Florencio Sánchez Dominguez

Expediente 531/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
531/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Florencio Sánchez Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. II. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuadra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. III. Valoración del incidente de suspensión. SUSPENSIÓN NEGADA. Con base en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que en el presente asunto se negó la suspensión definitiva, el cuaderno único del incidente es DESTRUIBLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por la quejosa ******************** y, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa copia de las constancias que indica en el escrito de referencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Señala nuevo domicilio Se tiene por recibido el escrito signado por Teresa Gutiérrez Contreras, quejosa en el presente juicio de amparo, como lo solicita, téngasele señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en calle 5 de Febrero número 603 poniente, interior 500, del edificio "GS", autorizando para ese efecto a los licenciados *******, ********, ******************** y ********************, así como al pasante de derecho ******************** Solicitud de copias certificadas Por último, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena expedir a su costa, las copias certificadas que solicita, previa razón que de su recibo se asiente en autos. Finalmente téngasele señalando como correo electrónico el que refiere en su escrito de cuenta.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito remitido vía electrónica por el licenciado ******************** autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, personalidad que tiene reconocida en los presentes autos en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que desahoga las prevenciones realizadas a las quejosa previamente e informa que por temas personales, dicha quejosa no pudo acudir a sus citas previas, las relativas al mes de enero, pero sí acudió a la cita de evaluación psicológica el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que solicitó le reagendaran la cita para la evaluación socioeconómica, fecha que no le ha sido informada. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión Estatal de Víctimas para que dentro del término de diez días, den cumplimiento e informen a este Juzgado dicho cumplimiento, remitiendo las constancias relativas, la cual se concedió para los siguientes efectos: "En ese sentido, el primer efecto inherente a la concesión del amparo es reconocer la calidad de víctima directa de Liliana Jara Sánchez, puesto que, como consecuencia de los actos violatorios descritos anteriormente, sufrió un menoscabo grave en sus derechos. Bajo ese contexto, en términos del artículo 110, último párrafo de la Ley General de Víctimas, reformado el seis de noviembre de dos mil veinte, reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que ésta pueda acceder a los Recursos de Ayuda, a la reparación integral y a la compensación, por el daño ocasionado con el acto victimizante; situación que se reitera por el diverso numeral 111, fracción I, que establece: "Artículo 111. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto: I. El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los Términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias, y por lo anterior, y ya declarada la calidad de víctima de Liliana Jara Sánchez, por violación grave, directa, de sus derechos, lo procedente es establecer las medidas necesarias para la reparación integral del daño, conforme a los lineamientos que se han establecido a nivel internacional y que se recogen de manera completa en la legislación interna. En esa Tesitura, conforme al artículo 26 de la Ley General de Víctimas, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado de las violaciones o derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Así, la reparación integral del daño implica: Restitución: se busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos. Rehabilitación: se busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos. Compensación: se otorga a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se concederá por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; Satisfacción: se busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; Medidas de no repetición: se busca que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir. Tomando en cuenta dichos parámetros, es necesario señalar que la primera medida derivada de la reparación integral, por la naturaleza de la violación de derechos, y en las circunstancias propias del caso, no resulta satisfecha con la restitución, en tanto que no resulta posible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación. La negativa del aborto (sin causa justificada) respecto de un producto derivado de una violación sexual, se constituye como un acto violatorio grave de derechos humanos, que implica en sí mismo generar la continuidad en el daño ocasionado a la víctima, obligándola a llegar a término al embarazo. En el caso, no obstante que en la demanda de amparo, la quejosa precisó lo siguiente: "2. Al día siguiente, el 28 de julio de este año (2016), mi abogada, María Julieta Hernández Camargo, recibió una llamada telefónica por parte de la Secretaría de Salud a efecto de informarme que la Secretaría ya contaba con el vehículo para trasladarme a la Ciudad de México, donde era legal practicar la interrupción del embarazo, a lo que se les contestó que era imperante que emitieran su respuesta de manera escrita y que dicha transportación no fue objeto de la petición ingresada." Sin embargo, no obra en autos constancia que demuestre que se interrumpió el embarazo. En tal sentido, no es factible una restitución, puesto que los efectos propios de la negativa de practicar la interrupción como acto violatorio de derechos sexuales y reproductivos se concretizan de manera inmediata en la esfera jurídica de la víctima, configurándose un hecho victimizante, que se prolonga desde la negativa y durante todo el tiempo en que la negativa del aborto prosiga. Ahora, si bien existe una imposibilidad material para la restitución del derecho violado, ello no deja sin posibilidad de concreción los efectos que pueden imprimirse a esa ejecutoria de amparo. Ello, en tanto que pueden decretarse como medidas inherentes a la calidad de víctima, la compensación económica y aquéllas de satisfacción y no repetición, en cuyo caso, este órgano de amparo (por medio del Juez de Distrito), sí estará constreñido a sujetar al cumplimiento a la autoridad competente en materia de víctimas que, conforme a la regulación aplicable, resulte competente para la determinación de dichas medidas de reparación integral. En concordancia con lo anterior, al haberse acreditado la violación grave de derechos humanos en contra de la parte recurrente por el hecho victimizante analizado en la presente ejecutoria, lo procedente es que se conceda a favor de *******, las medidas de reparación integral del daño, a saber las medidas de rehabilitación, compensación y aquéllas de satisfacción y no repetición, contempladas en la Ley General de Víctimas y que resultan aplicables al presente caso. Medidas de Rehabilitación. En este sentido, como medidas de rehabilitación se ordena: Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo. Todas aquéllas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad. Medidas de compensación. Las medidas de compensación se otorgarán por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del hecho victimizante. Incluyen como mínimo: La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por ése, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causada a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria; El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesantes, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones de causa incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; La pérdida de oportunidades, en particular las de educación prestaciones sociales; Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos. El pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado; El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y Los gastos comprobables de trasporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasionaron trasladarse al lugar del proceso o para asistir a su tratamiento. Medidas de satisfacción Como medidas de satisfacción se ordenan: La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esta revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de su familiares, de los testigos o de personas que ha intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos; Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades ; y La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos D Medidas de no repetición: Como medida de no repetición se tiene: La propia declaración de inconstitucionalidad de la porción normativa considerada discriminatoria, en los términos establecidos en el apartado previo; Programas de capacitación dirigidos a las y los servidores públicos de la Subdirección Jurídica de la Secretaría de Salud y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, ambas del Estado de Durango, orientados a la enseñanza de los derechos humanos de las mujeres, incluido el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los mismo La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan. Por tanto, ante un listado no limitativo de las posibles medidas que puede decretar la autoridad competente en materia de víctimas a fin de cumplimentar con la concesión del amparo y, en consecuencia, garantizar la reparación integral de la violación grave de derechos humanos acaecida, el control de constitucionalidad en que se actúa sí puede concretizar efectos, sujetando, en el caso concreto, conforme a la Ley General de Víctimas, a la Comisión Ejecutiva, órgano que actuará, en los términos que prevé la propia legislación y su reglamento, para efecto de que solicite, obtenga o coordine las acciones necesarias que permitan la aportación de los elementos indispensables y eficaces para concretizar las medidas de reparación integral del daño ocasionado con la violación. Las autoridades sujetas al cumplimiento del fallo, lo harán a la luz del mandato de lograr la mayor satisfacción en la reparación integral y tomando en cuenta que se trata de una violación grave de derechos humanos, por estar involucrado un tema de violación sexual en contra de una mujer, sus decisiones estén circunscritas al principio de enfoque diferencial y especializado, es decir, que se reconozca la existencia, en el caso concreto, de una mayor situación de vulnerabilidad en razón del género. Además, se debe poner énfasis suficiente para que la reparación del integral correspondiente establezca medidas de no repetición que eviten la concreción de violaciones graves a derechos humanos como las que nos ocupan en la presente ejecutoria, en tanto que las autoridades de todo nivel e índole, deben atender de manera eficaz, inmediata y sin objeciones, las solicitudes de interrupción del embarazo derivados de una violación sexual, privilegiando los derechos de toda mujer que ha sido víctima de actos crueles e inhumanos como lo es una violación sexual. Tomando consciencia aquéllas autoridades que su actuar en el sentido de realizar la interrupción legal del embarazo deriva no sólo de su legislación secundaria, sino de la observancia inexcusable del mandato constitucional. El reconocimiento de víctima que se realiza en el presente asunto conlleva como consecuencia inmediata, el registro de las víctimas (directa e indirecta) en el Registro Nacional de Víctimas, que incluyen los registros estatales y las consecuencias directas de ello, previstas en el marco aplicable. Por último, la autoridad competente en materia de víctimas a quien se sujeta en el cumplimiento de la presente ejecutoria, al momento de individualizar las medidas necesarias para la reparación integral, debe ejercer todas sus atribuciones a fin de fijar los parámetros necesarios para una reparación justa, como podrían ser, el reembolso de erogaciones médicas que tuvieron que hacerse para la interrupción, entre otras. Lo anterior, no releva a las autoridades señaladas como responsables de cumplir con su obligación de garantizar la reparación integral del daño que causaron, por lo que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas correspondiente, elaborarán el respectivo plan de reparación integral, conforme lo señalado en párrafos anteriores y así cumplimentar sin dilación alguna, todas y cada una de las medidas impuestas". Se le apercibe que de incumplir con el requerimiento, sin causa justificada, con fundamento en los ya citados artículos, así como los diversos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente al momento del eventual incumplimiento. Notifíquese.

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