Florentino de Jesús Torres Martínez
Expediente 750/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/08/2016
Partes del expediente
- Florentino de Jesús Torres Martínez
Actuaciones
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- Principal
II.-Acusa recibo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, mediante el cual acusa de recibo del oficio 1593, por el que se remitieron los cuadernos incidentales (original y duplicado) derivados del juicio de amparo 750/2016 del índice de este Juzgado.
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II.-Con fundamento en el artículo 221********************del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º********************agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta********************signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango********************con residencia en la Ciudad del mismo nombre********************por medio del cual informa que se avoca al conocimiento del juicio de amparo 750/2016-II del índice de este juzgado de Distrito; motivo por el cual solicita se le remitan los cuaderno incidentales correspondientes. Atento a lo anterior********************este juzgado de Distrito queda debidamente enterado de dicha circunstancia********************para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno********************en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Luego como lo solicita el homólogo federal remítansele los incidentes de suspensión respectivos*solicitándole de la manera más atenta*el acuse de estilo. Finalmente en cumplimiento al punto vigésimo* fracción I* del acuerdo general conjunto 1/2009* emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia* digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito* se hace constar que el presente cuadernillo es susceptible de destruirse; por tanto una vez transcurridos más de seis meses a partir del día de la fecha procédase a su destrucción.
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II.-VISTO el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que la competencia de los asuntos es la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos y que las cuestiones relativas a ella, constituyen un presupuesto procesal cuyo estudio es preferente a cualquier otro, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se declara legalmente incompetente para continuar conociendo del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución General de la República y 37 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; declinando la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Durango, en turno. En principio, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; ." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto citado con antelación, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, será competente para conocer de la demanda de amparo: El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, siempre que éste no requiera de ejecución material. El Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando la ejecución del acto reclamado puede ejecutarse en más de un distrito o se ejecute en uno y siga ejecutándose en otro. En el presente caso, el solicitante de amparo hace consistir el acto reclamado en: El auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis dictado por la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que negó la libertad del aquí quejoso, dictado en la causa penal 64/2011. Dicho acto, se lo atribuye a la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México; asimismo, en su escrito de demanda manifestó que se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Siete "Nor-Noreste" en Guadalupe Victoria, Durango. En ese sentido, de las manifestaciones expuestas por el promovente en su escrito de demanda, así como de los informes justificados, se advierte que actualmente se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Siete "Nor-Noroeste" en Guadalupe Victoria, Durango. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que la ejecución del acto reclamado, que lo hace consistir en la resolución que le negó resolver favorablemente la solicitud de la libertad personal del quejoso, tiene ejecución material fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Lo anterior es así, pues el objeto de determinar la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, es necesario razonar si conforme a la naturaleza del acto reclamado requiere o no de ejecución material, y para poder establecerlo, deben considerarse los efectos que produce objetiva y jurídicamente en el derecho sustantivo alegado. De esta forma, los efectos producidos por la decisión reclamada, se traducen en una ejecución material, ya que la consecuencia inmediata y directa se producen en el derecho sustantivo alegado, en el caso, la libertad, debido a que la privación de ésta, es resultado de esa determinación. Luego, si la finalidad de la resolución de donde emana el acto reclamado, tenía como objetivo que se analizaran aspectos propios de la libertad personal del hoy quejoso, es dable determinar que éste tiene un efecto mediato y directo en relación con el derecho subjetivo inmerso, y conlleva una ejecución material directa en relación con la libertad. Pues se trata del trámite de un beneficio que incide directamente en la libertad; por tanto, trasciende a la esfera material, al mundo fáctico, en consecuencia, se puede reputar como un hecho de ejecución material. En efecto, dicha resolución tiene ejecución material, en virtud de que el quejoso está privado de su libertad, es obvio que dicho fallo se ejecutará en el lugar en que se halle recluido; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del quejoso. Lo anterior, es así en razón de que la resolución reclamada, es un acto que tiene ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, en el lugar en el que fue recluido en prisión preventiva. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también del acto reclamado que negó su libertad personal, en su caso, ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De ahí que al permanecer el procesado privado de su libertad, cuando con la resolución reclamada podría concederse su libertad, es inconcuso que la ejecución material del fallo será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva-. Respecto al tema de la libertad de los individuos, en diversos criterios la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en relación a que ésta no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material, privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación, también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Ello, en atención a que el derecho que tiene el hombre a la libertad personal, le es propio, viene de su naturaleza y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce, y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para gozar de la libertad contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el procesado se encuentre en dicha posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, para recuperar su libertad personal. En esas condiciones, cuando el procesado solicita alguno de los beneficios que el legislador establece para disfrutar de la libertad, y la autoridad correspondiente niega su tramitación o el beneficio mismo, resulta claro que a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida por el acto de que se trata, pues con ella pudo obtenerla. De lo antes expuesto, es dable aseverar que el acto reclamado por *************, a través de su defensor particular **********, tendrá inminente ejecución en la jurisdicción del Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, en turno, pues el lugar que corresponde a la jurisdicción donde se ubica el Centro Federal de Readaptación Social en el que se encuentra recluido, pertenece a Guadalupe Victoria, Durango, municipio que en términos del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, forma parte del distrito judicial que por razón territorial ejerce jurisdicción el juzgado en mención correspondiente al Octavo Circuito. Por tanto, si se toma en cuenta que el procesado está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para gozar del beneficio de la libertad, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio, resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el procesado esté recluido. En consecuencia, se ordena remitir el expediente en que se actúa y anexos, al Juez de Distrito en el Estado de Durango, en turno, previo expedientillo que se forme como antecedente, solicitándole que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción, se sirva informar si acepta o no su conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para continuar conociendo de la demanda de amparo promovida por ***********contra actos de la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y otra autoridad. SEGUNDO. Mediante oficio, remítanse los autos y anexos, al Juez de Distrito en el Estado de Durango, en turno, para los efectos del artículo 48 de la Ley de Amparo.
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ii.ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO Y TERCERO PERJUDICADO EL AUTO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:EJECUTORIA. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que la sentencia terminada de engrosar el seis de mayo de la presente anualidad (f. 1456-1480), por la que se sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se actúa, no obre el acuse postal de recibo del oficio 2596-II, dirigido al Registro Público de Derechos de Agua del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, por el que se le notificó la sentencia emitida en el presente juicio, pues dado el sentido de lo resuelto, la resolución en cita no le causa perjuicio alguno, así como a los terceros interesados, de manera que tampoco están legitimados para inconformarse en relación con ello. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvanse al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve del Estado de México, las constancias que remitió como pruebas en el presente asunto, consistentes en copia certificada del expediente agrario 158/2011, en dos tomos. Por otro lado, en atención a que el quejoso y el tercero perjudicado Simón Benjamín Pérez Torres, exhibió en el juicio de amparo en que se actúa las siguientes documentales: para el primero un legajo de copias simple y certificadas de diversas constancias que ofreció como prueba y para el segundo un legajo de copias simples; se ordena darles vista para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído acudan ante el local de este Juzgado de Distrito a recogerlas, apercibidos que en caso de ser omisos al respecto, se procederá a la destrucción de las mismas. DEVOLUCIÓN DE PIEZA POSTAL CON OFICIO. Finalmente, respecto a la pieza postal que contiene el oficio 2596-II, dirigido al Registro Público de Derechos de Agua del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, con la leyenda: "Desconocido en domicilio"; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos la pieza de cuenta, para que obre como corresponda. SE REENVÍA OFICIO. Ahora bien, dado que de autos se desprende, que tal autoridad al rendir su informe justificado (fojas 1235-1239), señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Federalismo Norte, número 186, segundo piso, Unidad Jurídica, colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco, código postal 44200; por tanto, a fin de que se imponga de su contenido, envíese correctamente el oficio que se devuelve.
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