Florentino Rivero Rodriguez

Expediente 4813/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
4813/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • Florentino Rivero Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, trece de julio de dos mil dieciocho. Visto el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, mediante el cual remite el original y duplicado de los cuadernos relativos al incidente de suspensión; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de la misma en su numeral 2º, agréguese a los autos. Acúsese de recibo. Por cuanto hace a los cuadernos remitidos, identifíquense con las caratulas respectivas a este sumario y provéase lo conducente. Archivo del expediente. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Ahora, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Por otra parte, con fundamento en el referido numeral 221 del código adjetivo, agréguese sin mayor trámite, a los autos el oficio mediante el cual, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pretende rendir su informe previo; toda vez que la audiencia incidental se celebró a las nueve horas con treinta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil quince, dictándose la respectiva resolución interlocutoria en el mismo día. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 19, de la ley de la materia, ténganse como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    VISTO. POR NO ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA, A FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO; EN CONSECUENCIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO QUE SE FIJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; POR LO QUE SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE LA LEY DE AMPARO, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFIQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos se desprende que ya transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de abril de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del oficio remitido por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria en el que le informó que no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica; sin que a la fecha lo haya hecho. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 446), autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, aunado al hecho de que ésta última no manifestó su inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 391 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de seis de julio de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se AVOCÓ al conocimiento del presente asunto, solicitando al Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón remitiera los cuadernos relativos al incidente de suspensión, sin que a la fecha en se actúa lo haya realizado. Por tanto, solicítese atentamente al Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva remitir a este Juzgado los cuadernos relativos al incidente de suspensión derivado del presente asunto a fin de poder archivar el presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.

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