Florencio Posada Gil
Expediente 5/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/02/2022
Partes del expediente
- Florencio Posada Gil
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de seis de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el Juzgado Primero de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 18/2022, formado con motivo del diverso 7/2022-VIII (número de orden 7/2022) de la estadística de este órgano jurisdiccional, por el que se encomendó notificar a la quejosa ****, el auto de seis de enero de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante devolviendo la citada comunicación diligenciada; y en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de las constancias que conforman el exhorto de cuenta, se advierte que el termino de cinco días concedido a la parte quejosa Nancy Berenice Regalado León para imponerse del contenido del auto de seis de enero pasado, se encuentra transcurriendo; una vez fenecido dicho termino, provéase lo conducente.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que el seis de enero de dos mil veintidós, se ordenó notificar personalmente a Nancy Berenice Regalado León, quien se ostenta como apoderada legal de Florencio Posada Gil dicho auto; sin embargo, se aprecia que no obra en autos la notificación respectiva. Además, de las constancias que integran el presente asunto se desprende que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Coatepec Número 8, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; por lo que se ordenó remitir el exhorto 7/2022-VIII (número de orden 7/2022) al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo en la Ciudad de México, en turno; para que en auxilio de las labores de este Juzgado, aún en días y horas inhábiles, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ordenara a quien correspondiera se constituyera en el domicilio de la referida parte quejosa, a fin de que le notificaran el proveído en comento; sin embargo, de las constancias que integran el presente asunto, no se desprende el envío del mismo. Atento a lo anterior, se comisiona a cualesquiera de los actuarios, para que remitan la comunicación oficial enviada en comento.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Nancy Berenice Regalado León, quien se ostenta como apoderada legal de ****, contra actos del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 5/2022-VIII. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el ilegal proveído dictado por la responsable el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ****, en donde se ordena el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido por carácter de materia. Respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En ese tenor, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte que la parte quejosa debió agotar previamente, antes de acudir a esta instancia constitucional, el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que refiere: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Sobre esta base, respecto al acto reclamado consistente en el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 901/2007, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México en donde se ordena el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido por carácter de materia, como ya se dijo la parte quejosa estaba obligada a agotar los recursos ordinarios que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció. No se inadvierte la parte quejosa señaló también como autoridad responsable al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, de la constancia que anexo la parte quejosa a la demanda se advierte que el Presidente Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, fue quien dictó el acto que ahora se reclama. En tal virtud, debe agotarse el recurso de revisión previamente a acudir a la instancia constitucional, pues de no hacerlo se surte la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como ocurre en el presente caso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1681, que establece lo siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." También es conveniente destacar, que en el caso concreto no opera alguna de las excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, puesto que el auto que reclama la parte quejosa, no implica para la accionante del amparo, algunas de las afectaciones por parte de la autoridad, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad. Al respecto, cobra aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, a página 902, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En consecuencia, de conformidad con el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve Nancy Berenice Regalado León, quien se ostenta como apoderada legal de Florencio Posada Gil. Por otra parte, se tiene como autorizados en los términos que indica a las personas que refiere. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Coatepec Número 8, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, fuera del lugar de residencia de este juzgado; con fundamento en los artículos 144, 145 y 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los diversos 107 A 111 del Acuerdo Genera Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como en lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la firmas electrónicas correspondientes, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a uno de los fedatarios de su adscripción a efecto de notificar personalmente al quejoso el presente proveído. De igual modo se faculta al Juez exhortante para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal, solicitando respetuosamente que desahoguen la solicitud, remitiendo la totalidad de la comunicación oficial.
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