Florida Jiménez Bautista
Expediente 109/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Florida Jiménez Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
PRAL 109/2019 MESA 3-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil diecinueve. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de doce de abril de dos mil diecinueve, y engrosada el treinta de abril siguiente, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por *** (fojas 115 a 127), sin que se hubiere interpuesto. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, ..., se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Por otra parte, resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo establecido por el numeral 86 de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad responsable, a) Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; b) agente del Ministerio Público Federal adscrita y para los c) terceros interesados 1) ***, 2) ***, 3) *** y 4) ***, dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. ... 3. Devolución de documento. Por otra parte, como aparece de la certificación de cuenta, en este expediente obran las copias certificadas de las actas de nacimientos de los terceros interesados a) ***, b) *** y c) ***(fojas 87, 91 y 96). De igual manera, se encuentra glosada la copia certificada del instrumento notarial treinta y un mil seiscientos treinta y dos, volumen cuatrocientos veinticinco del protocolo del notario público quince, del Estado de Oaxaca (fojas 40 a 43), exhibida por el apoderado legal de la persona jurídica Tacuba Dry Clean, sociedad anónima de capital variable (tercera interesada). En consecuencia, requiérase a los terceros interesados antes mencionados para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acudan a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales antes referidas, previa copia certificada que se deje en autos; apercibidos que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, y en su oportunidad se procederá a su destrucción de manera conjunta con este expediente. 4. Devolución de tomos. Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable, Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, las diversas constancias relativas al expediente laboral *** que adjuntó al informe justificado, y que obra como tomo anexo I relativo a este juicio (foja 104). 5. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Se ordena archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6.1 Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 6.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 6.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a los terceros interesados referidos en el punto tres de este auto.
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NOTIFICACION A LOS TERCEROS INTERESADOS GABRIEL RAMIREZ LOPEZ, ELOISA RAMIREZ LOPEZ Y ROLANDO RAMIREZ LOPEZ. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil diecinueve. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de doce de abril de dos mil diecinueve, y engrosada el treinta de abril siguiente, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Florida Jiménez Bautista (fojas 115 a 127), sin que se hubiere interpuesto. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Por otra parte, resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo establecido por el numeral 86 de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad responsable, a) Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; b) agente del Ministerio Público Federal adscrita y para los c) terceros interesados 1) Tacuba Dry Clean, sociedad anónima de capital variable, 2) Gabriel Ramírez López, 3) Eloísa Ramírez López y 4) Rolando Ramírez López, dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Devolución de documento. Por otra parte, como aparece de la certificación de cuenta, en este expediente obran las copias certificadas de las actas de nacimientos de los terceros interesados a) Gabriel Ramírez López, b) Eloísa Ramírez López y c) Rolando Ramírez López (fojas 87, 91 y 96). De igual manera, se encuentra glosada la copia certificada del instrumento notarial treinta y un mil seiscientos treinta y dos, volumen cuatrocientos veinticinco del protocolo del notario público quince, del Estado de Oaxaca (fojas 40 a 43), exhibida por el apoderado legal de la persona jurídica Tacuba Dry Clean, sociedad anónima de capital variable (tercera interesada). En consecuencia, requiérase a los terceros interesados antes mencionados para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acudan a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales antes referidas, previa copia certificada que se deje en autos; apercibidos que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, y en su oportunidad se procederá a su destrucción de manera conjunta con este expediente. 4. Devolución de tomos. Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable, Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, las diversas constancias relativas al expediente laboral 92/2014 que adjuntó al informe justificado, y que obra como tomo anexo I relativo a este juicio (foja 104). 5. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Se ordena archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6.1 Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 6.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 6.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a los terceros interesados referidos en el punto tres de este auto. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS LEONARDO RAMIREZ CELIS, ELOISA LOPEZ SANTIAGO Y MINERVA RAMIREZ LOPEZ. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 109/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este juzgado por razón de turno, en la misma fecha (fojas 4 a 8), Florida Jiménez Bautista, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Tramite del juicio. En proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 9 a 12) se registró la demanda de amparo con el expediente 109/2019; y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 17 a 21), se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados 1) Tacuba Dry Clean, sociedad anónima de capital variable, 2) Gabriel Ramírez López, 3) Eloísa Ramírez López y 4) Rolando Ramírez López (quienes se apersonaron en auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, fojas 36 a 39, 83 a 85, 88 a 90 y 93 a 95) y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. En proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 105 a 106) se ordenó emplazar a 1) Leonardo Ramírez Celis, 2) Eloísa López Santiago y 3) Minerva Ramírez López como terceros interesados, quienes quedaron emplazados el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 107 a 108). Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y este asunto es de naturaleza laboral. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca (fojas 5 a 6 y 16): ? La interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral 92/2014, en la cual declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir el informe justificado, el presidente de la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca (foja 104), aceptó la existencia del acto reclamado; lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia para demostrar la existencia del acto reclamado, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Existencia que se corrobora con las constancias relativas al juicio laboral 92/2014; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Improcedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación. En efecto, los artículos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en razón de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el procedimiento no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora, la parte quejosa reclama la interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral 92/2014, en la cual se declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones, por lo que a partir del auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, así como las demás actuaciones posteriores a dicho acuerdo, se declararon nulas; por ese motivo, la responsable ordenó nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalándose así a las diez horas del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (foja 58 del tomo de prueba), como se advierte de las imágenes siguientes: (.) (.)". (Imágenes escaneadas con supresión de datos sensibles) De las imágenes anteriores se advierte que en la resolución reclamada de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, con motivo de la duplicidad de la hora señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fijada y celebrada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 4 del tomo de prueba), se declaró la nulidad de las actuaciones a partir del auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, así como las demás actuaciones posteriores a ese auto (foja 1 ídem), dentro de las que se encuentra la citada audiencia (dieciocho de mayo de dos mil dieciocho). En esa resolución la responsable señaló nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijando así las diez horas del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (fojas 56 a 58 del tomo de pruebas). Actuación que no causa a la promovente del amparo un perjuicio de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales en los que México sea parte, toda vez que únicamente tiene efectos intraprocesales. Es así, dado que si bien la resolución reclamada trajo como consecuencia la nulidad de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 4 del tomo de prueba), en la cual se tuvo a los ahora terceros interesados como contestando en sentido afirmativo el escrito inicial de demanda; también lo que es que la actuación reclamada puede o no trascender al resultado del fallo definitivo y, en su caso, de constituir una violación procesal, puede impugnarse a través del juicio de amparo que se haga valer contra la determinación definitiva que se dicte en el juicio de origen, si la eventual afectación adjetiva trasciende en el resultado del fallo. Sirve de apoyo por las razones que las sostienen la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XCVIII, página 1889, registro 370158, del texto siguiente: NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO. Contra una resolución en que una Junta declara la nulidad de lo actuado en el juicio arbitral y manda reponer el procedimiento para que se inicie nuevamente la audiencia de demanda y excepciones, no debe interponerse el juicio de amparo ante un Juez de Distrito, y cuando así se hace debe sobreseerse pues tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento de las comprendidas en la fracción III del artículo 158, y en la fracción V del 159, ambos de la Ley de Amparo, estas sólo pueden alegarse cuando se promueve el juicio de amparo directo ante la Corte, contra el laudo que resuelve el juicio arbitral, si le fuera adverso a la parte quejosa. Asimismo, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XCVIII, página 1981, registro 370162, del texto siguiente: NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA A DECLARARLA. El artículo 158, fracción III, (relacionada con lo previsto en la fracción I), de la Ley de Amparo, establece que en los juicios seguidos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las violaciones procesales sólo pueden ser reclamadas en el amparo directo que se enderece contra el laudo definitivo, por violaciones a las leyes del procedimiento o cometidas durante el curso del juicio arbitral, cuando se hayan afectado las partes sustanciales de él y de manera que su infracción, precisamente, haya dejado sin defensa al quejoso; y no pertenece a otra categoría el acuerdo que desecha un incidente de nulidad, como resulta de conjugar las fracciones V y XI del artículo 159 de la propia ley. La primera de dichas fracciones no distingue, por cierto, entre la nulidad absoluta y la relativa. Por tanto, este amparo es prematuro porque el acuerdo que desechó la demanda de nulidad de actuaciones en el procedimiento laboral, no puede reputarse definitivo, ni causa gravamen de imposible reparación, mientras no se pronuncie el laudo que ponga fin al conflicto de trabajo, por lo que debe confirmarse el auto del Juez de Distrito, que desechó de plano la demanda de garantías. La conclusión que precede se sustenta en que la resolución reclamada, dictada por la junta responsable, no afecta algún derecho sustantivo, ni impide de forma actual el ejercicio de un derecho. Aunado a que en la etapa en que se ordenó la nulidad de las actuaciones, esto es, de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, no puede establecerse de qué manera va a repercutir en el resultado del laudo que se llegue a dictar; además, tampoco que se trata de una lesión a algún derecho fundamental de la parte quejosa, como lo es la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, registro 2006589, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así como, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J.24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 56, agosto de 1992, página 11, registro 205651, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, cabe indicar que de las constancias que integran el juicio laboral se advierte que el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (foja 61 del tomo), fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la cual no asistió la parte quejosa, por lo que la responsable tuvo por reproducido el escrito de demanda laboral de veintiuno de enero de dos mil catorce, presentado por la ahora quejosa, en el que demandó a Leonardo Ramírez Celis, Eloisa López Santiago y Minerva Ramírez López; empero, no se advierte que la audiencia citada, celebrada con motivo de la resolución reclamada, ocasione a la ahora quejosa un acto de imposible reparación. QUINTO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. SEXTO. Ley de transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Florida Jiménez Bautista, por el acto y autoridad precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, treinta de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
- Principal
PRAL.109/2019-3B*... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Florida Jiménez Bautista, por el acto y autoridad precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. ...
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