Fortino Cruz González

Expediente 46/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
46/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Fortino Cruz González

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del toca 24/2019; acúsese el recibo de estilo correspondiente y estése a lo resuelto por el tribunal revisor mediante la resolución de que se trata, en cuyos puntos resolutivos dice: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Fortino Cruz González, contra el proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, dictado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, residente en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito, en el expediente de amparo indirecto 46/2019-II-E, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo. NOTIFIQUESE." Remítase a la superioridad el acuse de que se trata vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. REMISIÓN EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL QUE CORRESPONDA. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULA DE EXPEDIENTE. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Téngase recibido el oficio de cuenta que remite la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, por el cual acusa recibo del diverso oficio 1848/2019 del índice de este Juzgado, por el que se remitió el informe correspondiente, original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de las actuaciones que obran en autos y que sirvieron de sustento para emitir el proveído que es objeto del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, correspondiéndole el número de expediente 24/2019; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase recibido el escrito presentado por ..., mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente en contra del proveído de once de febrero de dos mil diecinueve. Por tanto, no obstante que el promovente omitió señalar las constancias a enviar para resolver el recurso de que se trata, al versar éste sobre el auto que desechó la demanda de amparo, remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con fundamento en el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto reclamado, dado que el once de febrero de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por Fortino Cruz González, al encontrarse de su análisis motivos manifiestos de improcedencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Tramitación Común, en esta ciudad y otras autoridades,.. Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 46/2019-II-E. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que el quejoso reclama la abstención u omisión de la autoridad responsable de integrar la carpeta de investigación CDI/PGJE/ZH/CVA/01146/18. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Asimismo, en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece: "Artículo 258.- Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del numeral transcrito, se obtiene que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación del criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, pueden ser impugnadas ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución, caso en el cual se convocara a una audiencia para decidir en definitiva, con citación de la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que también puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto del citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la conducta omisiva supone la paralización de su función investigadora. Dicho criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En el caso, el acto que por esta vía se combate consiste en la abstención u omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Tramitación Común, en esta ciudad, de integrar la carpeta de investigación CDI/PGJE/ZH/CVA/01146/18, iniciada con la denuncia formulada por el aquí quejoso por el delito de despojo. En ese contexto, se advierte que contra el acto que por esta vía se reclama procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a través de éste el quejoso se encuentra en aptitud de impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial que señala como responsable derivadas de su facultad investigadora y lograr que con su tramitación, se efectúen las diligencias necesarias para emitir la resolución que corresponda en la carpeta de investigación en la que el quejoso funge como denunciante. En esa tesitura, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; motivo por el cual, procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a los profesionistas que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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