Florentino Sánchez Hervert

Expediente 1644/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1644/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Florentino Sánchez Hervert
  • Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que, a la fecha, ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del auto de once de febrero de dos mil veintidós, donde se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 1644/2021-I; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Lo anterior, en el entendido de que no fue necesario realizar el computo respectivo por cuanto hace a las autoridades responsables, ya que estas no se vieron afectadas con el sentido de la resolución dictada en este juicio de garantías, como lo prevé el artículo 87, párrafo I, de la ley de la materia. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado Martin Eduardo Silguero Muñoz, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la materia, a través del cual solicita copia certificada de las constancias que menciona en su ocurso; con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele a su costa las mismas, previa toma de razón que, para constancia de recibido, se deje en autos. En consecuencia, este órgano jurisdiccional generó el QR impreso, por lo que, el licenciado Martin Eduardo Silguero Muñoz, deberá acudir a este Juzgado de Distrito, a las trece horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, a fin de realizar las gestiones relativas al otorgamiento de las copias que se piden. Por tanto, se comisiona a la actuaria adscrita para que, con el citatorio respectivo, entregue el código QR en mención, para que la persona en comento tenga la posibilidad de acceder a las instalaciones que ocupan este tribunal en la hora y fecha señaladas. Se hace saber al citado profesionista que deberá respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Notifíquese personalmente al licenciado Martin Eduardo Silguero Muñoz. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, once de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de emitir el acuerdo de pruebas correspondiente, dentro del expediente administrativo laboral 427/E06/2019, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que del contenido del informe justificado con que se da cuenta se advierte que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se calificaron las mismas, cuya omisión se dolía la parte quejosa, por lo que ha quedado sin efectos el acto reclamado, puesto que, como se dijo, la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente dentro del expediente administrativo laboral 427/E06/2019, de su índice, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional. No es óbice para la improcedencia apuntada en esta contienda, que en las constancias enviadas por la responsable no obre la notificación personal de la parte actora, aquí quejosa, del acuerdo recaído a las pruebas ofrecidas, ya que el acto reclamado constituyó, en esencia, una omisión violatoria a las garantías de administración de justicia consagradas por el artículo 17 constitucional, máxime que deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que el interesado se encuentra obligado a encontrarse pendiente de las solicitudes que planteé dentro del procedimiento que le interesa, por lo que, se reitera, han cesado los efectos del acto omisivo al emitirse el acuerdo respectivo. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. Finalmente, no constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta y tres minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se desprende que la autoridad responsable denominada Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado no obstante que obra en autos el acuse de recibo del oficio 51868/2021-1, por el que se ordenó su llamamiento al asunto que nos ocupa y se le solicitó tal informativa; sin embargo, se desprende además que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado por este órgano jurisdiccional para dar cumplimiento a dicha encomienda, toda vez que el comunicado antes aludido fue recibido hasta el día cuatro de enero del año en curso, dado que la citada responsable se encontraba gozando de su periodo vacacional, tal como se advierte de la razón actuarial que antecede. Para dar oportunidad a lo anterior, resulta necesario diferir la audiencia constitucional que se encuentra señalada para esta propia fecha, fijándose las diez horas con treinta y tres minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, para su desahogo. Sirve de apoyo a esa determinación, por el contenido que la informa, la Tesis Aislada número XX.2o.17 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 1571, del Tomo XXII, del mes de Julio de 2005, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE NO DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SI EN LA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO POR ENCONTRARSE DE VACACIONES. Del artículo 149 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días hábiles, los cuales se contarán a partir del momento en que queden legalmente notificadas, lapso que podrá ampliarse hasta por otros cinco si el caso lo amerita. Ahora bien, si durante el transcurso del término a que se refiere el precepto antes citado inicia el periodo vacacional de la autoridad responsable, es evidente que aquél se interrumpe, ya que de lo contrario el informe no se exhibirá con la anticipación requerida por la ley de la materia, esto es, ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que generaría su diferimiento para no afectar la defensa de la parte quejosa, al impedírsele que se imponga de su contenido y, en su caso, se encuentre en posibilidad de aportar las pruebas que estime pertinentes con la finalidad de desvirtuarlo. De donde se sigue que si la autoridad responsable a quien se ha solicitado el informe se encuentra gozando de vacaciones y no obstante ello el a quo celebra la audiencia a que refiere el artículo 155 de la Ley de Amparo, y ante la omisión presume como cierto el acto reclamado y además arroja la carga de la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad a la parte quejosa, por no ser el acto de que se duele en sí mismo violatorio de garantías, ello constituye una trasgresión a las normas que rigen el procedimiento de amparo en términos de la fracción IV del artículo 91 de la citada ley." Notifíquese por lista.

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