Floriberto García Baza

Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
12/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Floriberto García Baza
  • María del Consuelo Ibarra Carrera
  • Juez Penal en Primera Instancia del Distrito Judicial de Mina de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Actuaciones

  1. Principal

    Amparo indirecto 12/2022-II Iguala de la Independencia, Guerrero, siete de octubre de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos del amparo auxiliar 12/2022, relativo al juicio constitucional 155/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; y, R E S U L T A N D O I. **********************************************, por escrito recibido en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, el uno de febrero de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo indirecto en contra de los actos que atribuyó al Congreso del Estado de Nuevo León y otras autoridades. II. En auto del veinticinco de febrero pasado, previa prevención y desahogo de la misma se admitió a trámite la demanda propuesta; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. Por acuerdo del veinticuatro de mayo del año actual, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en autos a la parte quejosa y se tuvo como autoridades inexistentes a las señaladas como "Colegio Mexicano de Valuación de Nuevo León, A. C. y Colegio de Valuadores de Nuevo León", motivo por el cual no se hará mayor pronunciamiento en esta sentencia respecto a tales autoridades; así mismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo el quince de junio del año en curso. IV. Mediante oficio SECNO/STCCNO/962/2022 del trece de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. V. Con motivo de lo anterior, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, este órgano de control integró el cuaderno auxiliar 12/2022 al que vinculó el juicio de amparo 155/2022 del juzgado de origen mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el dictado de la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O Primero. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con la sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, comunicada mediante circular SECNO/STCCNO/962/2022 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, al aprobar el punto de acuerdo 145/2022 relativo a la propuesta de equilibrio de los asuntos en los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; y auxilio en el dictado de sentencias a los referidos Juzgados de Distrito, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También debe tomarse en cuenta que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuible a una autoridad jurisdiccional con residencia en el Estado de Nuevo León; de ahí que, por razón de materia y territorio, se surte competencia a favor del Juzgado de Distrito de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en concordancia con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, son enviados para ese efecto; de ahí que éste asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente electrónico y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia publicada en la página 440, tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 163998, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA.". Segundo. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados en el amparo. En ese orden, en el escrito de demanda la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. A) Del H. Congreso del Estado de Nuevo León se reclama: i) El Decreto núm. 069, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 27 de diciembre de 2021, por el cual se aprueban los Valores Unitarios de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para ser aplicados durante el ejercicio de 20202. ii) El artículo 21-bis-3 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado reformado mediante Decreto Núm. 69 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 27 de diciembre de 2021. iii)La modificación de los valores unitarios de suelo que para tal efecto propuso el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en el ejercicio de 2022. iv) La ausencia de fundamentación y motivación para la modificación de los valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en el ejercicio de 2022 que para tal efecto propuso el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. v) La omisión de considerar los criterios de valuación fijados por la Junta Central Catastral y plasmados en el Manual de Valuación según lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Catastro del Estado y en el artículo 10 de su Reglamento para efectos de modificar y aprobar los valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en el ejercicio de 2022. vi) Al haberse afectado los artículos 21- bis-2, 21-bis-8, 21-bis-9 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León vigente en 2017; los artículos 5, 17, 18 y 20 de la Ley de Catastro del Estado de Nuevo León vigente 2017; el Decreto núm. 069, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de diciembre de 202, por el cual se aprueba ajustar en un 25% a la alza los valores de suelo y construcciones de los inmuebles del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; por el cual se aprueba actualizar los valores unitarios de suelo y construcción en un singular 25% de los inmuebles ubicados en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; los cuales se encuentran íntimamente vinculados con el Decreto número 069, es que a través de la presente demanda también se reclaman dichas disposiciones, en la medida que se ven directamente afectados en la aplicación del acto reclamado anteriormente. B) Del Gobernador del Estado de Nuevo León se reclama: (i) La promulgación y expedición del Reglamento de la Ley de Catastro en el Estado de Nuevo León, en específico, los artículos 10 y 19. (ii) La omisión de no tomar en cuenta la economía tomando en consideración la solicitud de la Presidenta del municipio de San Pedro Garza García sobre el extrafalario aumento del predial del 25% sobre el pago de los valores unitarios de suelo y construcción de los inmuebles ubicados en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León para el Ejercicio de 2022, con la excusa de realizar una actualización. C) Del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León se reclama la omisión de aplicar la Ley de Catastro en el Estado de Nuevo León en cuanto a la omisión de publicar los criterios generales aplicables en el Estado en materia de valorización. D) Del Director de Catastro del Estado de Nuevo León y de la Junta Central Catastral se reclama la emisión de los criterios generales aplicables en el Estado en materia de valorización como el Manual de Valuación Catastral. E) Del R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; del Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; del Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; se reclama: (i) El Acta de Cabildo No. 01, Sesión Extraordinaria, fecha 07 de octubre de 2021, en específico, la aprobación del Dictamen número ******************, referente a la propuesta de valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. (ii) La aprobación y envío al Congreso del Estado de Nuevo León de los valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en base a los ya presentados que fueron aprobados por el Congreso del Estado mediante decreto 189, publicado el 30 de diciembre de 2016, en el Periódico Oficial del Estado. (iii) La aprobación y envío al Congreso del Estado de Nuevo León de los valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, sin considerar la expertis de la base a la propuesta y/o estudios que presentó el "Colegio Mexicano de Valuación de Nuevo León, A.C" y el "Colegio de Valuadores de Nuevo León, A.C., evadiendo la postura de los expertos. (iv) La omisión de enviar al Congreso del Estado de Nuevo León los estudios de valores unitarios de suelo de conformidad con la opinión de la Junta Municipal Catastral del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León respectos los valores unitarios de suelo. (v) La omisión de presentar al Congreso del Estado de Nuevo León la propuesta de valores unitarios de suelo aprobados mediante Acta de Cabildo No. 01, Sesión Extraordinaria, fecha 07 de octubre de 2021 durante la segunda quince de octubre. F) Del Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León y del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León se reclama: (i) La aplicación del Decreto núm. 069, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2021, por el cual se aprueban los Valores Unitarios de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para ser aplicados durante el ejercicio de 2022 en relación con las leyes y decretos reclamados al H. Congreso del Estado como inciso (vi) por lo que se refiere al expediente catastral número **************. (ii) La aplicación del valor propuesto en la Primera Categoría de los Valores Unitarios de Construcción del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León para los inmuebles con expediente catastral número ******************. (iii) La aplicación del Decreto núm. 069, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2021, por el cual se aprueba ajustar en un 25% a la alza los valores unitarios de suelo y construcción que sirvan como base para el cobro de las contribuciones sobre bienes raíces ubicadas dentro de la circunscripción de San Pedro Garza García, Nuevo León fue determinada por motivos de inflación; del Decreto núm. 189, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2016, por el cual se aprueba actualizar los valores unitarios de suelo y construcción aplicando un incremento de un 20% sobre valores catastrales actuales de suelo y construcción de los inmuebles ubicados en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; del Decreto núm. 050, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2015, por el cual se aprueba actualizar los valores unitarios de suelo y construcción en un 20% de los inmuebles ubicados en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León para efectos del valor unitario de construcción aplicable a los inmuebles con expedientes catastrales números ********************. (iv) La aplicación del artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León por lo que se refiere a la tasa del 2 al millar adicionando un 2 al millar, es decir, la tasa del 4 al millar al valor catastral del inmueble con expediente catastral número ****************. (v) La determinación y cuantificación del valor catastral de los inmuebles ubicado en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León por el ejercicio fiscal de 2022 relativos a inmuebles con expedientes catastrales números *************. (vi) La determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago por concepto del impuesto predial por el ejercicio fiscal de 2022 por los expedientes catastrales números *****************. (vii) La omisión de darnos a conocer el valor catastral fijado para los inmuebles con expedientes catastrales números ****************. (viii) La omisión de publicar las tablas de valores unitarios de construcción vigentes para el ejercicio de 2022. G) De la Junta Municipal Catastral del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León se reclama: (i) La omisión de solicitar los informes de los vecinos y habitantes de la zona en revisión para efectos de emitir la opinión sobre los estudios de valores unitarios de suelo resultantes de los estudios de valuación practicados a las colonias y/o zonas que conforman el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; (ii) La omisión de considerar los criterios de valuación fijados por la junta Central Catastral del Estado y plasmados en el Manual de Valuación Catastral en la opinión sobre los estudios de valores unitarios de suelo para el 2022." Tercero. La autoridad responsable Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. En ese orden, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo no es procedente, cuando de las constancias que existan en autos, no se encuentre demostrado el acto reclamado o no esté probada su existencia en la audiencia constitucional. En ese sentido, como la autoridad responsable negó el acto que se le reclama, se genera una carga procesal probatoria a la parte quejosa, es decir, para acreditar sus pretensiones, debe aportar las pruebas que considere necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Por las razones que expone, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 2015699, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO." No obstante, la quejosa no ofreció prueba que evidenciara la existencia del acto destacado atribuido a la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León; por tanto, se tiene por inexistente el mismo; en consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que hace esa autoridad. Por su parte, las autoridades responsables Congreso, Gobernador, Director de Catastro y Junta Central Catastral, todos del Estado de Nuevo León, así como el Ayuntamiento, Secretario, Presidente Municipal, Secretario de Finanzas y Tesorero, Junta Catastral y Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. Cuarto. De la instrumental de actuaciones de que se integra el juicio constitucional indirecto a examen, inició con demanda de amparo indirecto que, como se indica en resultandos precedentes, para su instrucción correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, que en auto del tres de febrero de dos mil veintidós, previno a la quejosa ******************. Prevención que en diverso proveído del veintiuno de febrero pasado, señaló en lo que interesa lo siguiente: "Escrito. La autorizada de la parte quejosa ***************************, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada mediante auto de tres de febrero del año en curso. Acuerdo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda, toda vez que no se puede tener por cumplida la prevención formulada mediante auto de tres de febrero del año en curso, pues del escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado se advierte que está firmado por la autorizada de la parte quejosa, sin embargo, no está facultada para desahogar las prevenciones relativas a las que influyen directamente con la voluntad de la quejosa, como lo es en este caso, pues ello es tratarse de cuestiones de carácter personalísimo.". En observancia, la quejosa presentó escrito el veinticuatro de febrero del año en curso, ante el referido juzgado federal por el que expresó: "*****************, parte quejosa dentro del juicio de amparo 155/2022, comparezco para exponer lo siguiente. Por medio del presente escrito, ocurro a darme por notificada del acuerdo de fecha 21-veintiuno de febrero de 2022- dos mil veintidós por lo que así mismo y solicito se me tenga comprimiendo en tiempo y forma con la prevención decretada el 21- veintuno de febrero de 2022- dos mil veintidós, para ello, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: En cuanto a la prevención solicito se me tenga haciendo mío el escrito presentado en fecha 16- dieciséis de febrero de 2022- dos mil veintidós, por la licenciada *************** que a la letra dice se me tenga por cumpliendo la prevención de fecha 03- tres de febrero de 2022- de dos mil veintidós, en los siguientes términos: En cuanto a la prevención decretada en el punto número 1, el acto reclamado es únicamente la aplicación del decreto número 069, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno.". Ocurso relacionado del que se desprende la manifestación de la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que lo reclamado en el procedimiento constitucional a examen se constituye en únicamente la aplicación del Decreto número 069 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Precisión expresada por la aquí quejosa que se tiene presente para la solución del contradictorio constitucional de mérito, sobre lo cual es pertinente señalar que sobre la manifestación bajo protesta de decir verdad el Alto Tribunal de Justicia país dejó sentado que no constituye un mero formalismo sacramental o solemne, sino que es una obligación a cargo de los quejosos de manifestar que los requisitos previstos en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se hace con sujeción a la verdad y su omisión puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda de garantías, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello. Manifestación que incluso guarda reconocimiento fundamental en el cuarto párrafo del artículo 130 Constitucional, que guarda como teleología el cumplir las obligaciones que se contraen, pues da base a las cuestiones civiles y al ejercicio del derecho de acción ante los tribunales, con objeto de evitar, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, el abuso del juicio de amparo, materia en la que dicho requisito concede validez y está encaminado a procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio de amparo, ya sea en su carácter de operadores jurídicos, de terceros perjudicados, de autoridades responsables, y aun de quejosos, evitando así que cada uno de ellos, dentro del ámbito de su participación dentro del procedimiento, impida la consecución del fin primordial del medio extraordinario de defensa de derechos fundamentales, que es el de lograr el respeto y la restitución de las prerrogativas tuteladas a favor de los gobernados, en el supuesto de que demuestre que efectivamente ha existido las vulneraciones aducidas. De ahí que la protesta de decir verdad es la que crea certeza en el juzgador de amparo para desplegar todas sus facultades, razón por la que la manifestación enunciada no constituye un mero formulismo sacramental, sino que entraña una responsabilidad directa de quien la formula. El criterio jurisprudencial a que se hace referencia se emitió por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 192843, y se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, visible a página 32, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.". De igual manera, conforme a lo dispuesto en el citado numeral 108, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone a los gobernados que acuden a la jurisdicción constitucional la obligación de precisar, como requisito mínimo, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Base fundamental que fija el debate a discernir en amparo y constriñe a los juzgadores de control a examinar su constitucionalidad al tenor de los conceptos de violación que, como en el caso, son de apreciación o estudio estricto dada la materia en que se enmarca. En ese orden, no es dable al juzgador de amparo variar o modificar la litis constitucional propuesta por la parte quejosa, ni aun en suplencia de la queja, cuenta habida que ello equivaldría a alterar la voluntad de los gobernados al acudir a los tribunales de control constitucional. A manera de orientación se cita el criterio con registro digital: 202562, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO.". Razonamiento que se refrenda en la disposición prevista en el normativo 74, fracción I de la Ley de Amparo, que impone a los resolutores la obligación de fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, a lo que debe constreñirse la sentencia que se dicte resolviendo el debate constitucional. En esa línea, como se ha dejado sentado, al desahogar la prevención por escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la quejosa fue puntual en señalar que el juicio de amparo indirecto lo propuso, bajo protesta de decir verdad, reclamando únicamente la aplicación del Decreto número 069 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Expresión de la que se derivan dos afirmaciones sustantivas: La primera, atinente que lo reclamado era el Decreto número 069 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. La segunda, constituida por su manifestación expresa en el sentido de que reclama únicamente la aplicación del referido decreto. De lo anterior, en consonancia con la integridad de la demanda que dio forma al expediente a examen, se aprecia la existencia de un error en la formulación del acto legislativo destacado de la autoridad denominada H. Congreso del Estado de Nuevo León, expresó: "[.] (i) El Decreto Núm. 069, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 27 de diciembre de 2021, por el cual se aprueban los Valores Unitarios de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para ser aplicados durante el ejercicio de 2022 [.]". Como se aprecia al referir la norma que como acto reclamado señaló, hizo mención a que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. En tanto, al cumplir con la prevención mencionó se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. De lo que se colige que la precisión respecto del medio de publicidad oficial fue incorrecta, situación que debe tenerse como un simple error al tenor de lo dispuesto por el normativo 76 de la Ley de Amparo, enunciado legal que faculta a los operadores de control constitucional a enmendar o corregir yerros en el propósito de garantizar un real y efectivo acceso de la quejosa a la justicia, pues ello tiene como fin atemperar las formalidades, condiciones o requisitos para su acceso y superar cualquier tipo de traba u obstáculo formal que impida al gobernado el derecho a la tutela judicial efectiva. Razón por la cual para los efectos del estudio que nos ocupa se tiene por designado como acto reclamado el Decreto número 069, publicado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Así también, como segundo punto destacado, derivado de la manifestación expresa de la quejosa al cumplir la prevención que se le formuló durante el trámite del juicio de amparo, al mencionar reclamar únicamente la APLICACIÓN del referido decreto. Atento a ello, debe señalarse que al tenor de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es procedente: "Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en señalar que, para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Es así que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Distinción que se destaca de la jurisprudencia con registro digital 198200, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Julio de 1997, visible a página 5, de rubro "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." En esta narrativa, conviene destacar que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. Mientras que, para el caso de normas heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior que, en el caso, se constituye por el recibo de cobro de En esa línea, ciertamente el juicio de amparo procede en contra de normas; empero, cuando únicamente -como en la especie- el acto reclamado solo se constituye en la precisa manifestación de la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que lo único que reclama es la aplicación del Decreto número 069, publicado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, dicha precisión solo comprende el acto de individualización condicionada no así cualquier otro acto de autoridad que no fue expresamente reclamado. Sin que al caso sea dable -como se expresó- adicionar, modificar, alterar o variar la voluntad de la quejosa menos extender su solicitud de protección a diversos actos que no son expresamente señalados como reclamados, cuenta habida que ello equivaldría a desconocer los principios de instancia de parte agraviada y agravio personal y directo que rigen el juicio biinstancial, así como la verdadera intención de la quejosa al desahogar la prevención que se le formuló al inicio del procedimiento de amparo, impetrante que por escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, fue puntual en precisar no reclamar otro acto diverso determinando su voluntad a la aplicación del mencionado decreto. Motivos jurídicos que permiten establecer que la litis constitucional a resolver por este operador jurídico federal se constriñe al recibo de once de enero de dos mil veintidós exhibido por la quejosa al presentar su demanda. Acto de autoridad que fue reclamado del Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, así como Director de Ingresos, todos pertenecientes al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, que en lo referente al acto de aplicación del citado decreto comprende como apartados los siguientes: "(i) La aplicación del Decreto núm. 069, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2021, por el cual se aprueban los Valores Unitarios de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para ser aplicados durante el ejercicio de 2022 en relación con las leyes y decretos reclamados al H. Congreso del Estado como inciso (vi) por lo que se refiere al expediente catastral número *************. (ii) La aplicación del valor propuesto en la Primera Categoría de los Valores Unitarios de Construcción del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León para los inmuebles con expediente catastral número *************. (vi) La determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago por concepto del impuesto predial por el ejercicio fiscal de 2022 por los expedientes catastrales números ***************." Cabe acotar que los apartados relacionados se enmarcan directamente con el recibo de cobro exhibido por la aquí quejosa en lo referente al acto de aplicación del Decreto Número 069, publicado él veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, por el que se aprueban los valores unitarios de suelo del municipio de San pedro Garza, García, Nuevo León, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, ello porque se refieren a la individualización del decreto traducida en el acto de cobro reflejado en el recibo de once de enero de dos mil veintidós. Sin que al efecto se comprendan los diversos actos que a las mencionadas autoridades la quejosa reclamó y fijó bajo apartados (iii), (iv), (v), (vii) y (viii), cuenta habida que de su literalidad se desprende que se enderezan a combatir, por su orden, el ajuste aprobado legislativamente; un diverso acto como lo es la aplicación del artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, acto que no se combate expresamente; la determinación y cuantificación del valor catastral del inmueble que ampara el recibo de pago, acto que corresponde a la Junta Municipal Catastral del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como los diversos actos relacionados con el procedimiento para valuar catastralmente los inmuebles - apartados -(vii) y (viii)-. Sentado lo expuesto, ante el hecho de que expresamente no se reclamó nada a las diversas autoridades señaladas en el escrito de demanda de amparo que fue sustituido en el apartado relativo a los actos reclamados por el diverso escrito de la quejosa de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por el que desahogó la prevención, entonces no es dable realizar pronunciamiento alguno no constituirse en parte de la materia a debate en el presente juicio constitucional. Sobre esa base instrumental se procede a realizar pronunciamiento al tenor de las consideraciones que se exponen en el considerando subsecuente. Quinto. En la especie, con independencia de los motivos de inejercitabilidad de la acción de amparo propuestos por el Director General de Asuntos Jurídicos del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en representación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, así como de la Secretaría de Ingresos, ambos de la mencionada municipalidad, acordado en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, este Juzgador Federal advierte que, en el caso, se actualiza causa de improcedencia de la acción de amparo prevista en el normativo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, donde se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". A efecto de evidenciar las razones que actualizan la citada causa de improcedencia legal, como primera referencia ilustrativa se acude al numeral 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prescribe: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo impone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.]". La norma constitucional invocada en primer término establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Asimismo, refiere como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. Dicho interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Por su parte, el numeral de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A ese fin, se destaca las definiciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, a fin de tener en claro si en el caso en particular nos encontramos en ese supuesto, atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 111/2013, de cinco de junio de dos mil catorce, entre el amparo en revisión 366/2012 de la Primera Sala y los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013 de la Segunda Sala, señaló que el interés en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, y puede ser clasificado de diversas formas, ello en base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama, puede clasificarse en: I. Individual. II. Colectivo o difuso. En tanto, relativizando el nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, puede clasificarse en: I. Simple. II. Legítimo. III. Jurídico. Sobre esa base, dejó sentado que el interés individual se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo - con independencia del nivel de afectación-, mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible. En el caso, quien acude en defensa de sus derechos tutelados por la Norma Fundamental lo hace en su calidad de contribuyente ante la instancia municipal, por ser titular del predio que ampara el expediente catastral ************, que pretende justificar con la expedición del recibo de pago de once de enero de dos mil veintidós, exhibido como anexo a su demanda de amparo, situación que se entraña bajo la figura de interés individual y jurídico en la promoción de la instancia constitucional. A ese efecto, se retoma la propia disposición contenida en el arábigo 107, fracción I Constitucional del que se advierte la necesidad de contar como presupuesto para la procedencia del juicio de amparo, la justificación probatoria plena de que el promovente sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Regla que obliga a demostrar al promovente del juicio de amparo ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, en otras palabras, demostrar tener interés jurídico para impugnar el acto reclamado. Entonces, siguiendo lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto se seguirá "siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, es posible afirmar que el promovente debe ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que sufre una afectación directa por el acto reclamado (interés jurídico), ante el hecho de que el numeral constitucional citado atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de la legitimación del promovente del amparo, tanto al interés jurídico en sentido estricto como al interés legítimo, puesto que, en ambos supuestos, al promovente que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Ello porque el juicio de amparo tiene como objetivo hacer respetar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, con la finalidad de restituir al quejoso en su pleno goce, cuando hayan sido vulnerados, derivado precisamente de los principios de instancia de parte agraviada y agravio personal y directo que se vinculan intrínsecamente y, de forma sustancial, a que el juicio de amparo no puede ser iniciado de manera oficiosa por los órganos de control constitucional que conocen del mismo, sino que debe ser instado por el gobernado y que el promovente debe estar legitimado para solicitar la tutela constitucional, siempre que estime que un acto de autoridad (acto reclamado o norma general) afecta su esfera jurídica. Bajo esa óptica, la quejosa al proponer su acción constitucional lo hizo bajo el nombre de **************************, quien en la literalidad de su escrito señaló la existencia de infracciones constitucionales cometidas en su perjuicio con el acto de aplicación del Decreto número 069, publicado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, reflejado en el recibo de pago de once de enero de dos mil veintidós, que ampara el pago de contribuciones respecto del predio identificado como expediente catastral ***************. Sin embargo, del análisis integral de la citada documental exhibida por la aquí quejosa, que merece pleno valor probatorio al tenor de las disposiciones previstas en los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles1 de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por mandato expresó contenido en el diverso 2 de este último ordenamiento, al no encontrarse objetada; se advierte que el mencionado recibo ampara como titular a la persona de nombre: "***************************************". Nombres y apellidos en los que no se advierte plena identidad entre la persona que promovió el juicio de amparo, y aquella que ante las autoridades administrativas realizó el pago del impuesto relativo al predio designado en el expediente catastral ****************. Situación que en modo alguno se encuentra justificada probatoriamente dentro del sumario constitucional a examen, es decir, dentro del procedimiento de amparo la quejosa no ofertó medio de convicción alguno por el que acreditara, desde un plano lógico, racional, legal e instrumental -con 1 "ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones". "ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado". medio de prueba idóneo y eficaz- que la promovente del amparo es la misma persona que aquella que realizó el pago de la contribución aplicada en el citado recibo anexo a la demanda. Por consiguiente, al no existir esa identidad entre la persona que aduce ser titular de un derecho o de un interés jurídico individual con respecto de la persona que efectivamente aparece como quien realizó el pago de la contribución, que es quien puede sufrir una afectación directa derivada del acto reclamado, ello resulta indicativo de que conforme lo dispuesto en el supra citado numeral 107, fracción I de la Norma Fundamental, no se le puede atribuir a la aquí quejosa consecuencias de derecho al no ubicarse en el supuesto de afectación a su patrimonio jurídico. No se desconoce que la aquí quejosa pudiera encontrarse en el supuesto hipotético de que a su nombre, derivado de una práctica social, le adicionó el apellido de su esposo; empero, aún bajo una óptica tuteladora conforme los principios que se regulan en el numeral 1º Constitucional, no es dable jurídicamente salvar dicho aspecto bajo la justificación de que ello pudiera dar lugar a desconocer la identidad de la mujer y, por consiguiente, a vulnerar un derecho fundamental en su perjuicio. Lo anterior, atento a que la inconsistencia de mérito no es la única que se presenta en lo referente a su nombre, dado que mientras la quejosa al signar su acción constitucional se ostentó como **************************, y ratifica al presentar su escrito por el que pretendió cumplir con la prevención de fecha de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. En el recibo de pago aparece -como se destacóexpresamente como "*******************************************"; abreviación del primero de los nombres que por sí sola impide atribuir identidad entre la quejosa y la persona que realizó el pago de la contribución a que se refiere el recibo de pago de once de enero de dos mil veintidós, respecto del expediente catastral ****************. Corolario de las consideraciones expuestas y al actualizarse causa de inejercitabilidad de la acción de amparo prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto promovido por *****************************, acorde con el diverso enunciado 63, fracción V de la norma en aplicación, respecto de los actos reclamados constituidos por la aplicación del Decreto Número 069, publicado él veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en el recibo de pago del once de enero de dos mil veintidós, respecto del expediente catastral ******************, atribuidos al Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, así como Director de Ingresos, todos pertenecientes al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo indirecto promovido por *****************************, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley; por conducto del Juzgado auxiliado. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Omar García Leyva, Secretario quien da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, mediante el cual informa que a través de diverso 1752/2022 remitió vía interconexión la incompetencia planteada a este órgano jurisdiccional, misma que quedó registrada bajo el número de expediente 25/2022; por tanto, al ser un hecho notorio que el oficiante recibió los autos del juicio de amparo 13/2022 de su índice y los devolvió por diverso comunicado, al no existir actuación pendiente de acordar en este cuaderno, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este cuaderno es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los seis meses a que alude el artículo 20 del acuerdo general precitado. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de José Luis Ortiz Pizá, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, uno de febrero de dos mil veintidós. Del estado procesal de este sumario constitucional se advierte que en proveído del dieciocho de enero pasado este órgano de control no se pronunció de conformidad respecto a la competencia planteada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, por lo que ordenó devolverle el oficio y anexos remitidos con el objeto de que nuevamente remitiera su incompetencia relativa al juicio de amparo 13/2022 de su índice, conforme a los lineamientos establecidos en la circular DGGJ/0012/2020, sin que el referido órgano haya informado sobre su recepción, tal como se le pidió; en consecuencia, solicítesele de la manera más atenta el acuse recibo correspondiente e informe la situación procesal de ese asunto, a fin de proveer lo conducente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, que contiene inserta la resolución de incompetencia planteada por el homólogo en comento para conocer del juicio de amparo 13/2022, promovido por *****, por propio derecho; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 12/2022-II. Ahora, en la circular DGGJ/0012/2020 del diez de julio de dos mil veinte, signada por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron los siguientes lineamientos para la remisión de asuntos entre órganos jurisdiccionales: 1. El turno se solicitará a la OCC que corresponda vía correo electrónico institucional, adjuntando un oficio en el cual deberá contener los datos necesarios para su registro y turno. 2. La OCC lo turnará conforme a la normativa vigente "de manera aleatoria o relacionada" y remitirá la boleta de turno por correo electrónico al órgano jurisdiccional solicitante para que identifique el órgano al que le fue turnado el asunto. 3. Una vez que cuente con la información respecto del órgano jurisdiccional que le tocará conocer el asunto, usando la funcionalidad de interconexión, el órgano solicitante podrá realizar la remisión del asunto y hacer disponible el expediente para su consulta. Ahora, de la resolución de incompetencia de que se trata, no se advierte que se haya dado cumplimiento a lo antes señalado, dado que en la misma no se ordenó solicitar el turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común vía correo electrónico institucional, solo se insertó el oficio dirigido a ésta, para ser remitido al juzgado de turno. De igual manera, la circular de referencia no establece que esa oficina de correspondencia común tenga que informar de la existencia del juicio a remitir por la autoridad que se declara incompetente, por el contrario, dispone que la boleta con la cual se solicita turno, únicamente será remitida al órgano jurisdiccional solicitante. En ese sentido, visto que la remisión del oficio que se acuerda no se realizó conforme a los lineamientos establecidos en la circular DGGJ/0012/2020; resulta improcedente realizar pronunciamiento respecto de la competencia declinada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco. En esas condiciones se ordena devolver el oficio de cuenta y anexos con el objeto de que el aludido Juez de Distrito, nuevamente remita su incompetencia conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo al que se ha hecho referencia. Con las constancias correspondientes y firmas electrónicas de este proveído, deberá formarse el cuaderno de antecedentes respectivo; de igual forma, solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/5354/2021, suscrito electrónicamente por la Secretaria Técnica de dicha comisión, en unión de Carlos Rene Hernández Maza, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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