Florencio Ramos Ochoa

Expediente 274/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
274/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Florencio Ramos Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto... archívese este asunto como concluido.... este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    ---Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 274/2021. PRECISIÓN TRÁMITE POR EMERGENCIA SANITARIA. Cabe decir que la tramitación del ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DOCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de febrero de dos mil veintiuno Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Florencio Ramos Ochoa, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 274/2021. . PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, se aprecia que el acto aquí reclamado es el siguiente: El Decreto 588 de treinta de julio del presente año, publicado el veintinueve de septiembre siguiente en la Gaceta Oficial del Estado, que abrogó la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los Sistemas de Seguridad Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz. DESECHAMIENTO. Como aspecto previo, este órgano jurisdiccional, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo1, debe proceder al análisis de la demanda de amparo que se plantea para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. . Ahora, tocante a dicho acto reclamado este órgano jurisdiccional considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los numerales 17, fracción I y 18, todos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea. . Asimismo, conviene tener presente que el decreto 588 de treinta de julio de dos mil veinte, publicado el veintinueve de septiembre siguiente en la Gaceta Oficial del Estado, que abrogó la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo conducente establece. Ahora, si bien dicho decreto entró en vigor el treinta de septiembre de dos mil veinte, en el caso debe atenderse a la fecha en que el quejoso sufrió sus efectos, esto es, a partir del cual resintió sus consecuencias jurídicas, como lo es que dejó de percibir la pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la que venía disfrutando. Es decir, en el caso, debe atenderse a la individualización incondicionada del decreto combatido, esto es, su aplicación jurídica o material, que en el caso concreto, se halla sometido a la realización de ese evento, que fue el no percibir la pensión gubernamental de la que venía gozando. Así las cosas, tal y como lo manifiesta el quejoso en su demanda el decreto reclamado le fue aplicado en el mes de enero del año en curso, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad, ya que aduce que fue el mes en que dejó de percibir el apoyo económico o pensión alimenticia otorgada por el Gobierno del Estado de Veracruz, que le concedía la Ley 223 como adulto mayor de setenta años de edad, sin percibir algún beneficio social tanto Estatal como de la Federación. Confesión ésta que atento a lo regulado en los preceptos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de la materia, adquiere pleno valor probatorio. Por lo tanto, el perjuicio derivado de la vigencia de dicho decreto, el quejoso lo resintió en el mes de enero del año en curso, sin precisar la fecha exacta, por lo que, el cómputo para acreditar su extemporaneidad debe tomarse a partir del último día de dicho mes. En virtud, de combatirse el ya indicado decreto con motivo de sus consecuencias jurídicas, que afectaron al quejoso en el mes de enero del año en curso, la presentación de la demanda debe sujetarse al término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que aun cuando se hiciera sabedor del acto desde el treinta y uno de enero del año en curso, el plazo empezó a correr a partir del día siguiente hábil, que lo fue el dos de febrero de dos mil veintiuno, por lo que el término para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió del dos al veintitrés de febrero de la presente anualidad, sin contar los días cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de febrero de la presente anualidad, ya que resultaron inhábiles. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el ocho de abril del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, tal y como se advierte del sello de recibido que obra plasmado en la demanda de amparo, resulta indudable que el plazo genérico de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, ya había transcurrido en exceso al momento en que la parte promovente presentó su demanda de amparo. Por lo anterior, la presentación de la demanda de amparo en relación a la abrogación de la ley de la Ley 223, que reconoce a las personas mayores de setenta años el derecho a recibir una pensión alimenticia por el gobierno del Estado, se realizó de manera extemporánea, lo cual se tradujo en el consentimiento tácito de los actos reclamados, actualizándose la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, . En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable las causales de improcedencia previstas en el dispositivo artículo 61, fracción XIV, y con apoyo en el diverso artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se EXHORTA a la parte quejosa, para que: Opte por la tramitación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 antes citado, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Al promover deberá tomar en consideración que la Oficialía de Partes Común habilitada atenderá la recepción de promociones de seis órganos jurisdiccionales, por lo cual posiblemente tendrá una mayor afluencia de usuarios, por lo cual se les recomienda, presentar sus promociones de forma electrónica o bien físicamente, con la debida anticipación. NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES NO PROCESALES. Requiérase también a la quejosa para que a efecto evitar la propagación del virus Covid-19, agilizar el asunto y privilegiar el uso de medios electrónicos, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 en cita, proporcione un correo electrónico y/o número de teléfono celular y/o servicios de mensajería móvil instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicación y, en su caso, de autorizarlo expresamente para que se les realicen notificaciones en este asunto a través de esas vías, previa verificación de su recepción que se deje en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el ocurso de demanda, como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfonso García Castillo, en virtud de que cuentan con cédula profesional cuya consulta se realizó en la página de internet relativa al registro de profesionistas, y con las restricciones que impone dicho precepto a Ramón Hernández Salinas, ya que no cuenta con dicho registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó en oponerse a la publicación de sus datos personales en listas de notificación...

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