Florentino Vázquez Pimentel

Expediente 1345/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1345/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Florentino Vázquez Pimentel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio proveniente de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, acusa de recibo el diverso 994/2022 del índice de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, doce de enero de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente asunto, de las que se advierte que el quejoso **************; reclama medularmente del Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades, el acto consistente en: ". la falta de pago al quejoso del importe de $**************.." En esa tesitura, la autoridad responsable mediante oficios números 600.602/SC/JDAR/JJCS/44809/2021 y 600.602/SC/JDAR/JJCS/44884/2021 de veintidós de noviembre y veintiuno de diciembre ambos de dos mil veintiuno, informó a este órgano jurisdiccional el pago a la pretensión fundamental del quejoso, tal como lo acreditó con la copia certificada donde se advierte la expedición y entrega del pago por la cantidad antes mencionada, a favor del aquí quejoso, por conducto de ******************, de quien se asentó su número de credencial para votar y la exhibición del poder notarial. Oficio que tiene el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público investido de fe pública y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones; la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firma y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documento público se le confiere eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202, del Código Procesal invocado. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior, es claro que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma Ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, quince de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable no había pagado al quejoso el importe ya destacado y fue hasta el once de noviembre de dos mil veintiuno, que le pagó la cantidad en comento, resulta evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para el día trece de los actuales, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte de amparo, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual en desahogo al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de diciembre pasado, remite copia certificada del expediente de nulidad **************, de su índice; al respecto, se tiene por desahogando el requerimiento de mérito. Tomando en consideración la voluminosidad del anexo que se acompañó al ocurso de cuenta, se ordena formar por separado un legajo de pruebas identificado como tomo I, en el entendido que las subsecuentes actuaciones, se llevarán a cabo en el presente cuaderno principal. En ese orden, hágase del conocimiento de las partes que dichas constancias se encuentran a su disposición para consultarse físicamente en el local que ocupa este Juzgado de Distrito, con las reservas correspondientes cuando se trate de información confidencial. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte del escrito inicial de demanda que la parte quejosa señaló como acto reclamado, entre otros, el siguiente: "(...) A. de as autoridades señaladas como responsables en los puntos 1, 2, 3 y 4 del apartado anterior, se reclama LA OMISIÓN DE CUMPLIR plenamente en sus términos y para todos los efectos en que fue emitida, la sentencia de 23 de mayo del año 2019, dictada en los autos del juicio de contencioso administrativo número 25145/18-17-18-4, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (...)" En ese sentido, toda vez que se estima indispensable tener información clara y veraz sobre el acto reclamado y sus antecedentes, se considera pertinente allegarse de pruebas para mejor proveer. Por tanto, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del plazo de tres días remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que integran el expediente de nulidad 25145/18-17-10-4. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Así lo proveyó Eliana Damián Gaspar, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistida de la secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

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