Fortino Arroyo Romero
Expediente 71/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fortino Arroyo Romero
- Fiscal Vigesimosegundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Xalapa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio y por cuanto hace al original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto, con posterioridad al VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Asimismo, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, toda vez que las autoridades responsables denominadas Magistrados Integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y Juez Ejecutor de Sentencias Penales Interino del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, remitieron en justificación de sus actos, copia certificada del incidente no especificado número E-10/2018, toca 627/2018 con dos discos compactos con números de folio C3352019 y C2282018, y copia certificada de la causa penal 402/2002, con un disco compacto con número de folio C16342018, respectivamente, constancias con las que se formaron tres tomos de pruebas por separado; al respecto, devuélvanse las referidas copias y discos compactos a las mencionadas autoridades responsables, toda vez que ya no es necesaria su conservación. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al quejoso, la determinación que dice: Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Ejecutor de Sentencias Penales Interino del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, las copias certificadas que allegó en justificación de sus actos, así como el disco con número de folio C16342018. Por otra parte, dado el volumen de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación, disco compacto y constancias que se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional en virtud de su volumen; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, desglósese la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias que se desglosaron, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Por otro lado, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que la autoridad responsable de mérito, remitió un disco compacto al cual le correspondió el número de folio C16342018; por tanto, dese vista a las partes por el término concedido para el informe justificado que se provee, para que si lo estiman necesario, consulten en este órgano jurisdiccional la información contenida en el formato digital antes señalado, y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Lo anterior con la finalidad de no dejarlos en estado de indefensión. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por el impetrante de amparo Fortino Arroyo Romero, se hizo consistir en: La resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca 627/2018-A, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través del cual se ordenó la reposición parcial del procedimiento dentro del incidente no especificado número E-107/2018, a partir del momento en el que juez de origen ordenó citar a la parte ofendida, en la que únicamente consideró como tal a Narciso Hernández Hernández, sin advertir que dentro del proceso penal 402/2002, emergía la presencia de una concubina y tres hijos del ahora finado Urbano Hernández Ortega, por lo que estableció que el inferior de grado hiciera comparecer a Damiana Hernández Hernández y sus tres hijos producto de la relación concubinal con el finado en comento, a efecto de que se logre determinar a quién de ellos o a quiénes les asiste la condición de la parte agraviada y, se les haga saber los derechos que como tal les corresponda, continuándose la secuela procedimental y en su momento el juez de origen determine lo que en derecho corresponda respecto al beneficio de libertad anticipada que solicitó el quejoso. Ahora, del acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, emitido en los autos del incidente no especificado E-10/2018, del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, se desprende que se proveyó lo siguiente: ".EN LA CONGREGACIÓN DE PACHO VIEJO, VERACRUZ, A QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. VISTO el oficio número 2342, y anexos que le acompañan, signado por el Licenciado Marco Antonio Lezama Moo, Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho y recibido el once de ese mismo mes y año. .se desprende que atendiendo a las copias autenticadas del fallo emitido el cuatro de octubre de la presente anualidad, dictado por esa Sala, dentro del toca penal 627/2018-A., a través del cual hace del conocimiento que una vez analizadas las constancia que en su momento fueron remitidas por este Tribunal, ese Tribunal determinó lo que a la letra reza, "PRIMERO.- Se ORDENA LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO dentro del Incidente No Especificado número E-10/2018. SEGUNDO.- Lo anterior para el efecto de DEJAR INSUBSISTENTE lo actuado en el incidente no especificado que nos ocupa A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EL JUEZ DE ORIGEN ORDENÓ CITAR A LA PARTE OFENDIDA, Y CONSIDERÓ COMO TAL A NARCISO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ SIN ADVERTIR QUE DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚMERO 402/2002 EMERGE LA PRESENCIA DE UNA CONCUBINA Y TRES HIJOS DEL AHORA FINADO URBANO HERNÁNDEZ ORTEGA.".- En consecuencia, PRIMERO.- En acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, REQUIERASE a la Ciudadana DAMIANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y SUS TRES HIJOS. QUINTO.- Notifíquese a todas las partes de este asunto, a través de cédula respectiva o notificación por comparecencia a este Juzgado o llamada por vía telefónica, atendiendo los numerales 51 párrafo II, 82 fracción I y 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Posteriormente, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se le notificó personalmente al quejoso Fortino Arroyo Romero, el proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho, emitido en los autos del incidente no especificado E-10/2018, en que se ordenó reponer el procedimiento con motivo de la resolución que reclama en esta vía. En ese tenor, a criterio del suscrito, se considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, como se explica a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Establecido lo anterior, es preciso indicar que, atendiendo a la naturaleza del auto reclamado, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días, pues no se ubica dentro de los supuestos anotados en párrafos que anteceden (norma autoaplicativa; extradición; sentencia definitiva condenatoria penal que imponga pena de prisión; privativos de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por sus consideraciones, la jurisprudencia P.7J.12/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En ese tenor, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, el quejoso Fortino Arroyo Romero, quedó debidamente notificado del acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, el diecisiete del mismo mes y año citado, por lo que resulta evidente que al menos desde esa data tenía conocimiento de la resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el toca 627/2018-A, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que se ordenó la reposición que reclama en esta vía; por ende, dicha fecha debe tomarse en cuenta para el cómputo de la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, si el promovente del amparo esperó hasta el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, para presentar la demanda de amparo indirecto, según se aprecia del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo fuera del plazo de quince días hábiles con que contaba para hacerlo. Así las cosas, el plazo de quince días hábiles con que contaba la parte quejosa para instaurar el juicio de amparo en contra de la resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca 627/2018-A, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, transcurrió del diecinueve de octubre al doce de noviembre de dos mil dieciocho; sin incluir en ese cómputo los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, uno, dos, tres, cuatro, diez y once de noviembre de esa misma anualidad, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior, es indudable que la presentación de la demanda de amparo se realizó de manera extemporánea, lo cual se tradujo, como se dijo, en el consentimiento tácito de la resolución impugnada, configurándose así el motivo de improcedencia contenido en la fracción XIV del artículo 61, en vinculación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". Apoya a la anterior determinación, por analogía, el criterio 1a.CCCLXXI/2015 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Finalmente, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala de Guardia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veintinueve de julio del año en curso, informa que la notificación de la resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitida en los autos del toca 627/2018-A, de su índice, llevada a cabo por instructivo de dieciséis del mismo mes y año citado, debe entenderse realizada a ambos (sentenciado y defensa); al respecto, téngase a la citada autoridad dando cumplimiento al requerimiento efectuado y agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en párrafos que anteceden se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Además, ningún beneficio obtendría el quejoso si la referida notificación practicada a través de su defensa, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se considerara para determinar la oportunidad del amparo, pues aún en tal caso resultaría notoriamente extemporánea la demanda presentada el veintiocho de enero de dos mil diecinueve.
- Principal
Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Sala de Guardia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en representación de los Magistrados Integrante de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, desglósese la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias que se desglosaron, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído, mismas que se dejan a la vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional en virtud de su volumen, aunado a que no son necesarias para sustentar el presente proveído, por lo que resulta innecesaria su digitalización. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por el impetrante de amparo Fortino Arroyo Romero, se hizo consistir en: 1. La resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca 627/2018-A, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través del cual se ordenó la reposición parcial del procedimiento dentro del incidente no especificado número E-107/2018, a partir del momento en el que juez de origen ordenó citar a la parte ofendida, en la que únicamente consideró como tal a Narciso Hernández Hernández, sin advertir que dentro del proceso penal 402/2002, emergía la presencia de una concubina y tres hijos del ahora finado Urbano Hernández Ortega, por lo que estableció que el inferior de grado hiciera comparecer a Damiana Hernández Hernández y sus tres hijos producto de la relación concubinal con el finado en comento, a efecto de que se logre determinar a quién de ellos o a quiénes les asiste la condición de la parte agraviada y, se les haga saber los derechos que como tal les corresponda, continuándose la secuela procedimental y en su momento el juez de origen determine lo que en derecho corresponda respecto al beneficio de libertad anticipada que solicitó el quejoso. Ahora, del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido en el proceso de origen por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de este Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, se desprende que se proveyó lo siguiente: ".corrase traslado de los agravios formulados por la fiscalía a las partes agraviadas, al sentenciado y sus defensoras públicas, así como al Asesor Jurídico para que contesten o se adhieran al recurso, en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación, respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz, o autorizar el medio para ser notificados por el Tribunal de Alzada." Posteriormente, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el sentenciado Fortino Arroyo Romero, quedó debidamente notificado de del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, designando como defensor en segunda instancia a las Defensora de Oficio Magbis Abigail Chávez Taracena y Leticia Cazarín Marcial. Ulteriormente, en proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho, se radicó el toca 627/2018, del índice del tribunal responsable, y en atención al requerimiento practicado al sentenciado Fortino Arroyo Romero, para que designara defensor en segunda instancia que lo representara, se proveyó que lo siguiente: ".En otro orden de ideas, la Licenciada Magbis Abigail Chávez Taracena defensora pública del imputado, mediante escritos de fechas veintinueve de junio y doce de julio ambos del dos mil dieciocho, contestó los agravios expuestos por el Fiscal, así como los agravios expuestos por el Asesor Jurídico, respectivamente. En otro aspecto, y como lo solicita el referido imputado téngasele en ésta instancia como Defensoras Públicas a las Licenciadas Magbis Abigail Chávez Taracena y Leticia Cazarín Marcial. (.) En ese orden de ideas, hágasele saber a las partes que en este asunto deberán comparecer a la audiencia señalada en líneas anteriores, en el entendido que la audiencia se celebrará aún sin la presencia del sentenciado, puesto que será representado por su Defensor Público en esta Alzada y que se encuentra señalado en líneas anteriores." Sin embargo, de las constancias que integran el toca 627/2018-A, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, únicamente se desprende un instructivo de notificación de dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, dirigido a: "A LOS C. LICS. MAGBIS ABIGAIL CHÁVEZ TARACENA Y/O LETICIA CAZARÍN MARCIAL, EN SU CARÁCTER DE DEFENSORAS DEL IMPUTADO FORTINO ARROYO ROMERO", del que se aprecia que en esa data se notificó la resolución reclamada. No obstante, resulta indispensable para esta potestad requerir a la autoridad responsable para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, aclare si dicha notificación se practicó a la defensa del sentenciado o únicamente al sentenciado, o en su caso a ambos, lo anterior, en virtud de que del tomo de apelación original únicamente se desprende dicha notificación dirigida a la parte sentenciada (sentenciado y defensa). Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo solicitado en el tiempo y forma concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237 fracción I y 259 ambos de la Ley de amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Incidental
[...] se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicita ******, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando tercero, atento a las consideraciones vertidas en el mismo.
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