FLORIANO TREJO ORTEGA y Otros.
Expediente 1190/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1190/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jueza de Control de la Región Norte Zacatlán, Puebla
- Erasto Trejo Gonzalez
- FLORIANO TREJO ORTEGA y Otros.
- Floriano Trejo Ortega
- Pablo Trejo Garrido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio JOPZ/1436/2021 signado por 1. Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla -remitido vía correo electrónico-, a través del cual, acusa recibo de la misiva 671/2021 por medio del cual -este órgano jurisdiccional- le remitió las siguientes documentales: ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de las audiencias celebradas el cuatro, siete, doce y veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 628/2016/ZACATLÁN; y, ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el seis de abril de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 628/2016/ZACATLÁN. De lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó el treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual surtió efectos el tres de mayo del año actual; por lo que el aludido plazo transcurrió del cuatro al veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: cinco (miércoles), ocho (sábado), nueve (domingo), quince (sábado), dieciséis (domingo), veintidós (sábado) y veintitrés (domingo) de mayo de dos mil veintiuno, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió 1. Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla -autoridad responsable- como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de las audiencias celebradas el cuatro, siete, doce y veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 628/2016/ZACATLÁN; y, ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el seis de abril de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 628/2016/ZACATLÁN. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad responsable se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, acuse recibo del oficio correspondiente junto con las documentales que se anexan. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran los sobres que contiene los discos antes aludidos -fojas 75 y 308-, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a los quejosos y a la tercera interesada Heliodora Trejo Trejo; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada Verónica Mendoza Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla -interviniente en la causa penal de origen- (a dicha autoridad tercera interesada vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de trece de abril pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El diecisiete de enero de dos mil veinte, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se negó el amparo a los quejosos 1. Atanacio Trejo Garrido, 2. Pablo Trejo Garrido, 3. Floriano Trejo Ortega, 4. Erasto Trejo González y 5. Erasto Trejo Garrido, respecto del auto de vinculación a proceso de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en su contra dentro de la causa penal 628/2016/ZACATLÁN, por Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla. Inconforme con dicha determinación, los quejosos 1. Atanacio Trejo Garrido, 2. Pablo Trejo Garrido, 3. Floriano Trejo Ortega, 4. Erasto Trejo González y 5. Erasto Trejo Garrido interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-34/2020, en donde mediante ejecutoria dictada el diez de diciembre de dos mil veinte revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo al aquí quejoso. En ese tenor, por acuerdo emitido el veinticinco de enero del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante acuerdo de trece de abril de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio JOPZ/802/2021 signado por la autoridad responsable Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, por el cual -en cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, remitió un disco versátil digital en el que obra la audiencia de seis de abril de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 628/2016/ZACATLÁN. Enseguida, con el contenido del oficio JOPZ/802/2021 y anexo -disco versátil digital- así como con el de los diversos JOPZ/223/2021 y JOPZ/448/2021 -registros 3175 y 1887 ambos de 2021- se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de diecisiete de enero de dos mil veinte, se declaró constitucional el auto de vinculación a proceso de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en contra de los quejosos 1. Atanacio Trejo Garrido, 2. Pablo Trejo Garrido, 3. Floriano Trejo Ortega, 4. Erasto Trejo González y 5. Erasto Trejo Garrido, dentro de la causa penal 628/2016/ZACATLÁN, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de despojo y, por ende, se les negó el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a ese acto combatido. Lo anterior, -medularmente- por lo siguiente: i) Que se cumplieron con ciertas formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio de los quejosos y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. ii) Que la jueza de control se cercioró -con el auxiliar de sala- que los defensores que asistieron a los quejosos eran licenciados en derecho y que ello constara en las videograbaciones respectivas, en observancia al derecho de defensa previsto en el artículo 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución. iii) Que fue ilegal que la jueza de control declarara infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del desechamiento de datos de prueba anunciados en audiencia inicial; sin embargo, también se dijo que una hipotética reposición de la audiencia inicial para el único fin de admitirlos, no redundaría beneficio alguno a los ahora quejosos. iv) Que la agente del ministerio público expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso a los aquí quejosos y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, solicitado por la defensa. v) Que existieron datos de prueba suficientes para establecer la existencia de un hecho con apariencia del delito de despojo, previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I, y 409 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Heliodora Trejo Trejo. vi) Que dichos datos de prueba también fueron suficientes para establecer la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión, de conformidad con los artículos 13 y 21, fracción I, del citado código penal. vii) Que el medio de prueba ofrecido por la defensa -consistente en el interrogatorio directo de Adelaida Trejo Trejo- y desahogado en audiencia inicial, así como los datos de prueba desechados en esa etapa, no reportaban beneficio alguno a los quejosos, es decir, no eran suficientes para desvirtuar la información de cargo que pesaba en su contra y, por ende, no aptos para que se dictara en su favor auto de no vinculación a proceso. Sin embargo, mediante ejecutoria dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del amparo en revisión R-34/2020, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito revocó la sentencia de este órgano jurisdiccional y declaró inconstitucional el referido auto de vinculación a proceso. En efecto, el Tribunal de Alzada estimó que no fue correcto que este órgano de control constitucional, al advertir una violación procesal por parte de la juez de control, valorara las documentales ofrecidas por la defensa como datos de prueba, ya que su análisis era una facultad exclusiva del juez de control que no podía ejercer un juez de distrito. Para arribar a dicha conclusión, hizo referencia a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 109/2019, estableció: ( Que el ejercicio intelectual llevado a cabo por el juez de la causa para otorgar un valor determinado a una prueba dentro del proceso penal -valoración de la prueba- es una facultad exclusiva de éste, que no puede ser ejercida por un juez distrito, ya que ello se traduciría en una sustitución del primero, salvo que se comprueben alteraciones que afecten, precisamente, esa actividad intelectual. ( Que el medio de prueba es el instrumento esencial de que se vale el juzgador para conocer los hechos -prueba en sí misma-, mientras que el juicio de prueba o valoración de prueba, consiste en el acto procedimental caracterizado por un análisis conjunto de todo lo aportado en la investigación, para así obtener un resultado, ya que dicha valoración de la prueba al ser una actividad intelectiva que desarrolla el juez de la causa, considerando sus conocimientos de derecho y de las máximas de la lógica, la experiencia, la imparcialidad y la equidad, debe ajustarse a los principios constitucionales y legales que circunscriben al debido proceso legal. ( Que el juzgador de amparo no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción ante una deficiente fundamentación y motivación, esto es, no puede llevar a cabo el ejercicio intelectivo necesario para valorar una prueba determinada, sin que implique que el primero no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable. ( Que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. ( Que este órgano jurisdiccional se sustituya en la función que constitucionalmente le corresponde al juez del proceso, ya que simplemente llevará a cabo la revisión de lo actuado por este último, en cuanto a la valoración de la prueba, para determinar si en la especie trasgredió o no las garantías constitucionales que resulten aplicables. ( Que el juicio de amparo no es una instancia más en el proceso penal, por lo que al juzgador constitucional no le corresponde calificar ni sancionar la conducta del acusado y tampoco debe estudiar de manera directa el acervo probatorio que obra en autos, sino solo el modo en el que la autoridad responsable le confirió determinado valor, ya que, de lo contario, no habría mayor diferencia entre la labor de dicha autoridad responsable y el juzgador de amparo. ( Que si bien la ponderación de los datos de prueba que aporte el imputado o su defensa a favor de sus intereses, y en contradicción con los esgrimidos por el ministerio público, para los efectos del dictado del auto de vinculación a proceso, durante el plazo constitucional -setenta y dos horas o en su ampliación- es una facultad exclusiva del juez de la causa que no puede ejercer el órgano de amparo y, por tanto, no pueden sustituirse a aquellos en su apreciación. ( Que lo último no implica que no se pueda revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que realizan las autoridades judiciales de instancia; esto es, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, más no el dato de prueba en sí. ( Que, por ende, su análisis debe circunscribirse única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el juzgador de primera instancia y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación; sin que ello implique que se sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que únicamente se analiza la legalidad de la ponderación que hizo la autoridad responsable, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar así, que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Ante tales razonamientos vertidos y estudiados por el tribunal de alzada respecto de la sentencia que este órgano jurisdiccional emitió con fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, así como de los agravios empleados por los imputados en su escrito por el cual interpusieron recurso de revisión en contra de la citada sentencia, dicho tribunal determinó que se dejó a los quejosos en estado de indefensión al coárteseles su garantía de defensa para aportar datos de prueba, en contravención a los principios de contradicción e igualdad procesal; por lo que, el superior, determinó que era sustancialmente fundado y preponderante unos de los agravios esgrimidos por la parte recurrente y suficiente para revocar la sentencia combatida y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Jueza de Control de la Región Norte, Zacatlán, Puebla: 1. Dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el doce de noviembre de dos mil diecinueve en el proceso 628/2016. 2. Declarara fundado el recurso de revocación y admitiera los datos de prueba consistentes en las documentales públicas: ( Expediente 1665/2002, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, relativo al juicio reivindicatorio promovido por Heliodora Trejo Trejo, en contra de los quejosos Atanacio Trejo Garrido y Pablo Trejo Garrido. ( Expediente 1039/2001, relativo a un juicio de servidumbre legal de paso, promovido por la citada víctima en contra del mismo quejoso Atanacio Trejo Garrido. ( Informe registral certificado de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por Jaqueline Aguilar Díaz, Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Zacatlán, Puebla y solicitado por el quejoso Floriano Trejo Ortega, que al parecer hace relación a un derecho en favor de Rosa Garrido de Trejo sobre el predio en controversia. ( Escritura original de quince de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, relativa al contrato de compra-venta de terreno ubicada en la ranchería Matlahuacales, segunda sección de Zacatlán, Puebla, celebrado por Taide Trejo García y por Rosa García de Trejo. ( Informe registral certificado emitido por Jaqueline Aguilar Díaz, Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Zacatlán, Puebla y solicitado por el quejoso Erasto Trejo Garrido, que al parecer hace relación a un derecho en favor de Rosa Garrido de Trejo (padre) que al parecer hace relación a un contrato de compra-venta celebrado entra Margarito Trejo y María de la Luz García con Taide Trejo García. 3. Hecho lo anterior, procediera a resolver la situación jurídica de los quejosos, ponderando los referidos datos de prueba en contradicción con los expuestos por el ministerio público. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dentro de la causa penal 628/2016/ZACATLÁN, realizó lo siguiente: A. Mediante auto dictado el tres de febrero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve -acto reclamado-. B. En audiencia celebrada el seis de abril de dos mil veintiuno, declaró fundado el recurso de revocación promovido por la defensa particular contra la resolución que desechó diversas documentales ofrecidas como datos de prueba en diversa audiencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve (por falta de pertinencia) y, por ende, admitió: i) el expediente 1665/2002, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, relativo al juicio reivindicatorio promovido por Heliodora Trejo Trejo, en contra de los quejosos Atanacio Trejo Garrido y Pablo Trejo Garrido; ii) el expediente 1039/2001, relativo a un juicio de servidumbre legal de paso, promovido por la citada víctima en contra del mismo quejoso Atanacio Trejo Garrido; iii) el informe registral certificado de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por Jaqueline Aguilar Díaz, Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Zacatlán, Puebla y solicitado por el quejoso Floriano Trejo Ortega, que al parecer hace relación a un derecho en favor de Rosa Garrido de Trejo sobre el predio en controversia; iv) la escritura original de quince de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, relativa al contrato de compra-venta de terreno ubicada en la ranchería Matlahuacales, segunda sección de Zacatlán, Puebla, celebrado por Taide Trejo García y por Rosa García de Trejo; y, v) el informe registral certificado emitido por Jaqueline Aguilar Díaz, Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Zacatlán, Puebla y solicitado por el quejoso Erasto Trejo Garrido, que al parecer hace relación a un derecho en favor de Rosa Garrido de Trejo (padre) que al parecer hace relación a un contrato de compra-venta celebrado entra Margarito Trejo y María de la Luz García con Taide Trejo García. C. Procedió a resolver la situación jurídica de los quejosos, ponderando los referidos datos de prueba que fueron aportados por la defensa en contradicción con los expuestos por el ministerio público, dictando nuevamente auto de vinculación a proceso, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de despojo, en agravio de Heliodora Trejo Trejo. 3. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso reclamado; ii) declaró fundado el recurso de revocación hecho valer por la defensa particular de los quejosos y, luego, admitió los datos de prueba que habían sido desechados; y, iii) resolvió la situación jurídica de los imputados ponderando los datos de prueba aportados por dicha defensa. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Por otro lado, no pasa desapercibido que al inicio de la audiencia de seis de abril de dos mil veintiuno -en la que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, la jueza de control manifestó estar "conmovida" y "confundida", porque -a su apreciación- el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-34/2020, inobservó la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), al vincularla a admitir el recurso de revocación interpuesto por la defensa -en diversa audiencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve- contra el desechamiento de los datos de prueba antes indicados, tomando en cuenta -refirió- que, según ese criterio jurisprudencial, sólo es procedente dicho medio de impugnación contra determinaciones que no tuvieron previa sustanciación. Al respecto, dígase a la jueza de control que el recurso de revocación fue admitido en audiencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve y que el fallo protector únicamente la vinculó a declararlo fundado; es decir, al margen de que no se inobservó ese criterio jurisprudencial, la decisión de admitir el recurso de referencia se dictó en primera instancia del procedimiento de origen y no derivó de una sentencia de amparo, por lo que no era procedente que en una instancia constitucional se declarara mal admitido ese recurso en observancia al principio de "no reforma en perjuicio del apelante", pues precisamente al ser el quejoso el que combate la resolución, no se puede empeorar su situación en el juicio de amparo. Notifíquese por lista a los quejosos -en cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve-; personalmente a la tercera interesada Heliodora Trejo Trejo; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada Verónica Mendoza Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla -interviniente en la causa penal de origen- (a dichas autoridades vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA HELIODORA TREJO TREJO EL ACUERDO DE 26 DE abril DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de trece de abril pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El diecisiete de enero de dos mil veinte, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se negó el amparo a los quejosos 1. Atanacio Trejo Garrido, 2. Pablo Trejo Garrido, 3. Floriano Trejo Ortega, 4. Erasto Trejo González y 5. Erasto Trejo Garrido, respecto del auto de vinculación a proceso de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en su contra dentro de la causa penal 628/2016/ZACATLÁN, por Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla. Inconforme con dicha determinación, los quejosos 1. Atanacio Trejo Garrido, 2. Pablo Trejo Garrido, 3. Floriano Trejo Ortega, 4. Erasto Trejo González y 5. Erasto Trejo Garrido interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-34/2020, en donde mediante ejecutoria dictada el diez de diciembre de dos mil veinte revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo al aquí quejoso. En ese tenor, por acuerdo emitido el veinticinco de enero del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante acuerdo de trece de abril de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio JOPZ/802/2021 signado por la autoridad responsable Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, por el cual -en cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, remitió un disco versátil digital en el que obra la audiencia de seis de abril de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 628/2016/ZACATLÁN. Enseguida, con el contenido del oficio JOPZ/802/2021 y anexo -disco versátil digital- así como con el de los diversos JOPZ/223/2021 y JOPZ/448/2021 -registros 3175 y 1887 ambos de 2021- se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de diecisiete de enero de dos mil veinte, se declaró constitucional el auto de vinculación a proceso de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en contra de los quejosos 1. Atanacio Trejo Garrido, 2. Pablo Trejo Garrido, 3. Floriano Trejo Ortega, 4. Erasto Trejo González y 5. Erasto Trejo Garrido, dentro de la causa penal 628/2016/ZACATLÁN, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de despojo y, por ende, se les negó el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a ese acto combatido. Lo anterior, -medularmente- por lo siguiente: i) Que se cumplieron con ciertas formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio de los quejosos y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. ii) Que la jueza de control se cercioró -con el auxiliar de sala- que los defensores que asistieron a los quejosos eran licenciados en derecho y que ello constara en las videograbaciones respectivas, en observancia al derecho de defensa previsto en el artículo 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución. iii) Que fue ilegal que la jueza de control declarara infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del desechamiento de datos de prueba anunciados en audiencia inicial; sin embargo, también se dijo que una hipotética reposición de la audiencia inicial para el único fin de admitirlos, no redundaría beneficio alguno a los ahora quejosos. iv) Que la agente del ministerio público expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso a los aquí quejosos y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, solicitado por la defensa. v) Que existieron datos de prueba suficientes para establecer la existencia de un hecho con apariencia del delito de despojo, previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I, y 409 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Heliodora Trejo Trejo. vi) Que dichos datos de prueba también fueron suficientes para establecer la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión, de conformidad con los artículos 13 y 21, fracción I, del citado código penal. vii) Que el medio de prueba ofrecido por la defensa -consistente en el interrogatorio directo de Adelaida Trejo Trejo- y desahogado en audiencia inicial, así como los datos de prueba desechados en esa etapa, no reportaban beneficio alguno a los quejosos, es decir, no eran suficientes para desvirtuar la información de cargo que pesaba en su contra y, por ende, no aptos para que se dictara en su favor auto de no vinculación a proceso. Sin embargo, mediante ejecutoria dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del amparo en revisión R-34/2020, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito revocó la sentencia de este órgano jurisdiccional y declaró inconstitucional el referido auto de vinculación a proceso. En efecto, el Tribunal de Alzada estimó que no fue correcto que este órgano de control constitucional, al advertir una violación procesal por parte de la juez de control, valorara las documentales ofrecidas por la defensa como datos de prueba, ya que su análisis era una facultad exclusiva del juez de control que no podía ejercer un juez de distrito. Para arribar a dicha conclusión, hizo referencia a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 109/2019, estableció: ( Que el ejercicio intelectual llevado a cabo por el juez de la causa para otorgar un valor determinado a una prueba dentro del proceso penal -valoración de la prueba- es una facultad exclusiva de éste, que no puede ser ejercida por un juez distrito, ya que ello se traduciría en una sustitución del primero, salvo que se comprueben alteraciones que afecten, precisamente, esa actividad intelectual. ( Que el medio de prueba es el instrumento esencial de que se vale el juzgador para conocer los hechos -prueba en sí misma-, mientras que el juicio de prueba o valoración de prueba, consiste en el acto procedimental caracterizado por un análisis conjunto de todo lo aportado en la investigación, para así obtener un resultado, ya que dicha valoración de la prueba al ser una actividad intelectiva que desarrolla el juez de la causa, considerando sus conocimientos de derecho y de las máximas de la lógica, la experiencia, la imparcialidad y la equidad, debe ajustarse a los principios constitucionales y legales que circunscriben al debido proceso legal. ( Que el juzgador de amparo no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción ante una deficiente fundamentación y motivación, esto es, no puede llevar a cabo el ejercicio intelectivo necesario para valorar una prueba determinada, sin que implique que el primero no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable. ( Que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. ( Que este órgano jurisdiccional se sustituya en la función que constitucionalmente le corresponde al juez del proceso, ya que simplemente llevará a cabo la revisión de lo actuado por este último, en cuanto a la valoración de la prueba, para determinar si en la especie trasgredió o no las garantías constitucionales que resulten aplicables. ( Que el juicio de amparo no es una instancia más en el proceso penal, por lo que al juzgador constitucional no le corresponde calificar ni sancionar la conducta del acusado y tampoco debe estudiar de manera directa el acervo probatorio que obra en autos, sino solo el modo en el que la autoridad responsable le confirió determinado valor, ya que, de lo contario, no habría mayor diferencia entre la labor de dicha autoridad responsable y el juzgador de amparo. ( Que si bien la ponderación de los datos de prueba que aporte el imputado o su defensa a favor de sus intereses, y en contradicción con los esgrimidos por el ministerio público, para los efectos del dictado del auto de vinculación a proceso, durante el plazo constitucional -setenta y dos horas o en su ampliación- es una facultad exclusiva del juez de la causa que no puede ejercer el órgano de amparo y, por tanto, no pueden sustituirse a aquellos en su apreciación. ( Que lo último no implica que no se pueda revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que realizan las autoridades judiciales de instancia; esto es, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, más no el dato de prueba en sí. ( Que, por ende, su análisis debe circunscribirse única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el juzgador de primera instancia y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación; sin que ello implique que se sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que únicamente se analiza la legalidad de la ponderación que hizo la autoridad responsable, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar así, que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Ante tales razonamientos vertidos y estudiados por el tribunal de alzada respecto de la sentencia que este órgano jurisdiccional emitió con fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, así como de los agravios empleados por los imputados en su escrito por el cual interpusieron recurso de revisión en contra de la citada sentencia, dicho tribunal determinó que se dejó a los quejosos en estado de indefensión al coárteseles su garantía de defensa para aportar datos de prueba, en contravención a los principios de contradicción e igualdad procesal; por lo que, el superior, determinó que era sustancialmente fundado y preponderante unos de los agravios esgrimidos por la parte recurrente y suficiente para revocar la sentencia combatida y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Jueza de Control de la Región Norte, Zacatlán, Puebla: 1. Dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el doce de noviembre de dos mil diecinueve en el proceso 628/2016. 2. Declarara fundado el recurso de revocación y admitiera los datos de prueba consistentes en las documentales públicas: ( Expediente 1665/2002, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, relativo al juicio reivindicatorio promovido por Heliodora Trejo Trejo, en contra de los quejosos Atanacio Trejo Garrido y Pablo Trejo Garrido. ( Expediente 1039/2001, relativo a un juicio de servidumbre legal de paso, promovido por la citada víctima en contra del mismo quejoso Atanacio Trejo Garrido. ( Informe registral certificado de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por Jaqueline Aguilar Díaz, Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Zacatlán, Puebla y solicitado por el quejoso Floriano Trejo Ortega, que al parecer hace relación a un derecho en favor de Rosa Garrido de Trejo sobre el predio en controversia. ( Escritura original de quince de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, relativa al contrato de compra-venta de terreno ubicada en la ranchería Matlahuacales, segunda sección de Zacatlán, Puebla, celebrado por Taide Trejo García y por Rosa García de Trejo. ( Informe registral certificado emitido por Jaqueline Aguilar Díaz, Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Zacatlán, Puebla y solicitado por el quejoso Erasto Trejo Garrido, que al parecer hace relación a un derecho en favor de Rosa Garrido de Trejo (padre) que al parecer hace relación a un contrato de compra-venta celebrado entra Margarito Trejo y María de la Luz García con Taide Trejo García. 3. Hecho lo anterior, procediera a resolver la situación jurídica de los quejosos, ponderando los referidos datos de prueba en contradicción con los expuestos por el ministerio público. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dentro de la causa penal 628/2016/ZACATLÁN, realizó lo siguiente: A. Mediante auto dictado el tres de febrero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve -acto reclamado-. B. En audiencia celebrada el seis de abril de dos mil veintiuno, declaró fundado el recurso de revocación promovido por la defensa particular contra la resolución que desechó diversas documentales ofrecidas como datos de prueba en diversa audiencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve (por falta de pertinencia) y, por ende, admitió: i) el expediente 1665/2002, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, relativo al juicio reivindicatorio promovido por Heliodora Trejo Trejo, en contra de los quejosos Atanacio Trejo Garrido y Pablo Trejo Garrido; ii) el expediente 1039/2001, relativo a un juicio de servidumbre legal de paso, promovido por la citada víctima en contra del mismo quejoso Atanacio Trejo Garrido; iii) el informe registral certificado de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por Jaqueline Aguilar Díaz, Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Zacatlán, Puebla y solicitado por el quejoso Floriano Trejo Ortega, que al parecer hace relación a un derecho en favor de Rosa Garrido de Trejo sobre el predio en controversia; iv) la escritura original de quince de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, relativa al contrato de compra-venta de terreno ubicada en la ranchería Matlahuacales, segunda sección de Zacatlán, Puebla, celebrado por Taide Trejo García y por Rosa García de Trejo; y, v) el informe registral certificado emitido por Jaqueline Aguilar Díaz, Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Zacatlán, Puebla y solicitado por el quejoso Erasto Trejo Garrido, que al parecer hace relación a un derecho en favor de Rosa Garrido de Trejo (padre) que al parecer hace relación a un contrato de compra-venta celebrado entra Margarito Trejo y María de la Luz García con Taide Trejo García. C. Procedió a resolver la situación jurídica de los quejosos, ponderando los referidos datos de prueba que fueron aportados por la defensa en contradicción con los expuestos por el ministerio público, dictando nuevamente auto de vinculación a proceso, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de despojo, en agravio de Heliodora Trejo Trejo. 3. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso reclamado; ii) declaró fundado el recurso de revocación hecho valer por la defensa particular de los quejosos y, luego, admitió los datos de prueba que habían sido desechados; y, iii) resolvió la situación jurídica de los imputados ponderando los datos de prueba aportados por dicha defensa. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Por otro lado, no pasa desapercibido que al inicio de la audiencia de seis de abril de dos mil veintiuno -en la que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, la jueza de control manifestó estar "conmovida" y "confundida", porque -a su apreciación- el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-34/2020, inobservó la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), al vincularla a admitir el recurso de revocación interpuesto por la defensa -en diversa audiencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve- contra el desechamiento de los datos de prueba antes indicados, tomando en cuenta -refirió- que, según ese criterio jurisprudencial, sólo es procedente dicho medio de impugnación contra determinaciones que no tuvieron previa sustanciación. Al respecto, dígase a la jueza de control que el recurso de revocación fue admitido en audiencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve y que el fallo protector únicamente la vinculó a declararlo fundado; es decir, al margen de que no se inobservó ese criterio jurisprudencial, la decisión de admitir el recurso de referencia se dictó en primera instancia del procedimiento de origen y no derivó de una sentencia de amparo, por lo que no era procedente que en una instancia constitucional se declarara mal admitido ese recurso en observancia al principio de "no reforma en perjuicio del apelante", pues precisamente al ser el quejoso el que combate la resolución, no se puede empeorar su situación en el juicio de amparo. Notifíquese por lista a los quejosos -en cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve-; personalmente a la tercera interesada Heliodora Trejo Trejo; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada Verónica Mendoza Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla -interviniente en la causa penal de origen- (a dichas autoridades vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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