Florentino García Añórve

Expediente 705/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
705/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2017

Partes del expediente

  • Florentino García Añórve

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 705/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Florentino García Añorve, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "A) Consiste en la inactividad procesal en que ha incurrido la H. junta especial número 43 de la federal de conciliación y arbitraje de Acapulco Guerrero, en la tramitación del expediente laboral 268/2017, toda vez que no ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 685, 771, 873 de la Ley Federal del Trabajo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que hasta ésta fecha no ha tomado las medidas necesarias para lograr el, EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LOS DEMANDADOS YOLI DE ACAPULCO S. DE R.L. DE C.V.; YOLI DE ACAPULCO S.A. DE C.V.; SERVICIOS ADMINISTRATIVOS YOLI S.A. DE C.V.; Y/O LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTE SER PROPIETARIA, RESPONSABLE, O EXPLOTE LA FUENTE DE TRABAJO. B) Como consecuencia de lo anterior EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA BIFASICA que deberá de celebrarse, dentro de los términos que marca la Ley Federal del Trabajo y del cual también ha sido omisa la Autoridad Responsable." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 705/2017; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el diverso 36/2016 que lo modifica; ya que se reclama una omisión dentro de un juicio laboral que se considera de imposible reparación, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a la demanda, se precisa que el quejoso como actor en el juicio laboral 268/2017 reclama la omisión de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de tomar las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada y como consecuencia de ello, la celebración de la audiencia bifásica. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto omisivo reclamado a la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en virtud de que así lo reconoció al rendir informe con justificación -por conducto de su Presidente-, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa. Certeza que además se corrobora con las diversas constancias del juicio laboral 268/2017 que en copia certificada remitió y que por ser documentales públicas hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los diversos artículos 129, 197 y 202 del código federal adjetivo civil en cita de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, de las que se advierte que a la fecha no se ha logrado el emplazamiento de los demandados y por consiguiente la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, en acatamiento a la técnica que rige en el juicio de amparo respecto del estudio preferente y oficioso de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tenemos que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el diverso ordinal 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte el artículo 170 del mismo ordenamiento establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De la lectura de los preceptos legales transcritos, se llega a la conclusión de que, respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, estableciendo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante se cita, que son dos las condiciones que el legislador dispuso para ello: 1) La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). La jurisprudencia de que se habla, es la P./J. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese tenor, si el quejoso reclama la omisión de la junta responsable de dictar las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 268/2015 y por consiguiente la celebración de la audiencia bifásica, entonces se evidencia que el juicio de amparo resulta improcedente, ya que tal omisión no constituye un acto dentro del juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, dado que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, dicha omisión corresponde a una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo como lo es la falta de respuesta a una petición expresa y la falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que, como lo estableció la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De la contradicción de tesis referida, surgió la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011580, cuyos rubro y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Máxime que, no se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia antes citada, pues el suscrito no considera que exista una abierta dilación al procedimiento o paralización total del mismo, pues de las documentales que allego al sumario la propia junta responsable se obtiene que: 1. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil diecisiete, el aquí quejoso Florentino García Añorve demandó en la vía laboral a Yoli de Acapulco, S. de R.L. de C.V.; Yoli de Acapulco, S.A. de C.V.; Servicios Administrativos Yoli, S.A. de C.V., y/o la persona física o moral que resultara responsable, propietaria o explotara la fuente de trabajo con domicilio en carretera Acapulco-Pinotepa Nacional km 175, San Juan de los Llanos, Ometepec, Guerrero, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones. 2. Por auto de once de abril siguiente, la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, radicó la demanda bajo el número 268/2017; y ordenó girar exhorto al Juez de Paz de Ometepec, Guerrero, para que en su auxilio emplazara a la parte demandada (comunicación oficial que se libró el once de mayo siguiente), asimismo señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 3. Previos diferimientos, el dieciséis de agosto del año en curso (con posterioridad a la presentación y admisión del juicio de amparo en que se actúa) se difirió nuevamente la audiencia bifásica y se ordenó girar exhorto recordatorio al Juez de Paz de Ometepec, Guerrero, para que llevará a cabo el emplazamiento de los demandados, bajo el apercibimiento que no hacerlo se daría vista a su superior jerárquico, comunicación oficial que se libró el veintiuno de dicho mes. Es decir, la Junta responsable ha dictado las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada y consecuentemente la celebración de la audiencia bifásica, pues ha girado diversas comunicaciones oficiales al Juez de Paz de Ometepec, Guerrero para que realice el emplazamiento de los demandados en el domicilio que proporcionó el aquí quejoso, aunado a que la omisión reclamada no tiene una temporalidad distante, dado que la última fecha por la que ordenó girar exhorto recordatorio al Juez de Paz de Ometepec, Guerrero data del dieciséis de agosto último, además que con fecha veintiuno de agosto siguiente se libró el exhorto correspondiente, es decir, con motivo de la emisión y envío de dicha comunicación oficial efectuado con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, la Junta responsable ha llevado al cabo las conductas necesarias para lograr el emplazamiento de la demandada y consecuentemente la celebración de la audiencia bifásica, dado que la diligenciación de dicha comunicación oficial corresponde ahora a su destinatario, el cual no fue señalado como responsable en este asunto. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis invocada en este asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Florentino García Añorve, por derecho propio, en contra de la autoridad y actos precisados en el resultando primero y en atención a las consideraciones vertidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; a cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; dos de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Florentino García Añórve, por su propio derecho, contra actos del Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 705/2017, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberán informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS. Igualmente, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Cuauhtémoc número 18-A, despacho número 101, primer piso, colonia Centro de esta ciudad; y dada la naturaleza del juicio por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que para tal efecto designa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.

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