Florencio Mayo Cervantes
Expediente 83/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Florencio Mayo Cervantes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente, no impugnó el auto de once de febrero del presente año, en el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Presentación de la demanda y asignación de expediente. Vista la demanda de amparo promovida por ***, y cinco copias para traslado de las partes, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 83/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). II. Desechamiento. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia, consiste en: "La diligencia actuarial de veinticinco de enero del presente año, emitida dentro del juicio laboral 295/2012, promovido por Dora Alicia Méndez Sandoval en contra de Florencio Mayo Cervantes y otro." Ahora bien, el precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *** Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. (. . .) En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que, en su caso, se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. (. . .) Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, la suscrita Juzgadora estima que contra el acto aquí reclamado, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, en relación con el 170, fracción I, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo en vigor, por los motivos y consideraciones que a continuación se precisan. En efecto, los preceptos señalados a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: . Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Así, el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la ley de la materia, determina que el juicio de amparo inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional. Por su parte, el diverso artículo 61, fracción IX, señala que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; en ese sentido, de ambos preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo, deriva que la autoridad responsable en el amparo directo actúa con carácter de auxiliar de la Justicia Federal, en la recepción de la demanda, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento del o los terceros interesados y remisión de la demanda de amparo ante el tribunal competente para su conocimiento. Así, los actos que emite la autoridad responsable, en torno a la citada presentación de la demanda de amparo contra su resolución, forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, en tanto que el órgano competente para su conocimiento lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora bien, en el caso concreto, de los anexos que remite con su demanda la parte quejosa, se advierte que el veintiséis de noviembre de dos mil quince, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en atención al amparo directo promovido por el hoy quejoso contra el laudo dictado en el juicio laboral 295/2012, emitió la medida supensional de la ejecución del laudo, en la que se acordó fijar una garantía por la cantidad de $11, 209.30 (once mil doscientos nueve pesos 30/100 moneda nacional), para que surtiera efectos dicha suspensión, esto, con el fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros o al trabajador; y el monto por concepto de subsistencia de la parte trabajadora por la cantidad de $11,472.00 (once mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Posteriormente, el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se realizó la diligencia en cumplimiento al auto de requerimiento y/o embargo contra Florencio Mayo Cervantes, en la que el actuario en funciones adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se constituyó al domicilio del hoy quejoso, para requerir el pago de las prestaciones que obtuvo la parte actora en el procedimiento laboral en mención, y en dicho acto se realizó el pago de la garantía fijada con motivo de la medida suspensional de la ejecución del laudo; acto del que el aquí quejoso se duele en este juicio de amparo, pues manifiesta en su escrito de demanda, que el pago que la autoridad responsable estableció en la diligencia no fue el que se realizó con motivo de la medida suspensional dictada en el juicio de amparo directo. En esas condiciones, si el acto reclamado en este juicio, es uno que tiene relación con la suspensión decretada en la interposición del juicio de amparo directo, es inconcuso que dicho acto, es de aquellos emitidos en el referido procedimiento constitucional, por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, en relación con 170, fracción I, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, y lo procedente es desechar la demanda de amparo. (. . .) IV. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda. III. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. IV. Protección de datos personales. Hágase de conocimiento del quejoso, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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