicidio y lesiones imprudenciales, el primero en agravio de Evaristo Gálvez García, el segundo en agravio de Celia Villalba Reyes y Ofelia Barbosa Navarrete (foja 83 a 98). Asimismo, la autoridad responsable adujó (foja 96 reverso), que en relación a las pruebas ofrecidas por el defensor particular del indiciado, mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil trece, como es el informe a cargo del Director General de Telecomunicaciones de C-4, por auto de dos de diciembre de dos mil catorce, ordenó recepcionar el citado informe para lo cual el Actuario Judicial de ese Juzgado se constituyó en las instalaciones que ocupa el Director General de Telecomunicaciones de C-4, a fin de notificar lo indicado, y por acta de tres de diciembre del año próximo pasado, el fedatario asentó que el Oficial Marcelino Bautista Flores, Encargado del Centro de Monitoreo de la mencionada institución, le indicó que la notificación se tendría que realizar directamente al Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero o al correo electrónico sspypcpalacio@hotmail.com, motivo por el cual se ordenó requerir al citado Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, a través del indicado medio electrónico, sin que hubiese respuesta positiva. Por ello estableció no haber sido posible su desahogo por causa no imputable a ese órgano jurisdiccional, de ahí que los alegatos presentado por el defensor particular en mismo escrito de veinte de diciembre de dos mil trece, resulten improcedentes por las consideraciones ya precisadas. En ese contexto, el Juez responsable procedió a analizar con los elementos de prueba que obraban en la causa penal 228/2013-II y determinó dictar nuevamente auto de formal prisión en contra del aquí quejoso Fortino de la Cruz Rojas, por los delitos de homicidio y lesiones imprudenciales el primero en agravio de Evaristo Gálvez García, el segundo en agravio de Celia Villalba Reyes y Ofelia Barbosa Navarrete. Asimismo, por oficio sin número, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, remitió copias certificadas de las gestiones realizadas en la causa penal 228/2013-II, de su índice, con la finalidad de obtener el desahogo de la prueba consistente en el informe solicitado al Director General de Telecomunicaciones de C-4 (fojas 113 a 119). Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, dejara insubsistente el auto de plazo constitucional de veinticuatro de diciembre de dos mil trece, y procediera a reponer el procedimiento penal en su etapa de preinstrucción por lo que ve al quejoso Fortino de la Cruz Rojas, con la finalidad de que en ejercicio pleno del derecho constitucional del indicado peticionario relativo a su garantía de adecuada defensa, preparara la prueba ofrecida consistente en el informe solicitado al Director General de Telecomunicaciones de C-4, y dictara las medidas necesarias para que se desahogaran los puntos que refiere el quejoso, y hecho que fuera, resolviera conforme a derecho correspondiera el término constitucional respectivo, con plenitud de jurisdicción, en el entendido que, para el caso de que realmente existiera obstáculo para lograr el desahogo de los puntos solicitados (remisión de las grabaciones del día dieciséis de diciembre de dos mil trece de las cero horas a las diez de la mañana) resolviera con los elementos de prueba que engrosan el sumario. En ese contexto, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que siguió los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a las partes".

  3. Incidental

    NOTIFICO A LA TERCERA INTERESADA, OFELIA BARBOSA NAVARRETE, el proveído de trece de abril del año en curso, mediante lista que se publica en los estrados del juzgaod, en razón de que transcurrió el plazo de dos días hábiles concedido en el aviso que se dejó en su domicilio el catorce de abril en curso, sin que hubiese acudido a este recinto a notificarse de su contenido...

  4. Principal

    NOTIFICO A LA TERCERA INTERESADA, CELIA VILLABA REYES, el proveído de trece de febrero del año actual...

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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