Florentina Bruno Carmona Castillo

Expediente 515/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
515/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Salvador Carmona Castillo
  • Florentina Bruno Carmona Castillo
  • Patricia Carmona Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior comuníquese a las partes y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que en caso de que sea se les haga entrega de los documentos originales que haya exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe precisar que en el presente juicio de amparo no se apertura incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de marzo del año en curso, se proveyó respecto al informe con justificación que tuvo a bien rendir el Jefe de lo Contencioso y Consultivo del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, al que adjuntó diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, de las que este órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto. En relación a las constancias antes referidas y las diversas acordadas el cuatro de noviembre de dos mil veinte, así como de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, que se registró en este órgano jurisdiccional con el folio 7450, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable Jefe de lo Contencioso y Consultivo del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, emitió el oficio SR/ACC530/2020, en el que informó al Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, el cumplimiento dado a la resolución dictada en el juicio agrario 228/2014 de su índice, esto es, que se generaron los certificados parcelarios 1013184/0001, 1013184/0002, 1013184/0003, 1013184/0004, 1013184/0005, 1013184/0006, 1013184/0007, 1013184/0008, a favor de los aquí quejoso Florentino Bruno Carmona Castillo, Salvador Carmona Castillo, Patricia Carmona Castillo, Marina Ángela Carmona Castillo, así como de las diversas personas Elia Carmona Castillo, Rosendo Carmona Castillo, Carmina Toríz Castillo y Ma. Myrna Toríz Castillo, que amparan la titularidad de la parcela 1826, del ejido denominado Cuautla, Municipio de Cuautla, Estado de Morelos, asimismo, se generaron los certificados 1013183 y 106642, a favor de los CC. Carmina Toríz Castillo y Florentino Bruno Carmona Castillo, que les ampara la titularidad de las parcelas 176 y 1832, mismos que ya tenían a disposición los interesados. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado no existe, ni existía a la fecha de presentación de la presente demanda constitucional (veinticinco de febrero de dos mil veinte), pues la autoridad responsable ya había dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario de origen, esto es, ya había generaron los certificados parcelarios en favor de los quejosos respecto de las parcelas que señalaron en su escrito inicial de demanda, que constituye el acto reclamado, y además el Tribunal Agrario Distrito 49, ya había notificado esa determinación a los amparista el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, tal como se puede observar de la constancia de notificación que remitió dicha autoridad que obra glosada en autos. En ese orden de ideas, aunado al hecho de que no existe el acto reclamado debe decirse que tocaba a la parte quejosa la carga procesal de desvirtuar la inexistencia del acto reclamado; esto es, correspondía a Florentino Bruno Carmona Castillo, Salvador Carmona Castillo, Patricia Carmona Castillo, Marina Ángela Carmona Castillo, acreditar la omisión de las autoridades responsables para cumplir con la sentencia emitida en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". En las narradas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la precitada Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del catorce de abril del año en curso. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de marzo del año en curso, se proveyó respecto al informe con justificación que tuvo a bien rendir el Jefe de lo Contencioso y Consultivo del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, al que adjuntó diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, de las que este órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto. En relación a las constancias antes referidas y las diversas acordadas el cuatro de noviembre de dos mil veinte, así como de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, que se registró en este órgano jurisdiccional con el folio 7450, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63 El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: () IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable Jefe de lo Contencioso y Consultivo del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, emitió el oficio SR/ACC530/2020, en el que informó al Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, el cumplimiento dado a la resolución dictada en el juicio agrario 228/2014 de su índice, esto es, que se generaron los certificados parcelarios 1013184/0001, 1013184/0002, 1013184/0003, 1013184/0004, 1013184/0005, 1013184/0006, 1013184/0007, 1013184/0008, a favor de los aquí quejoso Florentino Bruno Carmona Castillo, Salvador Carmona Castillo, Patricia Carmona Castillo, Marina Ángela Carmona Castillo, así como de las diversas personas Elia Carmona Castillo, Rosendo Carmona Castillo, Carmina Toríz Castillo y Ma. Myrna Toríz Castillo, que amparan la titularidad de la parcela 1826, del ejido denominado Cuautla, Municipio de Cuautla, Estado de Morelos, asimismo, se generaron los certificados 1013183 y 106642, a favor de los CC. Carmina Toríz Castillo y Florentino Bruno Carmona Castillo, que les ampara la titularidad de las parcelas 176 y 1832, mismos que ya tenían a disposición los interesados. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado no existe, ni existía a la fecha de presentación de la presente demanda constitucional (veinticinco de febrero de dos mil veinte), pues la autoridad responsable ya había dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario de origen, esto es, ya había generaron los certificados parcelarios en favor de los quejosos respecto de las parcelas que señalaron en su escrito inicial de demanda, que constituye el acto reclamado, y además el Tribunal Agrario Distrito 49, ya había notificado esa determinación a los amparista el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, tal como se puede observar de la constancia de notificación que remitió dicha autoridad que obra glosada en autos. En ese orden de ideas, aunado al hecho de que no existe el acto reclamado debe decirse que tocaba a la parte quejosa la carga procesal de desvirtuar la inexistencia del acto reclamado; esto es, correspondía a Florentino Bruno Carmona Castillo, Salvador Carmona Castillo, Patricia Carmona Castillo, Marina Ángela Carmona Castillo, acreditar la omisión de las autoridades responsables para cumplir con la sentencia emitida en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". En las narradas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la precitada Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del catorce de abril del año en curso. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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