Floriberto González Hernández

Expediente 246/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
246/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Floriberto González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el ocho de agosto del año en curso, por el que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva, y dado que fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que:: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, siendo susceptible de depuración. Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano, la resolución que puso fin al asunto y la que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que ha transcurrido el término de un año, sin que nadie se apersonara al juicio en representación legal del quejoso Floriberto González Hernández; por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordena reanudar el procedimiento suspendido mediante auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, y al efecto se provee: De las constancias de autos se advierte, mediante proveído de dos de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo promovida por Floriberto González Hernández, por propio derecho, y toda vez que reclamó del Presidente Municipal, Síndico, Regidor de Vigilancia, Comandante de la Policía Municipal, Teniente de la Policía Municipal, todos del municipio de San Francisco Logueche, Miahuatlán, Oaxaca, la privación ilegal de su libertad, así como azotes, tormentos, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. Del informe justificado de las autoridades responsables se advierte la existencia de los actos reclamados, pues refirieron que fue privado de su libertad por tratar de agredir a los elementos de la Policía Municipal de San Francisco Logueche, Miahuatlán, Oaxaca, quedando en libertad con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida. Ahora, a requerimientos efectuados a los autorizados del quejoso con el fin de que lo presentaran, refirieron que se encontraba trabajando fuera del Estado, por lo que no podían presentarlo; de igual forma, el Síndico Municipal de San Francisco Logueche, Miahuatlán, Oaxaca, manifestó que no podía remitir constancia alguna de la detención del quejoso, en razón de que el municipio no cuenta con recursos económicos para establecer un sistema que registre los arrestos. En ese sentido, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI.- Contra actos consumados de modo irreparable; ". Lo anterior es así, pues de lo antes narrado se advierte el quejoso obtuvo su libertad el dos de marzo de dos mil veinte, con motivo de la suspensión de plano concedida a su favor, conforme a lo manifestado por sus autorizados legales, y autoridades responsables. De ahí que se estime se consumó irreversiblemente la violación a la libertad personal del quejoso, la cual dio origen al presente juicio de amparo, ya que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituirlo en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad e incomunicación de la que fue objeto. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 423, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, que dice: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Bajo ese contexto, es dable concluir que se actualiza la invocada causal de improcedencia, que impone desde luego, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, en términos del artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que ha transcurrido el término de un año, sin que nadie se apersonara al juicio en representación legal del quejoso Floriberto González Hernández; por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordena reanudar el procedimiento suspendido mediante auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, y al efecto se provee: De las constancias de autos se advierte, mediante proveído de dos de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo promovida por Floriberto González Hernández, por propio derecho, y toda vez que reclamó del Presidente Municipal, Síndico, Regidor de Vigilancia, Comandante de la Policía Municipal, Teniente de la Policía Municipal, todos del municipio de San Francisco Logueche, Miahuatlán, Oaxaca, la privación ilegal de su libertad, así como azotes, tormentos, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. Del informe justificado de las autoridades responsables se advierte la existencia de los actos reclamados, pues refirieron que fue privado de su libertad por tratar de agredir a los elementos de la Policía Municipal de San Francisco Logueche, Miahuatlán, Oaxaca, quedando en libertad con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida. Ahora, a requerimientos efectuados a los autorizados del quejoso con el fin de que lo presentaran, refirieron que se encontraba trabajando fuera del Estado, por lo que no podían presentarlo; de igual forma, el Síndico Municipal de San Francisco Logueche, Miahuatlán, Oaxaca, manifestó que no podía remitir constancia alguna de la detención del quejoso, en razón de que el municipio no cuenta con recursos económicos para establecer un sistema que registre los arrestos. En ese sentido, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI.- Contra actos consumados de modo irreparable; ". Lo anterior es así, pues de lo antes narrado se advierte el quejoso obtuvo su libertad el dos de marzo de dos mil veinte, con motivo de la suspensión de plano concedida a su favor, conforme a lo manifestado por sus autorizados legales, y autoridades responsables. De ahí que se estime se consumó irreversiblemente la violación a la libertad personal del quejoso, la cual dio origen al presente juicio de amparo, ya que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituirlo en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad e incomunicación de la que fue objeto. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 423, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, que dice: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Bajo ese contexto, es dable concluir que se actualiza la invocada causal de improcedencia, que impone desde luego, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, en términos del artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense para que obren como corresponda los sobres que devuelve el Administrador de Correos, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los cuales contienes los oficios 18975, 18977, 18978 y 18979 dirigidos a las autoridades responsables, mismos que no fueron entregados por las razones que expone; sin que haya lugar a decretar providencia alguna, toda vez que en auto de treinta de julio del año en curso, se suspendió por un año el procedimiento en lo principal, y se ordenó hacer los hechos del conocimiento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. NOTIFÍQUESE.

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