Florencio Paredes Roman

Expediente 1296/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1296/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Florencio Paredes Roman

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo: 1296/2023 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca Morelos, a las diez horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Seidy Lizbeth Salgado González, Secretaria con quien legalmente actúa, declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1296/2023, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto de admisión e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por el quejoso y la autoridad responsable. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza tales pruebas documentales. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1296/2023, y R E S U L T A N D O . 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado el veintiuno de septiembre siguiente a este juzgado, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos siguientes: "III.- La autoridad o autoridades responsables. Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (.) IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Consiste en la omisión por parte de la responsable, para dar contestación a mi solicitud de fecha 25 septiembre de 2020, presentada ante oficialía de partes, recibida bajo el número de folio ********************y una vez ejecutada, proporcionarme las copias solicitadas en dicha solicitud, ello en virtud de que la responsable ha agotado en demasía el plazo legal para atender mi derecho de petición. Por lo que debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir con la emisión de copias certificadas, solicitadas en el escrito de cuenta conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes al reclamado necesario para tal fin, pues sólo así podría cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige, por lo que ante la omisión de la responsable configura el agravio personal y directo material y jurídico del suscrito. Siendo dicho acto omitivo mas que violatorio de mis garantías individuales, y derechos fundamentales, puesto que tal y como se advierten de las constancias que integran los autos ha transcurrido en demasía el término para realizar dicho trámite. SOLICITANDO A ESTE H. JUZGADO, TENER POR NO CONTESTADO EL OFICIO MENCIÓN HASTA EN TANTO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUMPLA A CABALIDAD CON SOLICITADO EN MI ESCRITO DE CUENTA, QUE POR ESTE MEDIO SE IMPUGNA." 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado, admitió la demanda referida y pidió a la autoridad responsable su informe justificado. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró el día de hoy veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto se trata de un amparo promovido en contra de actos omisivos, los cuales carecen de ejecución material, y de los cuales previno este juzgado, tal como lo establece el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en el que se ilustra en el siguiente cuadro: Autoridad responsable [1] Director Jurídico y Representante Legal del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; Acto reclamado a) La omisión de dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, registrado con el folio ********************, mediante el cual solicitó -en su calidad ex trabajador-, le fueran entregados en original los documentos relativos a la hoja de servicios, constancia de evolución salarial y carta de certificación del salario. Lo anterior, sin que se inadvierta que haya señalado como autoridad responsable sólo al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, no obstante, de la petición en cuestión se advierte que la misma tiene sello de recibo por parte de su dirección jurídica, quien por ello está obligada a atender tal escrito, siendo que fue esta última en los términos indicados, quien rindió precisamente el informe justificado, por lo que tuvo conocimiento del presente juicio de amparo, y por ello estuvo en aptitud de defender el acto que se le atribuye, de allí que deba tenérsele por responsable, en la calidad con la que acudió al presente juicio, resultando aplicable en tal tenor, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 57/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 200702, del contenido siguiente: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado." Cabe precisar también, que la parte quejosa señaló dentro del acto reclamado que "(.) debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir con la emisión de las copias certificadas solicitadas en el escrito de cuenta conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes al reclamado necesario para tal fin, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige (.)" no obstante, de lo que se duele es de la omisión de dar contestación al escrito referido, ya que mediante éste solicitó las referidas copias con las características asentadas, de allí es que la afectación que reclama, es que la responsable no ha resuelto respecto a dicho escrito, sin que pueda obligársele a la autoridad a resolver en algún sentido específico, pues tal circunstancia no forma parte del derecho de petición, como ilustra la tesis con registro 245927, de la Sala Auxiliar, del contenido siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. SENTIDO. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional, tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide; es decir, sólo obliga a la autoridad a contestar oportunamente y en breve tiempo, por escrito, las promociones que se hagan; pero de ahí no se sigue que se viole el aludido artículo 8o. constitucional por el hecho de que la autoridad no resuelva precisamente en el sentido que quieran los interesados." Además, en todo caso, de tener como acto reclamado la omisión de la responsable de expedir lo solicitado por el quejoso, se sobreseería en el juicio respecto a dicho acto de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ser inexistente, pues para poder tener como existente dicha omisión, primero debe demostrarse que dicha autoridad se encuentra obligada a atender lo solicitado, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO". Por lo que, si bien el artículo 7 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, establece que las dependencias y entidades deben expedir los certificados o informes solicitados por los interesados como el Instituto o lo requerido a los trabajadores, ex trabajadores o pensionados, en este juicio de amparo no está comprobado fehacientemente que el quejoso sea ex trabajador del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), pues si bien las copias fotostáticas sin certificar allegadas son medios de prueba, los cuales se consideran como indicios y quedan al prudente arbitrio judicial, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los mismos deben estar corroborados con otros elementos probatorios para que se les pueda considerar por sí solos como prueba plena, como se pretende. Así, dichas copias sin certificar, al no estar corroboradas con otros medios de convicción, para poder determinar su fiabilidad y autenticidad, son insuficientes para acreditar que el quejoso sea ex trabajador del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), por lo que no podría atribuírsele a la responsable la obligación de expedir lo solicitado, al no estar comprobada dicha circunstancia para poder atribuirle que la autoridad tiene esa obligación conforme a la ley y que es omisa en su acatamiento. Ill. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada al [1] Director Jurídico y Representante Legal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, consistente en a) la omisión o falta de contestación al escrito presentado por el quejoso el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual solicitó, le fueran entregados en original los documentos relativos a la hoja de servicios, constancia de evolución salarial y carta de certificación del salario. Lo anterior, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, además, su certeza se advierte en razón de que, al tener el carácter de acto omisivo el que se le imputa, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la carga de la prueba para justificar su inexistencia, corresponde a las autoridades responsables, en el sentido de justificar que sí realizaron la acción cuya omisión se les reclama -realizar acciones para contestar el referido escrito-, ello pues en este tipo de actos para ser existentes se requiere únicamente que la parte quejosa demuestre que exista el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, y que dicha autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO", en el entendido de que corresponde a la autoridad responsable la carga de probar lo fáctico en lo relativo a si incurrió o no en una conducta dilatoria. En ese sentido, para que se pueda considerar que la autoridad fue omisa en dar trámite a la solicitud de la parte quejosa, es necesario que se encuentre acreditado que dicha autoridad tuvo conocimiento de la misma, pues sólo de esa forma puede considerarse que la obligación de contestarla es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, de rubro "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. " Por tanto, en este caso se encuentra acreditada tal circunstancia, en virtud de que la amparista remitió el original del acuse de recibo de su solicitud, el cual cuenta con el sello oficial de recibo de la Dirección Jurídica del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, mismo que es usado por funcionarios públicos pertenecientes a dicha institución, y no fue objetado por la responsable, por lo que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º. Documental que se encuentra adminiculada con las manifestaciones que realizó dicha autoridad responsable en su informe justificado, en el que afirmó que dicha petición fue recibida, sin que manifestara cuestión alguna tendiente a desconocer su recepción, pues incluso refirió que una vez que contara con la información solicitada la atendería, de donde se colige, que aceptó tener conocimiento de la misma y que la está tramitando. En tales condiciones, se obtiene que el amparista realizó una petición sin que hasta este momento procesal se haya demostrado que la misma le fuera contestada y notificada, y en virtud de que lo afirmado por la autoridad goza de presunción de legalidad, ello atendiendo al artículo 117 de la Ley de Amparo, en tanto que tal disposición establece una sanción a ese respecto para la responsable ante la falta de informe -en caso de que no niegue el mismo-, la que también resulta aplicable cuando es imprecisa en pronunciarse sobre su certeza, o de su contenido íntegro se advierte que asevera datos respecto a su existencia, tal como robustece la tesis con registros 238215 y 325171, ambas de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera de rubro "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO" y la segunda del contenido siguiente: "INFORMES JUSTIFICADOS IMPRECISOS. Si los informes justificados no son claros y explícitos sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado, la autoridad responsable no cumple con los requisitos que exige la Ley de Amparo para tal caso, operando en consecuencia, la presunción legal a que se refiere el artículo 149 de dicho ordenamiento, teniéndose como cierto el expresado acto reclamado. Esto sucede en el caso en que el informe justificado no es lo suficientemente claro y categórico para admitir, sin género de dudas, que la autoridad responsable niega el acto que se le imputa, pues si bien dice que no "ha dado orden alguna para despojar de su parcela" al quejoso, por otra expresa que se ha "concretado a obedecer órdenes superiores", sin explicar si esas órdenes, son en el sentido de que respete la parcela del quejoso o lo prive de su posesión." De lo que se obtiene, que la misma al no ser clara en la falta de recepción del escrito en cuestión, ni su estado procesal, implícitamente aceptó que recibió dicha petición, y que aún faltaba que le diera el trámite correspondiente, sin que la hubiera remitido a diversa autoridad; o en su caso, hubiera solicitado su intervención (pues sólo indicó que la parte quejosa no acudió a sus instalaciones a pedir una respuesta a su escrito y que no insistió en la misma, esto es, no que no la recibió, sino que no realizó dichas acciones y al contrario aseveró que se encontraba tramitándola, de donde se deduce que aceptó que tenía conocimiento de la misma, y a su vez que exclusivamente dicha autoridad la tenía en trámite). En consecuencia, el material probatorio con que se cuenta, resulta suficiente para acreditar la certeza de la omisión que se le atribuye a la responsable, por lo que se continúa con el estudio del asunto. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se promovió oportunamente, pues al no establecerse un plazo específico en la Ley de Amparo para reclamar actos omisivos y éstos producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre término. V. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna con relación al acto reclamado y este juzgado no advierte de oficio que se actualice una de ellas, de modo que se procede ocuparse del fondo del asunto. VI. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Es fundado y suficiente en su causa de pedir, el concepto de violación planteado por el amparista para conceder el amparo solicitado. Pues precisamente de la integridad del escrito de demanda, se advierte que el quejoso se duele de la omisión o falta de contestación a su escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual solicitó, le fueran entregados en original los documentos relativos a la hoja de servicios, constancia de evolución salarial y carta de certificación del salario, misma solicitud que fue presentada y recibida por el [1] Director Jurídico y Representante Legal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, sin que hasta el momento le hayan emitido una contestación al respecto, lo cual transgrede su derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es fundado, porque efectivamente la autoridad responsable no ha dado respuesta a la petición de la parte quejosa, ni mucho menos se la ha notificado. Se afirma de tal forma, ya que el derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, básicamente consiste en que frente a toda petición que se formule a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ésta tendrá la obligación de emitir un acuerdo y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. En el caso, el quejoso presentó ante el [1] Director Jurídico y Representante Legal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el escrito de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el cual solicitó le fueran entregados en original los documentos relativos a la hoja de servicios, constancia de evolución salarial y carta de certificación del salario. Luego, es que a pesar de que la responsable señaló que, con motivo de dicha solicitud, no localizó documental alguna mediante la cual la parte quejosa haya insistido en obtener una respuesta, aunado a que la información se encuentra en trámite, y una vez que se cuente con los documentos requeridos, se le hará llegar una respuesta al quejoso, no obstante, tales afirmaciones no desvirtúan la omisión en que ha incurrido, ya que no existe ninguna disposición que obligue al quejoso a ratificar su escrito para que sea atendido, e incluso no refirió en qué momento dará contestación a la solicitud presentada por el quejoso, ni qué trámites en específico son los que refiere estar realizando para justificar su actuar dilatorio, aunado a que no allegó ninguna documental para acreditar su dicho. Además de que si bien aseveró que no obraba constancia alguna de que hubiera asistido a sus instalaciones a solicitar la referida respuesta, lo cierto es que como ya se indicó, tal petición la presentó por escrito sin que fuera necesario que acudiera a dichas instalaciones, aunado a que no negó expresamente no haberla recibido y al contrario señaló que iba a atender dicha petición una vez que contara con la información respectiva, de donde se colige que implícitamente aceptó que tiene conocimiento de dicha petición y por ello, que está en aptitud para atenderla. Además, en el caso ha transcurrido el breve término que dispone el artículo 8º constitucional, pues desde el escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, a la fecha de presentación de la demanda -diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés-, transcurrieron más de dos años y medio, lapso que resulta evidentemente excesivo para que se diera respuesta a la solicitud de mérito, ya que si bien, la norma fundamental no establece qué tiempo comprende ese breve término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo definió como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse" . De lo que se obtiene que la autoridad responsable [1] Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, ha transgredido el derecho de petición de la parte quejosa, pues el lapso que ha trascurrido se considera más allá de un término razonable, pues el estudio para efecto de contestar la petición, se constriñe a acordar lo contenido en ella, con independencia de que con ello pueda iniciar algún procedimiento distinto o no, que por sí amerite substanciarse en un plazo determinado. Aunado a que, si bien la norma aplicable al caso no establece tampoco un tiempo específico para atender lo solicitado. Sirve por analogía el plazo que establece el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, el cual establece un plazo de cinco días naturales siguientes a la fecha en que se haya presentado la promoción, el cual resulta analógico para resolver el trámite que aquí se analiza, al tratarse de uno de la misma naturaleza, resultando aplicable por ello el criterio I.4o.A.507 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 176320, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA. El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo." Asimismo, el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que para el otorgamiento de una pensión, el instituto está obligado a otorgar la resolución en un plazo máximo de noventa días, así como los artículos 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 38, fracción LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 20 de las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, establecen un término de treinta días para dar tramitación a una solicitud de pensión, por lo que si el plazo establecido en los citados preceptos es para el trámite de otorgamiento de una pensión, el cual es más complejo y requiere mayores requisitos y trámites por realizar, resulta inconcuso que para un trámite menor, como el otorgar lo solicitado por el quejoso, no se pueda exceder de tal término, mientras que en el caso, han transcurrido más de tres años, lapso que evidentemente transcurrió en exceso para que se diera respuesta a la solicitud de mérito. Además robustece lo anterior, lo sostenido en los amparos en revisión 50/2023 y 608/2022 de los Primer y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoctavo Circuito, respectivamente, en los que determinaron que no era impedimento para conceder la protección constitucional que en esos asuntos la parte quejosa no señalara a una autoridad que tuviera injerencia en un acto omisivo, en tanto que la misma podía ser vinculada en el procedimiento de ejecución, las cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en razón de que tales asuntos derivaron de amparos sustanciados por este juzgado. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos señalados en el considerando siguiente. VII. Efectos de protección de la Justicia Federal. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se especifica que la concesión del amparo es para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. La autoridad responsable, [1] Director Jurídico y Representante Legal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, con plenitud de atribuciones, de manera congruente y completa de contestación al escrito presentado por el quejoso el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ello en el sentido de que atienda y resuelva sobre la solicitud del aquí quejoso, y le notifique tal determinación. En el entendido, de que lo anterior no la obliga a resolver en determinado sentido, así como de que para efectos del presente juicio de amparo, al tratarse el acto reclamado de uno del tipo omisivo, la autoridad responsable para efectos del presente fallo se delimitó en función de la etapa procesal del asunto -en el que indicó que la estaba atendiendo ella misma, sin precisar que la hubiera remitido a alguna distinta, o hubiera requerido alguna cuestión necesaria para darle trámite-, conforme a lo sostenido por las partes y las pruebas aportadas, en términos de la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo que, se precisa que todas las autoridades que en su caso, deban tener intervención para dar cumplimiento al presente fallo -aun cuando en este momento no tengan intervención y con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables-, podrán ser vinculadas al cumplimiento del fallo protector, al estar obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para su acatamiento, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando II, por las razones y para los efectos expuestos en los diversos penúltimo y último, todos de esta sentencia. Notifíquese, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Seidy Lizbeth Salgado González, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Autorizado de la parte quejosa interpone recurso de queja (folio 17835) Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de tres de octubre de dos mil veintitrés. En ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; en consecuencia, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el escrito original, así como una copia más del mismo, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el mismo, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Asimismo, se instruye al actuario judicial que corresponda, para que al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Delegada del Congreso del Estado de Morelos solicita se requiera al ICTSGEM (folio 17837) Por otra parte, glósese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio presentado en representación del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, informa que, para estar en condiciones de proporcionar al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos los recursos para el pago de la pensión a la parte quejosa, es necesario conocer la cantidad total que debe asignarse, por lo que solicita se requiera al instituto para que informe la cantidad total a pagarse. Ese ese sentido, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la o al director del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del momento en que quede legalmente notificado de este auto: Informe la cantidad total que debe pagarse a la parte quejosa Salatiel Monterrubio Flores, por concepto de la pensión por cesantía en edad avanzada que le fue otorgada. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el diverso oficio signado por el Director Jurídico y representante legal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través del cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado; con su contenido dese vista a las partes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que designa, y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.********************Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica.********************Ahora, vista la demanda de amparo presentada por ******************** por su propio derecho contra actos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, se provee como sigue:********************Integración de expediente electrónico. ********************En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. ********************De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. ********************En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 ********************Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. ********************En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico.********************Supervisión del registro diario. ********************Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto.********************Exhortación a las partes. ********************De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. ********************Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. ********************Registro de demanda.********************Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).********************Admisión de demanda.********************Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo.********************Audiencia constitucional.********************Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional.********************Requerimiento de informe justificado.********************Pídase a la autoridad responsable su respectivo INFORME JUSTIFICADO, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de la Materia.********************Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia.********************En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria.********************En el entendido que para facilitar el envío de los anexos al informe que debe rendir la autoridad responsable, se pone a su disposición un disco versátil [formato DVD], para que en este sea cargada la información digital de los anexos conducentes y colaborar así al ahorro de insumos que en la actualidad son ocupados para el fotocopiado de la información que apoya el referido informe, además de que se facilite a las partes la consulta de dicha información, por los medios tecnológicos utilizados en el expediente electrónico.********************Terceros interesados.********************Por el momento, no se advierte alguna persona a la que le asista el carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no ha lugar a emplazar a nadie con ese carácter; sin perjuicio de que con posterioridad surja alguno.********************Incidente de suspensión.********************No se ordena su apertura, ya que no fue solicitado por la parte quejosa.********************Ministerio Público Federal.********************Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte en el presente asunto.********************Obligación de informar causas de sobreseimiento.********************Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Tribunal Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de la Materia.********************Requerimiento sobre juicios relacionados.********************A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias.********************Pruebas.********************Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas las documentales que adjunta en su escrito de demanda, las cuales se desahoga por su propia y especial naturaleza, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el presente juicio de amparo.********************Domicilio de la parte quejosa y autorizados.********************Se tiene por autorizadas a las personas que refiere en los términos propuestos (para oír y recibir notificaciones).********************Y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico y las notificaciones vía electrónica [por así haberlo solicitado expresamente], siempre y cuando se realice con el usuario que proporciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ********************Se instruye a la actuaría de este juzgado de Distrito que a partir del siguiente acuerdo que se emita en este juicio de amparo, las notificaciones para la parte quejosa, se realicen en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. ********************En el entendido que de no poder realizarse de manera electrónica, estás se realizarán de manera física el domicilio procesal señalado en el escrito inicial de demanda y cualquiera de las dos será válida.********************Autorización de copias.********************Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente.********************Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa.********************Habilitación de horas y días inhábiles.********************Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo.********************Notificación de diferimientos.********************De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley.********************Notificación por lista.********************En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional.********************De las sanciones.********************Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente:********************"Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: ******************** I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ******************** II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. ******************** Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: ******************** I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; ******************** II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; ******************** III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; ******************** IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y ******************** V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo."****************************************Transparencia y acceso a la información pública.********************Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión.********************En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. ********************En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial.********************Digitalización y expediente electrónico. ********************De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del referido Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ********************Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo.********************Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano