Florilinda Romero Delgadillo

Expediente 1144/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1144/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Dr. Alejandro Hernandez Arjona Juez del Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judiical En el Estado de Morelos
  • Florilinda Romero Delgadillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual subsana la prevención formulada en autos. Téngase por recibido el escrito de cuenta, y en atención a su contenido, de la lectura efectuada se desprende que la parte quejosa se desiste de la presente demanda intentada en contra de Alejandro Hernández Arjona, Juez Noveno de Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y refiere que señala como única autoridad responsable a Antonio Pérez Ascencio, Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Asimismo, refiere que el acto que reclama consiste en el siguiente: De la transcripción anterior, se advierte que el acto señalado como reclamado consiste en el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictado por Antonio Pérez Ascencio, Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el incidente de liquidación conyugal relativo al expediente ********************, mediante el cual ordenó al perito partidor designado en dicho incidente, a fin de que se constituya en el domicilio de la quejosa para que realice su informe que servirá de base para, posteriormente decidirse sobre la partición de ese inmueble. Estudio sobre la procedencia de la demanda de amparo: Este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." Del primero de los preceptos mencionados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos consentidos tácitamente, entendidos estos como aquellos contra los que no se promueva juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, el segundo de los preceptos en estudio, prevé que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días. Esto se estima así, toda vez que el acto que se pretende impugnar en esta vía deriva de otro que ha sido consentido. En efecto, de la lectura efectuada al capítulo de hechos, en particular, el señalado con el número 7, se desprende que el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la junta para la división de cosa común o en su caso designar un perito partidor, por lo que al no existir propuestas de partición, se designó a ese experto. En esa guisa, el acto que ahora se pretende impugnar, es una consecuencia directa del diverso de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el cual no fue combatido en su momento. Esto es así, dado que aun cuando ciertamente es posible que en los distintos momentos de la etapa probatoria dentro de un procedimiento (ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración) se afecten derechos sustantivos, ello no implica, por sí mismo, que cada momento pueda impugnarse en forma autónoma, sino que se requiere que la afectación alegada no sea una consecuencia necesaria del momento anterior -de un acto consentido de manera expresa o tácita- y que se ataque por vicios propios. Por tanto, es válido sostener que la demanda de amparo que aquí se analiza, es improcedente, pues si desde el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa sabía de la designación del perito partidor y la función que realizaría dentro de ese incidente -admisión de la pericial-, no puede, en este momento, controvertir el diverso acuerdo de veintitrés de noviembre del año en curso, por el que se instruye a ese perito para que se constituya en el domicilio de la justiciable para allegarse de datos suficientes que le permitan rendir su informe ante la autoridad responsable -desahogo-, dado que esa es una consecuencia propia del nombramiento de ese experto. Apoya lo considerado el siguiente criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época, Tomo LXXXI, página 922, registro 323235, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Asimismo, sirve de sustento el criterio número XXVII.3o.29 L, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 2118, que a la letra dice: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI NO SE IMPUGNÓ SU ADMISIÓN Y NO SE COMBATIÓ POR VICIOS PROPIOS, EL AUTO QUE ORDENA SU DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. Aun cuando es posible que en los distintos momentos de la etapa probatoria (ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración) se afecten derechos sustantivos, ello no implica, por sí mismo, que cada momento pueda impugnarse en forma autónoma, sino que se requiere que la afectación alegada no sea una consecuencia necesaria del momento anterior y que se ataque por vicios propios. Ello, porque si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones la afectación a derechos sustantivos tiene su origen en la falta o indebida aplicación de la ley en relación con los requisitos de admisibilidad de la prueba pericial (momento de la admisión), también lo es que eso no excluye la posibilidad de que en momentos posteriores de la etapa probatoria (preparación, desahogo y valoración) pueda presentarse una afectación a derechos sustantivos. Así sucedería, por ejemplo, si la pericial se admitió respecto de ciertos temas y al ordenarse su preparación se modificara el alcance de esos temas, ya sea por incluir más o menos aspectos o, incluso, distintos a los admitidos. Similar caso se presentaría en el supuesto de que el especialista realizara los estudios de su ciencia respecto de temas o aspectos que no le fueron planteados. En tales supuestos, si se alega una violación a derechos sustantivos en la preparación de una prueba por vicios propios de esa preparación, en tanto no serían una consecuencia de la admisión, su origen no sería el acto de la admisión, por lo que el amparo sería procedente contra el auto que ordenara la preparación, aun cuando no se hubiera impugnado por los medios legales el proveído por el que se admitió esa prueba; en este caso, tal acto no sería derivado de otro consentido, pues, para ello deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos previamente". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 971, Tomo: XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." De igual forma es pertinente citar, por similitud jurídica e identidad de razones, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 839, tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Así, de lo expuesto es de concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo. Decisión: En consecuencia, al surtirse la causa de improcedencia de referencia, con apoyo en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por ********************. Finalmente debe decirse al promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este Juzgador, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2./J. 56/2014 (10.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Oposición de publicación de datos personales: Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Ahora bien, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene por hecha la oposición de la parte quejosa en relación a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que se tomen las providencias necesarias para que se supriman dichos datos en la versión pública de los autos y sentencia que se dicten en esta vía constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual subsana la prevención formulada en autos. Téngase por recibido el escrito de cuenta, y en atención a su contenido, de la lectura efectuada se desprende que la parte quejosa se desiste de la presente demanda intentada en contra de Alejandro Hernández Arjona, Juez Noveno de Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y refiere que señala como única autoridad responsable a Antonio Pérez Ascencio, Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Asimismo, refiere que el acto que reclama consiste en el siguiente: De la transcripción anterior, se advierte que el acto señalado como reclamado consiste en el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictado por Antonio Pérez Ascencio, Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el incidente de liquidación conyugal relativo al expediente ********************, mediante el cual ordenó al perito partidor designado en dicho incidente, a fin de que se constituya en el domicilio de la quejosa para que realice su informe que servirá de base para, posteriormente decidirse sobre la partición de ese inmueble. Estudio sobre la procedencia de la demanda de amparo: Este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." Del primero de los preceptos mencionados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos consentidos tácitamente, entendidos estos como aquellos contra los que no se promueva juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, el segundo de los preceptos en estudio, prevé que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días. Esto se estima así, toda vez que el acto que se pretende impugnar en esta vía deriva de otro que ha sido consentido. En efecto, de la lectura efectuada al capítulo de hechos, en particular, el señalado con el número 7, se desprende que el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la junta para la división de cosa común o en su caso designar un perito partidor, por lo que al no existir propuestas de partición, se designó a ese experto. En esa guisa, el acto que ahora se pretende impugnar, es una consecuencia directa del diverso de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el cual no fue combatido en su momento. Esto es así, dado que aun cuando ciertamente es posible que en los distintos momentos de la etapa probatoria dentro de un procedimiento (ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración) se afecten derechos sustantivos, ello no implica, por sí mismo, que cada momento pueda impugnarse en forma autónoma, sino que se requiere que la afectación alegada no sea una consecuencia necesaria del momento anterior -de un acto consentido de manera expresa o tácita- y que se ataque por vicios propios. Por tanto, es válido sostener que la demanda de amparo que aquí se analiza, es improcedente, pues si desde el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa sabía de la designación del perito partidor y la función que realizaría dentro de ese incidente -admisión de la pericial-, no puede, en este momento, controvertir el diverso acuerdo de veintitrés de noviembre del año en curso, por el que se instruye a ese perito para que se constituya en el domicilio de la justiciable para allegarse de datos suficientes que le permitan rendir su informe ante la autoridad responsable -desahogo-, dado que esa es una consecuencia propia del nombramiento de ese experto. Apoya lo considerado el siguiente criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época, Tomo LXXXI, página 922, registro 323235, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Asimismo, sirve de sustento el criterio número XXVII.3o.29 L, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 2118, que a la letra dice: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI NO SE IMPUGNÓ SU ADMISIÓN Y NO SE COMBATIÓ POR VICIOS PROPIOS, EL AUTO QUE ORDENA SU DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. Aun cuando es posible que en los distintos momentos de la etapa probatoria (ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración) se afecten derechos sustantivos, ello no implica, por sí mismo, que cada momento pueda impugnarse en forma autónoma, sino que se requiere que la afectación alegada no sea una consecuencia necesaria del momento anterior y que se ataque por vicios propios. Ello, porque si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones la afectación a derechos sustantivos tiene su origen en la falta o indebida aplicación de la ley en relación con los requisitos de admisibilidad de la prueba pericial (momento de la admisión), también lo es que eso no excluye la posibilidad de que en momentos posteriores de la etapa probatoria (preparación, desahogo y valoración) pueda presentarse una afectación a derechos sustantivos. Así sucedería, por ejemplo, si la pericial se admitió respecto de ciertos temas y al ordenarse su preparación se modificara el alcance de esos temas, ya sea por incluir más o menos aspectos o, incluso, distintos a los admitidos. Similar caso se presentaría en el supuesto de que el especialista realizara los estudios de su ciencia respecto de temas o aspectos que no le fueron planteados. En tales supuestos, si se alega una violación a derechos sustantivos en la preparación de una prueba por vicios propios de esa preparación, en tanto no serían una consecuencia de la admisión, su origen no sería el acto de la admisión, por lo que el amparo sería procedente contra el auto que ordenara la preparación, aun cuando no se hubiera impugnado por los medios legales el proveído por el que se admitió esa prueba; en este caso, tal acto no sería derivado de otro consentido, pues, para ello deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos previamente". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 971, Tomo: XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." De igual forma es pertinente citar, por similitud jurídica e identidad de razones, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 839, tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Así, de lo expuesto es de concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo. Decisión: En consecuencia, al surtirse la causa de improcedencia de referencia, con apoyo en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por ********************. Finalmente debe decirse al promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este Juzgador, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2a./J. 56/2014 (10a.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Oposición de publicación de datos personales: Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Ahora bien, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene por hecha la oposición de la parte quejosa en relación a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que se tomen las providencias necesarias para que se supriman dichos datos en la versión pública de los autos y sentencia que se dicten en esta vía constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a ocho de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Florilinda Romero Delgadillo, por propio derecho, contra actos del Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Prevención: Con fundamento en el artículo 114 fracción I de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Señale el acto en concreto que reclama de cada una de las autoridades señaladas como responsables, así como la fecha en que tuvo conocimiento, fue notificado o se hizo sabedor del acto o actos que señale. Lo anterior es así, dado que de la lectura efectuada a la demanda de amparo, se advierte que reclama de manera genérica la supuesta "invasión de competencia del Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en la materia agraria", sin que precise el auto o resolución en particular en el que se hubiere suscitado esa situación. En el entendido de que deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para cada una de las partes. Se apercibe al justiciable que de no cumplir con lo anterior dentro del lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados: En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizadas a las personas que refiere para tales efectos. Por otro lado, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 a los profesionistas que refiere, siempre y cuando tengan sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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