Florentino Prudencio Rodríguez

Expediente 1159/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1159/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
12/08/2019

Partes del expediente

  • Florentino Prudencio Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón que antecede, se advierte la imposibilidad del Auxiliar de Actuario de la Unidad de Notificadores para los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para notificar a la Administración Local de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria, debido a que no se especificó el área a la que iba dirigido, siendo la denominación correcta Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1". En consecuencia, reexpídanse los oficios 26424/2019 y 26052/2019 a la citada autoridad, a fin de que tenga conocimiento de los autos de dos y siete de agosto, ambos de dos mil diecinueve, y esté en aptitud de realizar el cobro de la multa ordenada en proveído de dos de agosto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por Florentino Prudencio Rodríguez, para que obre como corresponda, ello en virtud de que por auto de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda promovida por el promovente (fojas 27 a 33).

  3. Principal

    1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito signado por Florentino Prudencio Rodríguez, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de ocho del mes y año en curso; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos 2 DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la lectura integral al escrito de demanda de amparo y al diverso aclaratorio de cuenta, se advierte que el promovente del amparo señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, el siguiente "A).- En relación al PRIMER requerimiento que me hace su señoría en el sentido de precisar cuál es la resolución que me causa agravio, al efecto, debo señalar que el origen del acto reclamado es la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil diecinueve, dictada por (sic) Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, misma determinación que impone la MALA NOTA en contra del suscrito, misma resolución que fue combatida en tiempo y forma mediante recurso de inconformidad por el ocursante, y que sin embargo se confirma por sentencia de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve, misma que no podía ser recurrible de forma alguna. De lo anterior se debe advertir que la sentencia que impone la NOTA MALA al ser combatida no ha causado estado y la intención que tiene el quejoso es que se modifique esa determinación. Basado en lo anterior, la determinación que entraña la 'nota mala' en mi agravio es la resolución de fecha veintinueve de abril del año en curso y que fue confirmada por la determinación de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve dictada por la autoridad señalada como responsable." Esto es, Florentino Prudencio Rodríguez se duele esencialmente de la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Directora de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, mediante la cual confirmó la determinación de veintinueve de abril del mismo año, por la que a su vez impuso una "nota mala" en el expediente personal del hoy quejoso, por haber contravenido lo dispuesto por los artículos 25, fracciones VII y IX, y 26, fracción VII, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública. Establecido lo anterior, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. De los preceptos en cita, se observa que -entre otras cuestiones- el juicio contencioso administrativo, procede en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas estatales que pongan fin a un procedimiento administrativo. Por ende, la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Directora de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, mediante la cual confirmó la determinación de veintinueve de abril del mismo año, por la que a su vez impuso una "nota mala" en el expediente personal del hoy quejoso, por haber contravenido lo dispuesto por los artículos 25, fracciones VII y IX, y 26, fracción VII, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, es susceptible de ser recurrida mediante el juicio contencioso administrativo. Máxime que de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Lo anterior, se corrobora con el examen comparativo del artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, frente a los artículos 125, 126, 128, 132, 135 y 136 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, De los precitados numerales se advierten los requisitos, o condiciones, previstos en la Ley de Amparo, a fin de que sea procedente otorgar la suspensión del acto. A saber, el artículo 128 de la mencionada legislación establece como requisitos I. Que la solicite el quejoso II. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público. Asimismo, en el ordinal 135, de la ley en cita, indica que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente; y, la misma surtirá sus efectos previo depósito que se realice a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio correspondiente. Por otra parte, el diverso 136 de la ley de la materia, establece que el auto en el que el Juez de Distrito, conceda la suspensión del acto surtirá sus efectos aun cuando se interponga el recurso de revisión, sin embargo, si dentro del término de cinco días el quejoso no da cumplimiento a los requisitos exigidos dejará de surtir los efectos correspondientes. En ese orden de ideas, a efecto de evidenciar que la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no prevé mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos administrativos, es menester citar el numeral 55, de la citada ley administrativa, El precepto normativo de referencia, indica en forma concreta, los supuestos ante los cuales se otorgará la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, mismos que no exceden de los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, ya que permite que la garantía del interés fiscal se haga ante la autoridad ejecutora por cualquier medio establecido en las leyes fiscales, aunado a que la garantía podrá reducirse de acuerdo a la capacidad económica del particular. Asimismo, en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable; y, para el caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. De igual forma, establece que el Magistrado deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. De lo expuesto, se desprende que el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 132,135 y 136, de la Ley de Amparo; por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, y por tanto no se surte la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, el acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales; no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción y; el acto reclamado no son de los contenidos en el artículo 22 constitucional, por ser una resolución administrativa. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos 112 y 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Florentino Prudencio Rodríguez.

  4. Principal

    CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito signado por Florentino Prudencio Rodríguez, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de ocho del mes y año en curso; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos 2 DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la lectura integral al escrito de demanda de amparo y al diverso aclaratorio de cuenta, se advierte que el promovente del amparo señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, el siguiente "A).- En relación al PRIMER requerimiento que me hace su señoría en el sentido de precisar cuál es la resolución que me causa agravio, al efecto, debo señalar que el origen del acto reclamado es la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil diecinueve, dictada por (sic) Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, misma determinación que impone la MALA NOTA en contra del suscrito, misma resolución que fue combatida en tiempo y forma mediante recurso de inconformidad por el ocursante, y que sin embargo se confirma por sentencia de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve, misma que no podía ser recurrible de forma alguna. De lo anterior se debe advertir que la sentencia que impone la NOTA MALA al ser combatida no ha causado estado y la intención que tiene el quejoso es que se modifique esa determinación. Basado en lo anterior, la determinación que entraña la 'nota mala' en mi agravio es la resolución de fecha veintinueve de abril del año en curso y que fue confirmada por la determinación de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve dictada por la autoridad señalada como responsable." Esto es, Florentino Prudencio Rodríguez se duele esencialmente de la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Directora de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, mediante la cual confirmó la determinación de veintinueve de abril del mismo año, por la que a su vez impuso una "nota mala" en el expediente personal del hoy quejoso, por haber contravenido lo dispuesto por los artículos 25, fracciones VII y IX, y 26, fracción VII, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública. Establecido lo anterior, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. De los preceptos en cita, se observa que -entre otras cuestiones- el juicio contencioso administrativo, procede en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas estatales que pongan fin a un procedimiento administrativo. Por ende, la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Directora de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, mediante la cual confirmó la determinación de veintinueve de abril del mismo año, por la que a su vez impuso una "nota mala" en el expediente personal del hoy quejoso, por haber contravenido lo dispuesto por los artículos 25, fracciones VII y IX, y 26, fracción VII, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, es susceptible de ser recurrida mediante el juicio contencioso administrativo. Máxime que de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Lo anterior, se corrobora con el examen comparativo del artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, frente a los artículos 125, 126, 128, 132, 135 y 136 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, De los precitados numerales se advierten los requisitos, o condiciones, previstos en la Ley de Amparo, a fin de que sea procedente otorgar la suspensión del acto. A saber, el artículo 128 de la mencionada legislación establece como requisitos I. Que la solicite el quejoso II. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público. Asimismo, en el ordinal 135, de la ley en cita, indica que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente; y, la misma surtirá sus efectos previo depósito que se realice a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio correspondiente. Por otra parte, el diverso 136 de la ley de la materia, establece que el auto en el que el Juez de Distrito, conceda la suspensión del acto surtirá sus efectos aun cuando se interponga el recurso de revisión, sin embargo, si dentro del término de cinco días el quejoso no da cumplimiento a los requisitos exigidos dejará de surtir los efectos correspondientes. En ese orden de ideas, a efecto de evidenciar que la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no prevé mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos administrativos, es menester citar el numeral 55, de la citada ley administrativa, El precepto normativo de referencia, indica en forma concreta, los supuestos ante los cuales se otorgará la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, mismos que no exceden de los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, ya que permite que la garantía del interés fiscal se haga ante la autoridad ejecutora por cualquier medio establecido en las leyes fiscales, aunado a que la garantía podrá reducirse de acuerdo a la capacidad económica del particular. Asimismo, en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable; y, para el caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. De igual forma, establece que el Magistrado deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. De lo expuesto, se desprende que el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 132,135 y 136, de la Ley de Amparo; por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, y por tanto no se surte la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, el acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales; no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción y; el acto reclamado no son de los contenidos en el artículo 22 constitucional, por ser una resolución administrativa. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos 112 y 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Florentino Prudencio Rodríguez.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano