Florencio Quezada Pérez

Expediente 1995/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1995/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2018

Partes del expediente

  • Florencio Quezada Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    El veinte de diciembre de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del trece al diecinueve de diciembre del año en curso, con exclusión de los días quince y dieciséis de diciembre del año en curso, por ser inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    CUENTA. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 23914, cinco copias y un anexo que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado Humberto Sánchez Flores, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintisiete de noviembre del año en curso, y en el cual anexa copia certificada del instrumento notarial número veintiún mil novecientos sesenta y tres, ante la fe de Marcelino Bravo Jiménez, titular de la notaria número dos en el de Colima, documento con el cual el quejoso José Ramos Chávez, acredita la personalidad de mandatario de Florencio Quezada Pérez. En tales condiciones se acuerda: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Sentado lo anterior, el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria de veintinueve de octubre del presente año, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, dentro del toca 660/2018, que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de diez de octubre de dos mil dieciocho dictado por el juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio sumario civil 333/2013. Ahora bien, quien aquí resuelve considera procedente desechar de plano la demanda de derechos, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, dispone: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". En efecto, atendiendo a la interpretación del invocado numeral 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al ser el quejoso parte dentro del expediente de origen del que emana el acto que aquí se reclama, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnar la interlocutoria de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 660/2018, que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por el quejoso contra el auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio sumario civil 333/2013, a través del medio ordinario de defensa que al efecto establece la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de reposición, dado que es el conducto legal por el cual la determinación que se combate puede ser modificada, revocada o nulificada; y en ese contexto, al no haber hecho valer el indicado medio de impugnación, previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente el amparo que en esta vía indirecta promueve, en razón de que no se agotó el principio de definitividad que lo rige. Es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un Tribunal Judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que la determinación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, fue emitida por una autoridad judicial, precisamente la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta Capital; el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece el recurso de reposición en contra del auto que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto en contra del diverso proveído de diez de octubre del presente año, dictado en el juicio sumario civil 333/2013, por el juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado (recurso de queja 333/2013), sí permite que el recurso de reposición pueda promoverse dentro de aquél procedimiento de alzada; y con el recurso de reposición de que se habla podría lograrse la modificación, revocación o nulificación de la mencionada determinación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por el ahora quejoso. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste (parte actora). La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 986, visible en la página 678, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, instancia correspondiente a los Tribunales de Circuito; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sustenta la presente resolución, por identidad de circunstancias, lo preceptuado por la Jurisprudencia 8/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja once, del tomo XV, Marzo de 2002, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos promovida por José Ramos Chávez, en su carácter de mandatario de Florencio Quezada Pérez, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado Humberto Sánchez Flores, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintisiete de noviembre del año en curso, y en el cual anexa copia certificada del instrumento notarial número veintiún mil novecientos sesenta y tres, ante la fe de Marcelino Bravo Jiménez, titular de la notaria número dos en el de Colima, documento con el cual el quejoso José Ramos Chávez, acredita la personalidad de mandatario de Florencio Quezada Pérez. En tales condiciones se acuerda: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Sentado lo anterior, el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria de veintinueve de octubre del presente año, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, dentro del toca 660/2018, que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de diez de octubre de dos mil dieciocho dictado por el juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio sumario civil 333/2013. Ahora bien, quien aquí resuelve considera procedente desechar de plano la demanda de derechos, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, dispone: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". En efecto, atendiendo a la interpretación del invocado numeral 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al ser el quejoso parte dentro del expediente de origen del que emana el acto que aquí se reclama, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnar la interlocutoria de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 660/2018, que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por el quejoso contra el auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio sumario civil 333/2013, a través del medio ordinario de defensa que al efecto establece la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de reposición, dado que es el conducto legal por el cual la determinación que se combate puede ser modificada, revocada o nulificada; y en ese contexto, al no haber hecho valer el indicado medio de impugnación, previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente el amparo que en esta vía indirecta promueve, en razón de que no se agotó el principio de definitividad que lo rige. Es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un Tribunal Judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que la determinación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, fue emitida por una autoridad judicial, precisamente la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta Capital; el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece el recurso de reposición en contra del auto que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto en contra del diverso proveído de diez de octubre del presente año, dictado en el juicio sumario civil 333/2013, por el juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado (recurso de queja 333/2013), sí permite que el recurso de reposición pueda promoverse dentro de aquél procedimiento de alzada; y con el recurso de reposición de que se habla podría lograrse la modificación, revocación o nulificación de la mencionada determinación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por el ahora quejoso. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste (parte actora). La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 986, visible en la página 678, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, instancia correspondiente a los Tribunales de Circuito; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sustenta la presente resolución, por identidad de circunstancias, lo preceptuado por la Jurisprudencia 8/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja once, del tomo XV, Marzo de 2002, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos promovida por José Ramos Chávez, en su carácter de mandatario de Florencio Quezada Pérez, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. ..."

  4. Principal

    CUENTA. El veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por José Ramos Chávez, quien comparece en su carácter de mandatario de Florencio Quezada Pérez, registrada con el folio 23473, con cinco copias y anexo que se adjuntan. Con la circunstancia de que los licenciados Humberto Sánchez Flores (1482635), Artemio Robles Bañuelos (3386685) y Javier Gabriel Torres Gómez (1786996), cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así el diverso profesionista J. Jesús Ramírez Escareño. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Ramos Chávez, quien comparece en su carácter de mandatario de Florencio Quezada Pérez, contra actos de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1995/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. [ . ]" Del precepto transcrito se desprende que cuando de la demanda de amparo se advierta que no se cumplió con lo previsto en el artículo 108, no se hubiere acompañado documento con el que se acredite la personalidad o éste resulte insuficiente, o bien, no se hubieran exhibido las copias necesarias de la demanda, el juez podrá requerir al promovente para que la aclare o proporcione los datos que no expuso. Al respecto, es necesario que el nombre de la parte quejosa o de quien promueva en su nombre y representación se encuentre debidamente identificada para que no pueda ocurrir alguna confusión respecto de la misma. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que el promovente aduce acreditar su personalidad con copia certificada del instrumento notarial que adjunta al ocurso de cuenta, sin embargo dicho documento lo exhibe en copia simple, por lo que carece de valor probatorio para demostrar la personalidad que pretende el impetrante del amparo. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Acredite con documento idóneo la personalidad con la que dice comparece, debiendo exhibir copia legible debidamente certificada del documento con el que justifique su representación legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Exhiba cinco copias del documento con el que el promovente acredite su personalidad para correr traslado a cada una de las partes, a saber: una para la autoridad señalada como responsable, tres para los terceros interesados que en este caso son tres y la última para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por lo que dicho documento forma parte de la demanda de amparo y, por ende, es necesario correr traslado a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa.". De conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, deberá exhibir cinco copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, a saber: una para la autoridad señalada como responsable, tres para los terceros interesados que en este caso son tres y la última para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al peticionario de garantías, que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tienen como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Humberto Sánchez Flores (1482635), Artemio Robles Bañuelos (3386685) y Javier Gabriel Torres Gómez (1786996), toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no contar con ese requisito se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a J. Jesús Ramírez Escareño; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Mexicapan número mil quinientos treinta (1530) letra B, colonia centro de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza. Doy fe.

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