Florencio Rodríguez Roldán

Expediente 720/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
720/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • Florencio Rodríguez Roldán

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA DEMANDA.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA DEMANDA.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta en la que se hace constar que al revisar el expediente electrónico de este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), aún no obra el archivo electrónico correspondiente a la notificación personal del quejoso Florencio Rodríguez Roldán, en el domicilio que indicó para tal efecto, ni obra en el expediente físico la constancia aludida, del acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintiuno. REQUERIMIENTO ACTUARIO JUDICIAL Por tanto, requiérase al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, encargado de la notificación personal a la parte quejosa, para el efecto de que de contar con tal constancia, de inmediato la turne y se integre al expediente electrónico respectivo. En el entendido que, si no cuenta con la constancia aludida, la realice de manera inmediata; quedando habilitado para que la efectúe aun en días y horas inhábiles, en conformidad con lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Florencio Rodríguez Roldán, por derecho propio, fórmese el expediente y regístrese con el número 720/2021. DESECHAMIENTO DEMANDA Precisado lo anterior, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama al JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA y otra autoridad, el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 430/2021, así como su ejecución; de los cuales refiere en los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, que el dieciséis de julio, después de leer la carpeta de investigación de investigación "FGEP/CDI/FEIDAI/FRLAGRANCIA-I/002203/2021" en el lugar en que se encuentra recluido, se percató que existe un error en el cálculo que hizo el Ministerio Público, lo cual provocó su reclusión como medida cautelar oficiosa. Así mismo, en el apartado relativo al concepto de violación narra, en específico, que en audiencia inicial de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno se dictó en su contra el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal referida. De lo anterior deriva que los actos reclamados por el quejoso se emitieron el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, pues sostiene que en esa data se dictó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 430/2021. Conforme a lo relatado, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo , cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo cuando se trate de: 1. Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; 2. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; 3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; 4. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Supuestos que en la especie no se actualizan al reclamarse el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictados el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 430/2021, cuyos efectos si bien traen como consecuencia la privación de la libertad del impetrante, dicha privación no es fuera de procedimiento, pues el mismo se dictó en un proceso penal. Aunado a lo anterior, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1, Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3. Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el punto 1 anterior y dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de garantías que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Como se expuso, el promovente reclama del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA y otra autoridad, el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictados el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 430/2021. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que, tales actos le fueron notificados ese mismo día, por lo que conforme a las reglas que para plazos establece el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (veintitrés de julio de dos mil veintiuno) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de garantías, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si el quejoso Florencio Rodríguez Roldán, fue notificado en la propia audiencia el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el plazo referido empezó a correr el veintidós de febrero, feneciendo el doce de marzo de este año, sin contar los días veintisiete y veintiocho de febrero, seis y siete de marzo de la presente anualidad, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo; lo anterior conforme a lo dispuesto en de los artículos 56, 62, 63 y 82 fracción I inciso a), último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso Florencio Rodríguez Roldán, consintió tácitamente los actos reclamados ya que no obstante haber sido notificado de la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada en su contra, desde esa misma data, promovió este juicio hasta el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, según la data que obra en la papeleta de turno de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un período mayor a quince días hábiles. Así, al tener certeza de que el quejoso conoció la existencia de los actos reclamados, atento al cómputo antes realizado, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, invocado, se desecha de plano la demanda, con fundamento en los diversos 17, 18, 22 y 113, todos de la Ley de Amparo. Lo cual se sustenta en la tesis de rubro: "ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS EN LA AUDIENCIA INICIAL EN PRESENCIA DEL QUEJOSO DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE INICIAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLA DILIGENCIA [ACLARACIÓN DE LA TESIS II.2o.P.83 P (10a.)]." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. No pasa inadvertido que el acto reclamado es restrictivo de la libertad, pero tal particularidad no puede estimarse como una excepción para la procedencia del juicio de amparo. De igual manera, debe considerarse que el plazo de quince días concedido para presentar la demanda respecto de los actos que afecten la libertad personal, emitidos dentro de procedimiento penal, es conforme al derecho humano de acceso a la justicia, específicamente al principio de justicia pronta, porque es un lapso razonable para que el gobernado prepare su adecuada defensa. La Ley de Amparo, en su artículo 17, fracción IV, estableció el término de quince días para el ejercicio de la acción de amparo y, entre las excepciones a éste, incluyó los "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", con lo cual excluyó la posibilidad de reclamar en cualquier tiempo los autos de vinculación y prisión preventiva, en virtud de ser determinaciones que se emiten dentro de procedimiento. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de amparo en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado de él, con el afán de retrasar la continuidad y celeridad de dicho proceso, en beneficio del propio inculpado. Sin dejar de mencionar, que tal circunstancia evidentemente busca someter la impugnación de la vinculación, prisión preventiva y otras medidas contra la libertad personal a un término prudente en aras de la celeridad del proceso acusatorio. En el aspecto indicado, cabe recordar que el artículo 6 de la Ley de Amparo, contempla que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el juicio de amparo podrá promoverlo el afectado, además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la ley lo permite, sin que ello desnaturalice el principio de agravio personal y directo, en la medida que el quejoso no deja de ser el titular de la acción de amparo, siendo quien puede promover el amparo aun por conducto de su defensor, y como tal es el inculpado o sentenciado quien promueve la demanda de amparo por conducto de su defensor. Finalmente, la circunstancia de que el quejoso manifestara que al leer la carpeta de investigación el dieciséis de julio de este año se dio cuenta de un error aritmético, que provocó su reclusión como medida cautelar oficiosa. Sin embargo, esta circunstancia no es obstáculo para desechar la demanda de amparo, en tanto que los plazos para la promoción del juicio de amparo están claramente especificados en la ley de la materia, resultando evidente que lo que el quejoso pretende con esa manifestación es generarse un nuevo plazo para la promoción de este medio de defensa, situación que este juzgado no puede soslayar, pues ello equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso el plazo para presentar la demanda de amparo. DOMICILIO Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que indica en la demanda de amparo. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Por otra parte, se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que cita en su demanda, mediante los cuales podrá entablarse comunicaciones no procesales, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFICACIÓN EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Toda vez que el quejoso Florencio Rodríguez Roldán, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Puebla, en razón de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejarlo en estado de indefensión, se ordena pasar los autos al Actuario Judicial adscrito a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y en el domicilio que indicó en su demanda para tal efecto.

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