Florentino López Morales
Expediente 575/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 31/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Florentino López Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con firma electrónica que remite el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por virtud del cual solicita se le acuse recibo del oficio 2821 al que se adjuntó testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 140/2020 de su estadística. Como lo solicita, remítase de manera inmediata el acuse de recibo respectivo -vía electrónica-.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; consecuentemente, al no haber hecho uso de tal derecho, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio procede a determinar si se cumplió o no. De constancias se advierte la sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para que la autoridad responsable juez Quinto Civil de Partido en esta localidad hiciera lo siguiente: "(.) a) Deje insubsistentes los proveídos reclamados en forma destacada de diecinueve de agosto y nueve de septiembre, ambos de dos mil veinte, dictados en el subyacente juicio ordinario civil ************; b) En su lugar dicte otros, en los que con libertad de jurisdicción provea conforme a Derecho sobre la medida cautelar solicitada por el hoy tercero interesado *****************, por conducto de sus mandatarios; empero, sin incurrir en el vicio formal destacado en esta sentencia; por tanto, deberá ponderar si los elementos aportados por la parte solicitante de la medida, son aptos para determinar si se actualizan los dos presupuestos de toda providencia cautelar, consistentes en: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora -en los términos indicados en esta resolución-. También, deberá analizar que las medidas cautelares necesariamente deben decretarse en función de las prestaciones reclamadas y consecuencias que pudieran generar, esto es, si la pretensión de la medida es asegurar la materia de la litis y/o dar efectividad a la ejecución de la sentencia que, en su caso, pudiera ser favorable a los intereses de la parte actora. Análisis que comprende la precisión de la situación de hecho existente que se pretende mantener, y de qué medios de prueba aportados a la demanda se advierte tal situación fáctica. De igual forma, en caso de que resulte procedente la medida cautelar solicitada, deberá expresar las razones y motivos que justifiquen el monto de la garantía que exija para el pago posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la medida solicitada. (.)". En cumplimiento a la ejecutoria de mérito la juez Quinto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato remitió, mediante oficio registrado con el número 7211, copia certificada del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en la que dejó insubsistentes los autos reclamados de diecinueve de agosto y nueve de septiembre, ambos de dos mil veinte, dictados en el juicio ordinario civil ***********; también remitió copia certificada de la resolución de dos de septiembre del año en curso, en la que determinó que es improcedente decretar la medida de mantención de hechos solicitada por el tercero interesado, en razón de lo siguiente: "(.) Atendiendo al alcance de los hechos en que sustentó la procedencia de la medida solicitada, resulta pertinente dejar establecido que las prestaciones reclamadas en la demanda son: 1.- la declaración judicial de nulidad absoluta de la asamblea extraordinaria de fecha 13 trece de Abril del año 2020 dos mil veinte; 2.- pago de daños y perjuicios y 3.- La reparación de daño moral, consistente en una indemnización en dinero por la afectación que haya sufrido el actor. En ese alcance se precisa que la medida de mantención de hechos solicitada resulta improcedente, toda vez que las medidas precautorias como un derecho en favor de una de las partes en juicio, les permite en su caso, asegurar o conservar la materia del litigio, o bien evitar un grave e irreparable daño en el proceso cuando se obtiene una sentencia favorable, lo cual se traduce en hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de la parte reo, por ello, las medidas cautelares deben decretarse necesariamente en función de las prestaciones reclamadas y las consecuencias que pudieran general, ya que si la pretensión de la medida cautelar es asegurar la materia de la Litis o dar efectividad a la ejecución de la sentencia que en su caso sea favorable al actor, deben analizarse entonces los elementos aportados por el solicitante para determinar si se actualizan los dos supuestos de toda medida, a saber, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En el caso concreto la apariencia del buen derecho, consistente en una prestación anticipada de la pretensión del actor, para determinar la probabilidad de que pueda tener una sentencia favorable como para decidir que con la medida que solicita, pueda asegurarse la mantención de un hecho que no deje sin materia el juicio o bien evitar un grave e irreparable daño en el proceso en caso de obtener una sentencia favorable, en el caso concreto no se actualiza el supuesto señalado, ya que de otorgarse la medida y para no seguir en función la asamblea de la cual se demanda su nulidad y ser una expectativa su legal o ilegal constitución, el juicio quedará sin materia antes de resolver respecto de su constitución y actual funcionamiento, hecho este que constituye la base primordial de la acción, y como consecuencia del resto de las prestaciones reclamadas, sin que se advierta además, de los elementos aportados para la solicitud de la medida, la actualización de algún otro que haga patente su otorgamiento, ya que en su caso como lo refiere el solicitante, el salvaguardar, garantizar o preservar el patrimonio de la *****************************, y las cuotas de los usuarios de la misma, así como preservar la democracia y la libertad de asociación y organización de la referida asociación y sus usuarios, no sería efectiva con la concesión de la medida solicitada, dados los derechos y obligaciones que como asociados tienen las personas que las conforman. Por otra parte, de concederse, no actualizaría dar efectividad a la ejecución de la sentencia en caso de que esta fuera favorable al actor, además de que se paralizaría el funcionamiento de los fines de dicha asociación para los que fue creada, lo cual sería contrario al hecho en que se sustenta la petición de la misma, que es el de preservar el patrimonio de la asociación. En esa tesitura y al no ser procedente el primero de los elementos para la concesión de la medida solicitada, resulta irrelevante el estudio del segundo de los presupuestos, esto es el peligro en la demora, porque aunque aún ante su actualización, la medida es improcedente en virtud de no estar satisfecho el primer elemento (.)". Luego, si la protección federal se otorgó para esos precisos efectos, esto es, para que la autoridad responsable dejara insubsistentes los proveídos reclamados y con libertad de jurisdicción emitiera determinación en la proveyera sobre la medida cautelar solicitada por el tercero interesado, debiendo ponderar si los elementos aportados por este resultaban aptos para determinar la actualización de los dos presupuestos necesarios de la medida, a saber, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, lo que así hizo; entonces es inconcuso que acató la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, por resultar innecesaria la retención de la documental que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe con justificación, se ordena su devolución.
- Principal
Con fundamento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio suscrito por la juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad, con el que expresa dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, pues al efecto remitió copia certificada del proveído de treinta y uno de agosto del año en curso dejó insubsistente los actos reclamados -proveídos de diecinueve de agosto y nueve de septiembre, ambos de dos mil veinte-, y del diverso auto de dos de septiembre siguiente, mediante el cual dictó un nuevo acto, en el que aduce, siguió los lineamientos del fallo protector; todo ello dentro del juicio ordinario civil *****. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su respectivo interés convenga; apercibidos que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.
- Principal
Agréguese a los autos la misiva que suscribe el juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad, por virtud del cual acusa recibo del diverso comunicado 8161/2021 del índice de este órgano judicial, por el que se le notificó la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
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