Florentina Francisco Santillan

Expediente 785/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
785/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/06/2018

Partes del expediente

  • Florentina Francisco Santillan

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa dentro del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo, no recurrió el proveído de veintiocho de mayo pasado, en el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Por otro lado, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En tal virtud, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. En el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, párrafo primero y segundo. En el entendido que no existen documentos de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 y a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General aludido. Finalmente, a la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I. AVISO (QUEJOSA F.F.S.) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 28 DE MAYO DE 2018, QUE DICE: "Toluca, Estado de México; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo que promueven ***, por propio derecho, contra actos del Presidente del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 785/2018-I y se tiene como representante común de los quejosos al primero mencionado, por así haberlo solicitado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La resolución emitida el doce de marzo de dos mil dieciocho en el recurso de queja *******/2017. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa, reclama la resolución emitida el doce de marzo de dos mil dieciocho en el recurso de queja ******/2017. En ese sentido, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:-------------(.)----------------------------------------------------------------------------XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La anterior transcripción permite observar que en la Ley de Amparo se reiteró que para la procedencia del juicio es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que cualquiera de los dos se vea afectado. Conviene acotar que en el caso sólo se realizará el estudio del interés jurídico, pues la quejosa, al presentar la demanda de amparo, no refirió la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; ni que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, mucho menos, que él pertenezca a esa colectividad. Ahora bien, el denominado interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de garantías resultará improcedente. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. Por lo anterior, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. En el caso, la parte quejosa comparece al juicio constitucional reclamando la resolución emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México el resolución el doce de marzo de dos mil dieciocho en el recurso de queja ******/2017. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 139/2005, determinó que como el régimen de responsabilidades no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que los particulares carezcan de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa. El criterio citado se contiene en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE." Como consecuencia de lo anterior, al comparecer al presente juicio en su carácter de denunciante de la queja administrativa, la quejosa carece de interés jurídico para instar la acción constitucional, lo que actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se analiza. Sin que represente obstáculo a lo anterior el hecho de que por regla general el análisis del interés jurídico deba realizarse hasta el momento de dictar sentencia en el juicio constitucional ya que será durante la substanciación del juicio que la parte quejosa estará en aptitud de ofrecer pruebas para acreditar la afectación a su interés jurídico; sin embargo, al existir criterio expreso y absoluto respecto de que en ese tipo de hechos no se podrá acreditar el interés jurídico, dicha causa de improcedencia se actualiza de modo manifiesto e indudable, de ahí que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, proceda desechar de plano la demanda de que se trata. Apoya a lo anterior la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, de rubro y texto siguientes: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado a ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, en virtud de que si cuenta con el registro correspondiente, y a los demás autorizados en términos del último párrafo del artículo referido, ya que no cuentan con el registro correspondiente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA I. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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