Floriberto Josue Cardenas Ramirez

Expediente 814/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
814/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • Floriberto Josue Cardenas Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja, en contra del proveído que desechó la demanda de garantías promovida por ..., por propio derecho, o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto indirectamente ante la superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. En ese sentido y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-814/2020-1. Del escrito inicial de demanda se desprende que el quejoso reclama de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, en el que se negó al quejoso la suspensión de la ejecución de la sentencia interlocutoria de treinta y uno de agosto del presente año, dictada en el incidente de ejecución de resolución y liquidación de pensión alimenticia, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número -. Acto respecto del cual, el suscrito considera que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo. El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En efecto, los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (Lo resaltado es por este Juzgado) De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que el juicio de control constitucional resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución que se emita en un procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Luego, como quedó precisado, del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir, en el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, en el que se negó al impetrante de amparo la suspensión de la ejecución de la sentencia interlocutoria de treinta y uno de agosto del presente año, dictada en el incidente de ejecución de resolución y liquidación de pensión alimenticia, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número -. Lo anterior, permite concluir que la citada determinación que constituye el acto de molestia, fue dictada en la etapa de ejecución de la resolución interlocutoria de aquella incidencia. Ahora bien, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, procede respecto de actos ejecutados después de concluido el juicio, también lo es que, ese precepto legal en dicha fracción párrafo segundo determina que, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en la etapa de ejecución de sentencia se emiten autos y resoluciones intermedias para la ejecución de lo sentenciado, estas determinaciones no pueden ser impugnadas a través del juicio constitucional, habida cuenta que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento, y en la especie el promovente pretende combatir el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, en el que se le negó la suspensión de la ejecución de la sentencia interlocutoria de treinta y uno de agosto del presente año, dictada en el incidente de ejecución de resolución y liquidación de pensión alimenticia, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número -; determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir en concepto del suscrito, la última determinación judicial que ha de dictarse en la etapa de ejecución de dicha incidencia, y por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo, ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería hasta en el momento mismo en que, como se precisó cuando se apruebe o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien cuándo se ordene el archivo definitivo del expediente, lo que le daría a la parte quejosa la posibilidad de formular demanda de garantías señalando las violaciones que en su caso considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida resolución interlocutoria, dictada en el incidente de ejecución de resolución y liquidación de pensión alimenticia, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número -, y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 953 cuyo rubro y texto es el siguiente: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige. De igual forma es aplicable la Jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 692, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa. En consecuencia, en atención a los argumentos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por -. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aún días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Téngase al impetrante de amparo, proporcionado como medio de contacto la cuenta de correo electrónico -. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y únicamente como autorizado para tal efecto a -, en virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

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