Floridalma Bravo León

Expediente 865/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
865/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Floridalma Bravo León
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a Carmen López Montesinos Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte, el cual se concedió para los siguientes efectos: Proveer las medidas necesarias en el juicio laboral 1040/2020 (4), con el objeto de dar cumplimiento de manera pronta y expedita al laudo emitido el veintidós de febrero de dos mil veintidós, además, hacer uso para tal objeto, de todos los medios de apremio y apercibimientos a la parte perdidosa. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al pertenecer a un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Presidenta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

  2. Principal

    SECCIÓN II. MESA VI B PRAL. 865/2023 Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando 4.1 del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la directa quejosa, *******, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese

  3. Principal

    SECCIÓN II MESA VI B PRAL. 865/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Toda vez que para hoy está programada la audiencia constitucional, y que en proveído de dieciocho de septiembre del actual, se instruyó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Aspecto que indefectiblemente evidencia que no media el plazo previsto en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por ese motivo, se difiere la citada audiencia, y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario [Novena Época, registro: 191995, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia(s): Común, página: 5]. Notifíquese.

  4. Principal

    SECCIÓN II. MESA VI B. PRAL. 865/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el ocurso de ***** apoderado legal de la parte tercera interesada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, personalidad que acredita con la copia certificada del Instrumento Notarial seis mil ciento ochenta y nueve, volumen ciento dieciocho, pasado ante la fe del Notario Público Número Noventa y Dos en el Estado de Oaxaca; atento a su contenido, con fundamento en el normativo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al presente juicio, en su carácter de tercero interesado. Devolución de copia certificada Asimismo, como lo solicita, en términos de los artículos 138 y 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2º, párrafo segundo, se ordena a la secretaria de este órgano jurisdiccional practique el cotejo de la copia certificada del Instrumento Notarial seis mil ciento ochenta y nueve, volumen ciento dieciocho, pasado ante la fe del Notario Público Número Noventa y Dos en el Estado de Oaxaca, con la copia simple que acompaña y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, segundo párrafo, devuélvase la aludida documental a la parte promovente; y téngasele por señalados a los autorizados que alude para que recojan dicha documental, misma que queda a su disposición, para que comparezca a este Juzgado, con identificación oficial que lo acredite fehacientemente para que reciba dicha documental; entrega que, en su caso, deberá verificarse previa copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Alegatos Con fundamento en el artículo 124, párrafo primero de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos de su parte, de los que se hará relación en la audiencia constitucional. Pruebas En otro orden, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de la materia se tienen como pruebas, las que refiere la parte tercera interesada en el escrito de cuenta, consistentes en la instrumental de actuaciones, y la presuncional en su doble aspecto, copia simple de la cedula profesional y credencial de elector, ambos a nombre de Rodolfo Martínez Raygoza, así como copia certificada del Instrumento Notarial seis mil ciento ochenta y nueve, volumen ciento dieciocho, pasado ante la fe del Notario Público Número Noventa y Dos en el Estado de Oaxaca. Mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, con la cual se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido. Domicilio para recibir notificaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica el tercero interesado en el escrito de apersonamiento. Autorizados Por otra parte, no ha lugar a tener por autorizadas para oír y recibir notificaciones ni para imponerse de autos a las personas que indica, toda vez que al tratarse de una autoridad tercero interesada, no está facultada para designar autorizados, pues, dicha figura fue creada para los quejosos, es decir, una persona física o moral privada, sin perjuicio de que si es su voluntad mediante oficio designe delegados, como lo permite a las autoridades, el artículo 9°, de la Ley de Amparo. La anterior determinación se adopta, en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 147/2019 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del dos de octubre de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 478, Décima Época, Registro digital: 2020942, de observancia obligatoria para que este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES CON CARÁCTER DE TERCERO INTERESADAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNARLOS Y, POR TANTO, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSOS DE REVISIÓN. La circunstancia de que la autoridad haya intervenido como contraparte del agraviado, derivado de la impugnación de algún acto u omisión, o de que tenga un interés contrario a éste en el juicio de amparo, no desvirtúa su naturaleza de autoridad, pues no queda desprovista de su carácter de ente público y, por ende, en ningún momento puede asimilarse a un particular o confundirse con éste. Así, la porción normativa que corresponde al último párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo alude a una regla que debe observarse cuando se trate de establecer cómo opera en el juicio de amparo la representación de la autoridad cuando tenga el carácter de tercero interesada, misma que remite al artículo 9o. de la ley citada, es decir, la representación o sustitución durante la instrucción del juicio de amparo para dicha parte se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o, en todo caso, por medio de oficio podrán acreditar delegados para que actúen conforme a sus propios intereses. Por tanto, la autoridad tercero interesada no está facultada para designar autorizados y, por tanto, éstos no están legitimados para interponer recursos de revisión, pues su representación en juicio se rige por el último párrafo del artículo 10 del ordenamiento mencionado." Notifíquese.

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