Floriberto Hernández Hernández
Expediente 1048/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/11/2021
Partes del expediente
- Floriberto Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por el quejoso Floriberto Hernández Hernández, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la actual Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir, en esencia, en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de señalar hora y fecha para la audiencia inicial, dentro del expediente administrativo laboral número 681/E06/2020. Ahora bien, de las copias certificadas anexadas al informe justificado rendido por la junta de origen, que obra en autos, se advierte que dentro del expediente administrativo laboral antes indicado, promovido por el aquí quejoso Floriberto Hernández Hernández, el trece de octubre del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de cuya omisión de pronunciarse se dolía el agraviado. Documental a la que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documento público. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo anterior, se puede apreciar que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en señalar hora y fecha para la audiencia inicial, dentro del expediente administrativo laboral número 681/E06/2020, ha quedado sin efectos, puesto que el trece de octubre de este año, se acordó lo correspondiente, lo que se robustece con las constancias allegadas al informe justificado de la junta de origen, que obra rendido en autos. En consecuencia, se advierte con claridad que ha dejado de tener efectos el acto reclamado pues las autoridades han emitido el acuerdo de admisión y señalamiento de fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral de origen, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional, actualizando la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, debe sobreseerse en esta contienda constitucional, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por la razón que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que consta en la foja 1343, del tomo XXX, octubre de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8o." No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, aun cuando no obra su informe justificado, pues le reviste el carácter de autoridad ejecutora. Por todo lo anterior, se deja sin efectos el desahogo de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cincuenta y ocho minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno (foja 7). Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
VIII.. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, que notifico a la parte quejosa, el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por medio de lista, en virtud de no haber acudido a este órgano jurisdiccional a recibir la notificación de referencia de manera personal..
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer nueva mención del mismo en la audiencia constitucional respectiva. En relación con las documentales que se reciben con el informe rendido por la mencionada autoridad, téngasele cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral citado en el capítulo que antecede. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de octubre de dos mil veintiuno. En términos del arábigo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso Armando Guillermo Zolezzi Treviño, trasmitido bajo vinculación electrónica; en cuanto a su contenido, por con base en las consideraciones que expone, téngasele por impugnando y objetando el dictamen que fue emitido por el perito César Adrián Hernández Rodríguez, recibido en este Juzgado de Distrito el veintidós de septiembre del año actual (véanse fojas 765 a 777, tomo I). De igual manera, por ser asuntos que se tramitan en este Tribunal Federal, y que este juzgador está obligado a invocarlos como hecho notorio en términos del arábigo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa del numeral 2° de esta última, al momento de emitirse la sentencia que en derecho corresponda, deberán traerse los dictámenes emitidos por los licenciados Sergio Rico García (quince de junio de dos mil dieciséis, dentro del expediente 345/2016-VII) y César Adrián Hernández Rodríguez (catorce de febrero de dos mil dieciocho, dentro del expediente 702/2017-V), para que sean analizados conjuntamente con el diverso que emitió el último de los expertos relacionados, en data veintidós de septiembre de la presente anualidad, en el expediente en que se actúa, pues trata de demostrar con ello el promovente, que los tres dictámenes son una copia entre sí. A su vez, en el momento procesal oportuno y con el mismo sustento legal empleado en el párrafo que antecede, deberá tenerse a la vista la diligencia celebrada el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, dentro del expediente 74/2016-VI, específicamente en las preguntas y respuestas identificadas con los números "14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22"; ello es así, con el fin de analizar lo propuesto por el quejoso Armando Guillermo Zolezzi Treviño, en su libelo de cuenta. En otro contexto, con fundamento en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, únase a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el licenciado Efraín Martínez Félix, autorizado de los terceros interesados Enrique Javier, Federico y Juan José, todos de apellidos Zolezzi Treviño, a través del cual interpone recurso de queja en contra de los proveídos emitidos por este órgano jurisdiccional en fechas veinticuatro y treinta de septiembre, ambos de dos mil veintiuno (véanse fojas 780 a 783 y 805 a 807, tomo I). En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e) y 101, ambos de la legislación de la materia, se tiene a los antes nombrados interponiendo el medio de impugnación de mérito, por lo que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el último de los numerales citados, requiérase a las partes que integran el presente asunto, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán enviarse al Tribunal de Alzada; transcurrido dicho plazo deberá remitirse a la superioridad copia de las determinaciones recurridas, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que se estimen pertinentes. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para el desahogo de las diligencias que iban a desarrollarse el día de hoy, con los terceros interesados Enrique Javier, Federico y Juan José, todos de apellidos Zolezzi Treviño, pues es precisamente en los acuerdos que tienen relación con ese medio de convicción, que se hizo valer el medio de defensa de trato, y se hace necesario estar a la espera de lo que tenga a bien determinar el Ad Quem en ese sentido Finalmente, dada el volumen de las constancias que conforman este expediente, lo que impide su correcto manejo, se ordena a la secretaria la apertura del Tomo II. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
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