Floricelda Luvia García Avadia

Expediente 218/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
218/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Director de Catastro del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad
  • Floricelda Luvia García Avadia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto; el escrito firmado por la quejosa Floricelda Luvia García Avadia, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo y autoriza personas para recibirlos. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. Dígase a que en auto de veintitrés de junio de este año, Apartado E, así como en proveído de dieciocho de julio pasado, se pronunció respecto a su petición dejando a su disposición los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo y se tuvo por autorizados para recogerlos a las personas que indica. Por otra parte, este juzgado reitera en comunicarle que de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, prorrogado por el diverso Acuerdo General 20/2021, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace de su conocimiento que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Brissa Marbel Martínez Díaz, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto; el escrito firmado por la quejosa +++, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo y autoriza para recibirlo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. Dígase a la promovente que en auto de veintitrés de junio de este año, Apartado E, se pronunció respecto a su petición dejando a su disposición los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo. Por otra parte, este juzgado reitera en comunicarle que de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, prorrogado por el diverso Acuerdo General 20/2021, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace de su conocimiento que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. Como lo solicita la promovente, se autoriza a las personas que menciona para que reciban los documentos que obren en autos. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en el expediente del recurso de revisión 628/2021 de su índice, y devuelve el original del juicio de amparo en que se actúa 218/2021. De los puntos resolutivos de la ejecutoria en mención, se desprende lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa Floricelda Luvia García Avadia, respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el resultando primero; por los razonamientos expuestos en el último considerando de la presente ejecutoria." Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta y glósense a los autos. Asimismo, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento; en relación con el cuaderno de antecedentes que se formó, agréguense únicamente los originales que obran en el mismo y respecto de las restantes, se ordena su destrucción. Acúsese recibo correspondiente. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 18, antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a su depuración, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en ese mismo artículo. Realizado lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa exhibió con su escrito inicial de demanda escrituras quinientos setenta y uno, volumen ocho, y quinientos setenta y dos, volumen nueve, pasadas ante la fe del licenciado Carlos Alberto Parada Pinto, titular de la Notaría Pública número setenta y seis del Estado de Chiapas, infórmesele que QUEDAN A SU DISPOSICIÓN y que deberá recogerlos dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa. En ese sentido, hágase saber que, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, prorrogado por el diverso Acuerdo General 20/2021, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace de su conocimiento que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Fernando Gutiérrez Salinas , Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Sentencia Constitucional Vistos; para resolver, los autos del presente juicio de amparo número 218/2021-II; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y turnado el veintiséis siguiente a la Oficialía de Partes de este juzgado, Floricelda Luvia García Avadia, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y la autoridad que en seguida se precisan: Segundo. Autoridades responsables. Dirección de Catastro del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Tercero. Acto reclamado. "La habilitación y actualización de las claves catastrales y las consecuencias que emanen de ésta." Cuarto. Tercero interesado. No existe. Quinto. Admisión y trámite. En auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda propuesta, se registró bajo el número 218/2021-II, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En auto de treinta de abril del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado y anexos rendido por la responsable, con el que se dio vista a la parte quejosa a efecto de que estuviera en aptitud de ampliar su demanda en relación con la complementación de fundamentación y motivación realizada por la responsable; y en el diverso de veintisiete de mayo del año citado, se tuvo por ampliada la misma; por lo que, previos diferimientos, se desahogó la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; con relación al 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que los actos reclamados, se atribuyen a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual se analiza en su integridad, la demanda de amparo. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial que en su rubro y texto señalan: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis cuyo rubro y epígrafe señalan: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación, se aprecia que la parte quejosa reclama: Del Director de Catastro del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. La inhabilitación de las claves catastrales números 16-402-011, 16-402-012 y 16-402-014. Tercero. Certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Director de Catastro en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por así advertirse de su respectivo informe justificado, en el que no obstante niega el acto como fue planteado por la peticionaria, realiza manifestaciones en torno al mismo, que dan certeza de su existencia y anexa las documentales que corroboran su aserto; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se tratan de actuaciones emitidas por la autoridad responsable en el ejercicio de su encargo. Cuarto.- Causales de improcedencia. Al no advertirse de oficio causas de improcedencia, ni que las partes hayan alegado la actualización de alguna, se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, al resultar aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, número de registro 164618, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, página 830; de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Quinto. Estudio y resolución del asunto. Por los motivos que enseguida se expondrán, resultan infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa Floricelda Luvia García Avadia en su demanda y ampliación. En el entendido que el estudio de los motivos de inconformidad se hará conforme con el principio de estricto derecho, por no estar beneficiado la parte quejosa con la suplencia de la queja, al no encuadrar en alguna de las hipótesis reguladas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que autorizan a ocurrir a esa institución jurídica. Sin que la anterior afirmación obligue a realizar un análisis exhaustivo de los casos de procedencia de la suplencia de la queja deficiente que hipotéticamente pueden ocurrir en un juicio de esta índole; explicando por el método de eliminación, los motivos por los que no se actualice ninguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 79 de la ley de la materia, habida cuenta de que no existe ningún dispositivo legal que así lo ordene. En principio, debe precisarse que la amparista se duele en lo substancial, de la falta de fundamentación y motivación, en que dice incurre la responsable, en los oficios SGG/SSyGP/DCE/DVS/OSC/000428; SGG/SSyGP/DCE/DVS/OSC/000429 y SGG/SSyGP/DCE/DVS/OSC/000475, de ocho y doce de marzo del año en curso, con los que da contestación a la petición del licenciado Alejandro Para Seer, titular de la Notaría Pública número setenta y nueve del Estado, respecto de la habilitación y actualización de las claves catastrales 16-402-011, 16-402-012 y 16-402-014, asignadas a los lotes 5, 7 y 8 ubicados en avenida Perea, M-13 S/N, de la colonia Nuevo Edén, de esta ciudad; debido a que aparece como propietario de las mismas, el Ayuntamiento y lo correcto es que aparezcan a nombre de la quejosa. Argumenta, que se viola en su perjuicio el contenido del artículo 1º de la Constitución Federal, porque al carecer de fundamentación y motivación la determinación de la responsable de negarse a realizar la habilitación y actualización de las claves catastrales mencionadas, cuya propiedad demostró con las escrituras quinientos setenta y uno, volumen ocho, y quinientos setenta y dos, volumen nueve, pasadas ante la fe del licenciado Carlos Alberto Parada Pinto, titular de la Notaría Pública número setenta y seis del Estado, que al efecto exhibió, las que se encuentran vigentes -como lo reconoce la misma autoridad-, violenta sus derechos humanos dado que limita su derecho de propiedad en torno a los predios citados y de enajenación de los mismos. A lo que le es aplicable, dice, la tesis de rubro: DERECHO DE PETICIÓN. LA FALTA DE RESPUESTA EN EL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES O INCLUSIVE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS O SU REVISIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA INDIVIDUAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). Asimismo, señaló que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, en virtud que cualquier acto de molestia en las propiedades, posesiones o derechos, deben ser dictados por escrito, por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y, en el caso, el acto que reclama carece de la debida fundamentación y motivación, por lo que se le priva de sus derechos en torno a su patrimonio, como el derecho de enajenar su propiedad. Como ya se anunció, son infundados los conceptos de violación de la parte quejosa, mismos que se analizarán y contestarán de manera conjunta por estar estrechamente vinculados, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se expresan. No asiste razón legal a la promovente, toda vez que del análisis integral de los oficios motivo de su inconformidad, se advierte que la autoridad responsable sí fundó y motivó la negativa de habilitar y actualizar las claves catastrales solicitadas. Para apoyar lo anterior, en principio, es pertinente destacar que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página ciento cuarenta y tres, volumen 97-102, tercera parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 238212, de contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora, en el caso, de los oficios que se analizan conjuntamente con las demás constancias que anexó la autoridad, consistentes en las fichas catastrales, oficio de solicitud de informe de estatus dirigida al Director de la Tenencia de la Tierra, del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez y el informe rendido por este último, se advierte que la autoridad responsable Director de Catastro del Estado de Chiapas, con la atribución que le confiere la Ley de Catastro para el Estado de Chiapas, inhabilitó las claves catastrales 16-402-011, 16-402-012 y 16-402-014, asignadas a los lotes 5, 7 y 8 ubicados en avenida Perea, M-13 S/N, de la colonia Nuevo Edén, de esta ciudad, porque el predio del que derivan, se encuentra inmerso en una colonia que presenta controversias legales relacionadas con la tenencia de la tierra del predio donde se conformó la citada colonia, y que son imputados a sus fundadores Antonio Morales Agustín e Isauro Córdova Sánchez, quienes formaron parte en el Consejo de la Asociación Civil Nuevo Edén, por lo cual esas claves se encuentran inhabilitadas y suspendido el otorgamiento de servicios, así como la modificación de sus registros; hasta en tanto la autoridad competente resuelva lo conducente y el interesado realice lo que a su derecho corresponda ante las autoridades indicadas. Asimismo, la autoridad responsable citó como sustento jurídico de su decisión los artículos 7, fracción IV, 11, fracciones I y III, y 17 de la Ley de Catastro para el Estado de Chiapas, que disponen lo siguiente: "Artículo 7.- Son autoridades catastrales: (.) IV. El Director de Catastro del Estado. Artículo 11.- Son atribuciones del Director de Catastro del Estado: (.) I. Coordinar el registro, actualización del inventario y los datos, sobre la propiedad inmobiliaria, tanto urbana como rural, para fines fiscales, estadísticos, socioeconómicos, jurídicos e históricos del Estado. (...) III. Promover la actualización permanente de la nomenclatura urbana, en coordinación con los ayuntamientos del Estado, con el fin de obtener mayor control y eficiencia en la recaudación fiscal en beneficio del erario Estatal. Artículo 17.- El deslinde catastral tiene por objeto ratificar, rectificar o aclarar los linderos entre predios colindantes y sus áreas correspondientes, mediante el siguiente procedimiento. I. La Dirección practicará el deslinde catastral, en atención a la solicitud de parte interesada, previo pago de los derechos que determine la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. II. En caso de controversia de sobreposición o superposición de planos, que se suscite entre predios colindantes circundantes, con evidencia escrita, sobre un bien inmueble, la Dirección, Sección u Oficina de Catastro foránea, podrá inhabilitar el registro o, expedición de la clave catastral de los predios involucrados, suspendiendo el otorgamiento de los servicios solicitados, sin provocar modificación alguna en sus registros catastrales, hasta en tanto no se establezca un acuerdo de voluntades conforme a las disposiciones legales correspondientes y ante autoridad competente. De igual forma, en un diverso informe precisó que por oficio SGA/DTT/AF/00461/2020 de veintitrés de octubre de dos mil veinte, signado por el Director de la Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento de Tuxtla, se informó a esa Dirección que con fecha cuatro de octubre de dos mil cuatro, el Juzgado Quinto Civil mediante oficio 587-B/2004 notificó al Presidente Municipal de Tuxtla, que Antonio Morales Agustín promovió juicio ordinario civil en contra de Isauro Córdova Sánchez, radicado bajo el expediente 586/2004, con la finalidad de informar a la Dirección de Tenencia de la Tierra, se previniera a las personas que se les había otorgado escritura pública de la colonia Nuevo Edén, se abstuvieran de construir hasta que se dictara sentencia definitiva ya que el predio se encontraba en controversia judicial. Que derivado de esa situación y por los problemas que presenta el citado inmueble en controversia legal, fue que esa dirección a su cargo tomó la medida preventiva de inhabilitar las claves catastrales de esa colonia, hasta en tanto se resolviera esa problemática, para seguridad de los propietarios, suspendiendo los servicios catastrales para que las claves quedaran como estaban, sin que realizaran modificaciones en sus registros. E insistió en los demás informes que le fueron requeridos por este juzgado, que las claves existen, solo que por la inhabilitación se encuentran suspendidas de otorgamiento de servicios catastrales, siendo esa una atribución de esa Dirección de Catastro, en términos de los artículos 1 último párrafo, 12 y 17 último párrafo de la Ley de Catastro para el Estado de Chiapas. Dichos numerales son del tenor siguiente: "(Reforma publicada en el P.O. No 141 de fecha 09 de diciembre de 2020) Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés general, de observancia obligatoria en el territorio del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y tienen por objeto: (.) La interpretación y aplicación de la presente Ley y su Reglamento corresponden a las autoridades catastrales del Estado, a falta de disposición expresa en cuanto a la aplicación e interpretación de la misma, se aplicarán supletoriamente el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, y en su caso, las disposiciones que correspondan al derecho común. A (Reforma Publicada en el P.O. No 208 de fecha 31 de Diciembre de 2009) Artículo 12.- La Dirección, es el órgano administrativo de la Secretaría, encargado del cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y disposiciones relativas y tendrá bajo su dirección y control, la ejecución general de actividades catastrales en el Estado, regulando el funcionamiento técnico y administrativo. (Reforma publicada en el P.O. No 141 de fecha 09 de diciembre de 2020) Artículo 17.- El deslinde catastral tiene por objeto ratificar, rectificar o aclarar los linderos entre predios colindantes y sus áreas correspondientes, mediante el siguiente procedimiento. I. La Dirección practicará el deslinde catastral, en atención a la solicitud de parte interesada, previo pago de los derechos que determine la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. II. En caso de controversia de sobreposición o superposición de planos, que se suscite entre predios colindantes circundantes, con evidencia escrita, sobre un bien inmueble, la Dirección, Sección u Oficina de Catastro foránea, podrá inhabilitar el registro o, expedición de la clave catastral de los predios involucrados, suspendiendo el otorgamiento de los servicios solicitados, sin provocar modificación alguna en sus registros catastrales, hasta en tanto no se establezca un acuerdo de voluntades conforme a las disposiciones legales correspondientes y ante autoridad competente". Con lo hasta aquí expuesto es dable advertir que, contrario a lo que aduce la quejosa, la autoridad responsable sí motivó su determinación, ya que expuso, con precisión, las razones particulares que tuvo en consideración para la emisión del acto reclamado, pues indicó que no podía atender la solicitud de la promovente, por conducto del licenciado Alejandro Parada Seer, titular de la Notaría Pública número sesenta y nueve del Estado, porque los predios relativos se encontraban inmersos en una colonia que presenta controversias legales relacionadas con la tenencia de la tierra, del predio donde se conformó la citada colonia, por lo que las claves catastrales estaban inhabilitadas con suspensión en el otorgamiento de servicios y sin modificación en sus registros. Además, la autoridad responsable sí fundamentó esa decisión, debido a que citó los artículos 1º, 2º, 7º, 11, 12, 13, 15 y 17 de la Ley de Catastro para el Estado de Chapas, y 12 de su reglamento, los cuales sustentan su actuación, destacándose que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, pues -como se vio- los artículos aludidos en efecto ponen de manifiesto que esa Dependencia es la encargada de llevar la administración del inventario de los bienes inmuebles que conforman el territorio del Estado de Chiapas, y la información con la que cuenta se actualiza con la manifestación de los propietarios y poseedores de esos inmuebles, conforme con lo establecido en los diversos 62, 63 y 72 de la Ley de la materia; y precisamente, el artículo 17 transcrito en líneas precedentes, es el que faculta a esa Dirección, para inhabilitar claves catastrales y suspender el otorgamiento de los servicios solicitados, sin provocar modificación alguna en sus registros catastrales cuando exista controversia de sobreposición o superposición de planos, que se suscite entre predios colindantes circundantes, hasta en tanto, no se establezca un acuerdo de voluntades conforme a las disposiciones legales correspondientes y ante autoridad competente. Ante ese panorama, es inconcuso que, en contraposición a lo afirmado por la quejosa, la autoridad responsable sí fundó y motivó los oficios de que se duele, donde negó la habilitación de las claves catastrales 16-402-011, 16-402-012 y 16-402-014, asignadas a los lotes 5, 7 y 8 ubicados en avenida Perea, M-13 S/N, de la colonia Nuevo Edén, de esta ciudad; es decir, cumplió con la exigencia prevista en el artículo 16 constitucional, porque la garantía de legalidad constriñe a las autoridades a ajustar su actuación a los preceptos legales que las facultan para ello; lo que de suyo se traduce en que, adoleciendo el acto de autoridad de cualquiera de ellas, entonces dicho acto es transgresor de ese principio y; por ende, de la Ley Fundamental. Ello es así, porque el contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el citado artículo constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; por tanto, dicha garantía exige a las autoridades no simplemente que citen las normas legales aplicables en que apoyan sus determinaciones, sino que también las motiven; es decir, expongan las razones del porqué resultan aplicables. Cobra aplicación, por las razones que informa, la jurisprudencia I.4o.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 1531, registro digital 175082, cuyo rubro y texto señalan: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". De modo que, la quejosa tuvo la oportunidad de conocer y saber el porqué de la decisión adoptada por la autoridad responsable, sin que las consideraciones en que sustentó su determinación hayan sido combatidas por la quejosa, pues únicamente se limitó a señalar que ella es la propietaria de los predios en cuestión, que presentó toda la documentación establecida en la normatividad correspondiente, que la autoridad catastral estaba obligada a habilitar y actualizar las claves catastrales solicitadas que aparecían a favor del H. Ayuntamiento de Tuxtla; y que al no hacerlo, violaba sus derechos humanos porque sin razón alguna se negaba a realizar esos movimientos. No obstante, tales argumentos resultan insuficientes para estimar controvertido el razonamiento en que se sustentó la negativa reclamada, ya que de su contenido no se advierte que la quejosa haya explicado las razones por las que, en su caso, considera que no existe la controversia legal entre los predios de los que derivan los lotes que alega son de su propiedad y pretende enajenar; o la sobreposición que aduce la autoridad responsable, o bien, porqué ello no constituye una imposibilidad para llevar a cabo la habilitación y actualización de las claves catastrales aludidas. Y tampoco resulta aplicable la tesis que invoca, pues en la misma se analiza el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional y en el caso, no se está ante una omisión de la responsable en dar respuesta a su petición. Además, cabe destacar que, contrario a lo pretendido por la promovente, el juicio de amparo no constituye la vía idónea para dilucidar cuestiones de propiedad, posesión, preferencia, habilitación o actualización en relación con las claves catastrales, pues se trata de un medio extraordinario de defensa procedente contra actos de autoridad que vulneran derechos fundamentales; por tanto, esa determinación, corresponde a la potestad común, máxime si respecto de los predios que alude existe controversia judicial, en cuanto a la propiedad y posesión, porque se encuentran inmersos en predios que estuvieron en proceso de regularización de la tierra y presentan inconsistencias y existe ya la prevención de autoridad competente para los que se dicen propietarios por regularización de la tenencia de la tierra, de no construir en tanto se dilucide la cuestión. En la parte conducente, ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, tomo XV, febrero de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187733, que señala: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En ese sentido, es claro que, los argumentos de la quejosa no tienden a controvertir las razones por las cuales se negó la petición respectiva. En tales condiciones, ante la ineficacia de los motivos de inconformidad, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Director de Catastro del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Sexto. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Floricelda Luvia García Avadía respecto del acto reclamado y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo, por las consideraciones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Iván Yovanny Oviedo García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy ocho de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado.

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