Florycely Sánchez Conde
Expediente 679/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Florycely Sánchez Conde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 679/2018; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado residente en esta población, FLORYCELY SÁNCHEZ CONDE por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje de quien reclamó: ".a): La omisión de dictar medidas necesarias para que la ejecución del laudo de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, ello aun cuando el cumplimiento del laudo es oficioso por ser una cuestión de orden público, se abstiene de emitir las determinaciones o acuerdos necesarios para lograr el cumplimiento del referido laudo, omitiendo la pronta y expedita ejecución del laudo conforme a los dispuesto por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo. c) (sic). La denegación de justicia pronta, tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d).- La violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por cuestión de turno, dicha demanda fue remitida a este órgano jurisdiccional, radicándose el nueve de julio de dos mil dieciocho, con el número 679/2018, ordenándose admitir a trámite, solicitar su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza laboral y que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: La negativa de la Junta responsable de decretar las medidas necesarias para la ejecución del laudo dictado a su favor el doce de marzo de dos mil dieciocho en el juicio laboral 986/2011 y su acumulado 1331/2011(4). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Lo anterior, pues al rendir su informe justificado negó la existencia de tales actos, sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario, por tanto, al quedar desvirtuada su negativa implica sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo expuesto se cita la jurisprudencia número 284, visible en la página 236 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-2000, que refiere: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVAS DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuye y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." En efecto, acorde a las constancias remitidas por el citado Presidente ejecutor, deducidas del juicio laboral 986/2011 y su cumulado 1331/2011(4), a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, se advierte que la peticionaria del amparo no acreditó -al momento de la presentación de la demanda- la existencia concreta de la dilación de llevar a cabo la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Lo anterior, toda vez que la quejosa no demostró haber solicitado ante la junta responsable la realización de una actuación específica y concreta para que se dictara mandamiento de ejecución para hacer efectivo el laudo dictado a su favor. De ahí que no puede constreñirse al Presidente ejecutor de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo en los términos que prescribe el artículo 950, de la Ley Federal del Trabajo, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión, lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, pues si bien la legislación laboral dispone que los laudos deben quedar cumplidos dentro de las setenta y dos horas después de su emisión, también lo es que el ordinal 950 de esa legislación, dispone que transcurrido dicho término (setenta y dos horas), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo, si éste no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. Si bien el artículo 17 constitucional, otorga a los gobernados la garantía de que se les administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de un laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, que establece que prescriben en dos años las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las juntas de Conciliación y Arbitraje, y si bien es cierto que en términos del artículo 940 de la citada ley, los Presidentes de las juntas especiales tiene la obligación de dictar las medidas para que la ejecución sea pronta y expedita, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2771, Décima Época, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por tanto, al haber reclamado la quejosa, de forma genérica, la negativa del Presidente ejecutor de la junta responsable de emitir diligencias para practicar la ejecución ordenada en el expediente laboral del que deriva el acto reclamado, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo, porque la ejecución del mismo depende básicamente de la previa petición del ejecutante, lo cual, en la especie la quejosa no acreditó. En ese orden, al resultar inexistentes los actos reclamados, conlleva sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por FLORYCELY SÁNCHEZ CONDE, en términos del penúltimo considerando de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental que se acompaña al oficio de cuenta, misma que se tiene por desahogada en este acto en razón de su propia naturaleza. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y, advirtiéndose que la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no rindió su informe justificado respectivo a pesar de haber sido notificado de su petición; por tanto, y a fin de dictar una sentencia apegada a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, siguientes al de su legal notificación, remita a este Juzgado copia certificada de todas y cada una de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto reclamado; con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo legal establecido, o bien, no manifieste el impedimento legal que le asista para ello, se le impondrá multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, nuevamente se fijan las NUEVE HORAS DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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