Florencio Requelme Mendoza

Expediente 1628/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1628/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2016

Partes del expediente

  • Florencio Requelme Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por FLORENCIO REQUELME MENDOZA, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por la Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual devuelve el cuaderno principal del juicio de amparo 830/2015-V promovido por Laboratorios Imperiales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del amparo en revisión 402/2016, concluyendo con los puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO.- se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el Juicio de amparo, promovido por Laboratorios Imperiales, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos y autoridades destacados en el apartado III del fallo recurrido, con base en lo determinado en el último considerando de dicha sentencia. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Gabriela Mendoza Flores, en su carácter de delegada de la autoridad responsable Presidente de la Republica." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos originales del juicio de amparo 830/2015-V, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del amparo en revisión 402/2016. GLÓSESE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración que en el presente juicio se interpuso recurso de revisión y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, confirmó la resolución recurrida, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado a efecto de que le sea devuelta la documentacion que anexó para efecto del desahogo de la pericial en materia contable, previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. En el entendido de que el horario para dicha devolución, es de nueve a diez treinta horas de lunes a viernes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido vía fax el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 1024/2016-IV, a efecto de dictar la sentencia correspondiente, asimismo, solicita que en caso de ser posible, una vez que sea devuelto, se remita el acuse de recibo, y en su momento el proveído mediante el cual cause ejecutoria la sentencia dictada; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obren como corresponda y tómese en consideración en el momento procesal oportuno. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. YARIGH*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ahora bien, toda vez que de constancias que obran en autos se advierte que la autoridad oficiante fue debidamente notificada del auto de ocho de agosto del año en curso, en el que se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, el veintidós de agosto y siete de septiembre, ambos de dos mil dieciséis, se le requirió de nueva cuenta; sin embargo, a la fecha la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, no ha dado cumplimiento a los autos de ocho y veintidós de agosto, así como siete de septiembre, todos del año en curso. En consecuencia, al haber transcurrido el término otorgado mediante autos de ocho y veintidós de agosto, así como siete de septiembre, todos del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento en el decretado, y con fundamento en la fracción I, del artículo 258 de la Ley de Amparo, se impone al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos (Pascual Archundia Becerril), una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), conforme al artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, con base a lo anterior el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determina que el valor diario de una Unidad de Medida y Actualización es de $73.04 pesos mexicanos; por tanto, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de veinticuatro horas que será computado legalmente, informe las medidas adoptadas para el cobro de las multas, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 [1] de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis P./J. 58/2014 (10a.), Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11, con número de registro 2007914, que a su rubro y letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Con independencia de lo anterior, conforme a los establecido en el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), indicada en los párrafos que anteceden, que señala que una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable e improrrogable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por consiguiente, lo procedente es requerir nuevamente a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de TRES DÍAS, los cuales serán computados legalmente, remita copia certificada de las constancias de notificación realizadas a los atestes correspondientes a la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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