Florencio Servin Zúñiga

Expediente 1531/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1531/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Florencio Servin Zúñiga

Actuaciones

  1. Principal

    ...El quince de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación que antecede y el estado de autos. Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Florencio Servín Zúñiga, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen.-. M-VII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de diciembre de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Visto el oficio referido en la cuenta secretarial, se tiene al secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, remitiendo el juicio de amparo indirecto 1517/2021-2, de su índice, promovido por Florencio Servín Zúñiga, toda vez que mediante determinación de veintinueve de noviembre del año en curso, declinó la competencia a favor de este órgano jurisdiccional. En tal virtud, con fundamento en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por Florencio Servín Zúñiga contra un acto de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Acúsese recibo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número de expediente 1531/2021-VII-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. No obstante, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de amparo, toda vez que se advierte se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, al no agotar el recurso de reclamación previsto en el artículo 70 de la Ley del Tribunal de 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, por virtud del cual el acuerdo reclamado puede ser revocado o modificado. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Del dispositivo legal en comento se desprende que, para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa dentro del procedimiento que puedan tener como consecuencia su modificación, revocación o nulificación, es necesario que previamente se agoten todos y cada uno de dichos recursos o medios ordinarios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, ya que sólo de esa manera se cumple con el principio de definitividad previsto en el artículo 107 de la Ley Suprema. Ahora bien, en el caso del juicio contencioso administrativo, competencia de la potestad jurisdiccional local, todas las resoluciones emitidas en el procedimiento, providencias y autos, inclusive, pueden combatirse mediante el recurso de reclamación, sin importar la etapa del procedimiento. En efecto, el artículo 70 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, es del siguiente tenor: 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA "Artículo 70. En contra de providencias y autos dictados en el procedimiento procede el recurso de reclamación". El sentido teleológico de la norma legal transcrita deriva del principio de impugnación que debe regir en todo procedimiento seguido en forma de juicio, no sólo como una formalidad esencial, sino como un derecho humano de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, que a la letra dicen: "Artículo 8. Garantías Judiciales - - - 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." "Artículo 25. Protección Judicial - - - 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. - - - 2. Los Estados partes se comprometen: - - - a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; - - - b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y - - - c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." Bajo esas directrices, se tiene que los recursos, medios de defensa o remedios procesales constituyen la oportunidad para que un órgano revisor, que en algunos supuestos puede ser el mismo órgano instructor, determine, a la luz de los motivos de inconformidad expresados (donde no opere la suplencia de la queja), si el acto combatido se ajustó o no a la ley, pues no debe soslayarse que la impartición de justicia se 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA basa en una actividad humana que no está exenta de falibilidad. De ahí que, en aras de la seguridad jurídica y la justicia completa e integral, todo procedimiento está dotado de un sistema de recursos, para que las partes puedan armonizar sus pretensiones con los derechos que la ley consagra a su favor. No se soslaya, que en muchas legislaciones el sistema de recursos establecido es limitado, es decir, la misma ley considera inatacables ciertas resoluciones, aunque esto no ocurre por mero capricho legislativo, sino que el creador de la norma determina la irrecurribilidad, para proteger otros derechos o para dar a la decisión la firmeza que requiere en función del interés social. En consecuencia, es válido establecer como premisa, que en todos los procedimientos, típicos o atípicos, rige el principio de impugnación, conforme al cual todas las determinaciones que tome el órgano del conocimiento, pueden ser combatidas mediante los recursos, medios de defensa o remedios procesales previstos en la ley que los rige, a menos que la misma legislación determine expresamente la inatacabilidad, supuesto que deberá estar justificado legislativamente, so pena de ser calificado de inconstitucional o inconvencional. Al caso, es aplicable la tesis 1a. LXXVI/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, página 299, Novena Época, que a la letra dice: "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad esencial del 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA procedimiento el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, y por su parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial. " También se invoca la tesis aislada II.8o.(I Región) 1 K (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, publicada en el mismo órgano oficial de difusión que la anterior, Libro XIII, octubre de dos mil doce, Tomo 4, página 2864, Décima Época, cuyo rubro y texto citan: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por su parte, el artículo 17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal cumplimiento al derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la oportunidad de defensa previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, lo que impone, además, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos humanos de toda persona que lo solicite, 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, es consecuencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la obtención de justicia pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción." Ahora bien, en el caso de nuestra atención, la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, prevé como recurso el de reclamación, que procede contra las resoluciones, providencias y autos que se emitan en el procedimiento contencioso administrativo. Dicho recurso está previsto en el artículo 70 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, y procede en contra de las resoluciones, providencias y autos emitidos en el procedimiento, entendido éste como una unidad de actos procesales con un solo fin; por ende, es indudable que dicho medio de impugnación puede interponerse en cualquier etapa del procedimiento. Además, en la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, no existe ningún precepto que permita considerar inatacable el auto a través del cual se declaró cumplida la sentencia de nulidad dictada en el juicio de origen y ordenó el archivo del mismo como totalmente concluido, lo que es así porque con tal decisión no se afectan otros derechos fundamentales ni se afecta en grado superior el interés social, de ahí que no hay motivo para sostener la improcedencia del recurso de reclamación. Ahora, en el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso Florencio Servín Zúñiga reclama en esta instancia constitucional el proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, dentro del expediente administrativo 64/2019, a través del cual se declaró cumplida la sentencia de nulidad dictada en el 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA citado juicio y ordenó el archivo del mismo como totalmente concluido. Ante tales consideraciones, en la especie, el quejoso debió interponer el recurso de reclamación, pese a que el acto reclamado se emitió después de concluido el juicio, pues como se vio, dicho medio de impugnación es procedente en cualquier fase del procedimiento, siempre que se trate de resoluciones, providencias o autos. Por ende, la reclamación debió hacerse valer, máxime que es la forma que el quejoso tiene para demostrar sus inconformidades y el desapego a la legalidad, del acto combatido, por lo que al no haberse agotado dicho recurso es evidente que no puede acudir de manera directa a esta vía de amparo. Asimismo, no se soslaya lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que prevé que tratándose de actos verificados durante la etapa de ejecución de sentencia el juicio de amparo será procedente contra la última resolución dictada dentro del procedimiento, entendida como aquella que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; pues ello es viable una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios, ya que dicha porción normativa no constituye una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de derechos. En efecto, si bien el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento a través de la cual se reconoce el cumplimiento de lo sentenciado, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no sólo en el artículo 107 de la Ley de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA Apoya a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis aislada I.6o.T.186 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, página 1345, de registro 183350, con el siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA O RECONOCE DE MANERA EXPRESA O TÁCITA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL LAUDO O LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA DARLE CUMPLIMIENTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo determina que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el que se podrán reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; sin embargo, debe considerarse que en el supuesto de que exista resolución en el procedimiento de ejecución, en la que se haya declarado cumplido el laudo o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento en el juicio laboral, previamente debe agotarse el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, para de esta forma cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo." Asimismo, cabe señalar que tanto el Pleno como la Primera Sala, ambos del Máximo Tribunal, han sustentado criterios similares con relación a las hipótesis de procedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 107 de la ley de la materia, y su sumisión al principio de definitividad que rige en el juicio de derechos; los cuales, se enuncian a continuación: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia - ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo."; con datos de localización: Época: Décima Época, Registro: 2009912, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 29/2015 (10a.),Página: 22." "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo."; con datos de localización: Época: Décima Época, Registro: 2009912, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 29/2015 (10a.), Página: 22. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas."; con datos de localización, siguientes: Época: Décima Época, Registro: 2009721, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 17/2015 (10a.), Página: 5." Es importante mencionar que la causa de improcedencia invocada es notoria y manifiesta, porque bajo el contexto del corpus juris internacional, los recursos y medios de impugnación no pueden ser considerados una mera posibilidad que ponga en tela de juicio su procedencia, al grado de considerar que la existencia de recursos no es notoria y manifiesta. Esto es, lo notorio y manifiesto significa que se está frente a algo cierto, real y que necesariamente debe acontecer; 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA así, se repite, bajo el contexto de los derechos humanos, las personas no tienen a su alcance una mera expectativa de la posibilidad de impugnar las resoluciones de las autoridades, sino que ese derecho, es decir, el de impugnación, es real y no puede estar supeditado a más condiciones que en los casos en que el legislador considere que la procedencia de un recurso puede afectar el orden público y el interés social. En este sentido, conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. En esa tesitura, al contener la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto confirmar, reformar o revocar el acto reclamado, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para el inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que por la materia del asunto de origen no se actualizan. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Carácter que no le asiste a la parte quejosa por ser parte en sentido material en el juicio del que derivan los actos reclamados. En conclusión, al contener la ley que rige el acto reclamado un medio de impugnación que puede subsanar las irregularidades que se asegura fueron cometidas por la autoridad responsable, el mismo debió ser ejercido por el peticionario del amparo, en acatamiento al principio de definitividad, y si no lo hicieron así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para el gobernado cumplir o no con dicho principio, máxime que como se analizó, no se está en presencia de la hipótesis de excepción que contempla dicho numeral. En mérito de lo expuesto, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Florencio Servín Zúñiga, al actualizarse la causal de improcedencia analizada. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene al quejoso de mérito señalando como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Rio Yaqui número 127, colonia ISSSTE, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Rodríguez Doniz, Mirsha Iraís Bautista Pérez y Damián Ramírez Bautista, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas aludidas en el ocurso de cuenta; toda vez que no se localizaron inscritas las cédulas profesionales de estos últimos en el Registro Único De Profesionales del Derecho ante Los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el juicio en que se actúa y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto a la promovente como a sus autorizados el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General...VII

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