Flory Pérez Villar

Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
51/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • Flory Pérez Villar

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... Notifíquese...".

  2. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo indirecto recibida vía electrónica, al parecer promovida por **********, contra actos del Delegado en Veracruz de la Procuraduría Federal del Consumidor, con residencia en Veracruz, Veracruz. Fórmese expediente. Regístrese con el número 51/2022-I en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, del indicado ocurso se advierte en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. Es necesario citar la literalidad de esos preceptos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De esos preceptos se advierte el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en los casos en que la ley lo permita. Es importante destacar que el artículo 15 del aludido cuerpo legal indica que cualquier persona podrá promover amparo en nombre del quejoso pero sólo si en el caso en concreto se trata de diversos actos específicos. Entre ellos, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover la demanda de amparo. Por su parte, como se dijo, el precepto 6° de la ley de la materia establece que la demanda de amparo sólo puede ser promovida por la persona a quien agravie o perjudique el acto reclamado, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona. Pero sólo en los casos en que la ley lo permita, plasmando su voluntad con la firma autógrafa que obre en ella. En el caso, el escrito de demanda no fue suscrito por la impetrante **********. No se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 de la ley reglamentaria para que otra persona la promueva en su nombre. En el contexto del escrito no se advierte esté privada de su libertad con motivo de algún acto de los referidos en el citado precepto (privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, etcétera). Además, los actos reclamados los atribuye a una autoridad administrativa. Por lo que, se trata de actos dentro de un procedimiento. Por lo tanto, se tiene por no formulada la demanda. Como se dijo con antelación, la firma electrónica de la directa agraviada (salvo las excepciones de ley) es un requisito indispensable para darle trámite. Sin firma equivale a un simple papel sin voluntad de la parte quejosa que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar actos procesales tendientes a darle curso legal. Tal ausencia no puede considerarse una deficiencia que pueda ser corregida a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo. Constituye la carencia total de la expresión de la voluntad de la ocursante de intentar esta vía. Así como el incumplimiento de uno de los principios rectores en el juicio de amparo. Por lo que, si se otorgara a la promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover con grave daño de la seguridad jurídica. Razón por la cual tampoco es procedente solicitar su ratificación. Tiene aplicación exacta la Jurisprudencia P./J. 8/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Ésta decisión se toma sin mayor análisis de presupuestos procesales ni requisitos de la demanda. Ante la falta de voluntad, el escrito en su totalidad carece de eficacia en su contenido. No obstante la ausencia del signo gráfico referido (firma), para mayor seguridad jurídica, notifíquese en el domicilio procesal señalado en el escrito de demanda. DOMICILIO. La promovente señala usuario electrónico (**********) para recibir notificaciones. Por tanto, para efectos del presente acuerdo, por única ocasión se tiene como su domicilio el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme al artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le realizarán electrónicamente en el "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", en la página http://www.servicioenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ bajo los términos que establece el artículo 61 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente y al personal encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes..."

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