Florencio Iván Estrada Menchaca

Expediente 756/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
756/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
01/03/2017

Partes del expediente

  • Florencio Iván Estrada Menchaca
  • Juez Primero de Primera Instancia Y de lo Familiar En Jerez, Zacatecas
  • FLORENCIO IVÁN ESTRADA MENCHACA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra el auto de dos del mes y año en curso, dictado en el presente juicio de garantías, que decretó el sobreseimiento de este juicio, fuera de audiencia, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico y por ende, destruible. Devuélvase a la autoridad responsable Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, los cuatro discos ópticos (DVD) que remitió en apoyo a su informe justificado, previa certificación que por su desglose se deje en autos.

  2. Principal

    Visto; agréguense a sus autos únicamente para que obren como correspondan los oficios de cuenta y anexos, signados por la Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar y Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, ambos del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, respectivamente; el primero de ellos, devuelve diligenciado el despacho 1719/2016-II, por tanto, dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y acúsese el recibo de estilo; y, el segundo, informa que dio cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional. Lo anterior, toda vez que por auto de veinte de diciembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este Juicio. No obstante lo anterior, dado que la autoridad oficiante Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, no devuelve el original del despacho citado, requiérasele para que a más tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción del oficio respectivo lo devuelva, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto con por la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación en el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional.

  3. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al que anexa la transcripción de la resolución de no vinculación a proceso dictada el trece del mes y año en curso, a los quejosos Florencio Iván Estrada Menchaca y Juan Carlos Reveles Bañuelos, dentro de la causa penal 26/2016. Con el informe que se recibe, téngase a la autoridad responsable desahogando el requerimiento hecho por este juzgado; con lo anterior y atendiendo al estado de autos se acuerda: Este órgano jurisdiccional advierte la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Aunado lo anterior, en la medida que constituye un obstáculo para que este juzgado de amparo entre al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin necesidad de verificar la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse con prueba alguna dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, materia Común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se afirma lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Se afirma lo anterior, toda vez que los quejosos acuden a la presente instancia constitucional, doliéndose de la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas y otras autoridades, así como la pretendida ejecución de dicha orden. Al respecto, la diversa autoridad responsable ordenadora, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al rendir su correspondiente informe justificado, reconoció la existencia de los actos reclamados, asimismo, informa que el trece de diciembre de la presente anualidad, fue resuelta la situación jurídica de los quejosos Florencio Iván Estrada Menchaca y Juan Carlos Reveles Bañuelos, dictándose a su favor auto de no vinculación a proceso; y, al efecto, remitió copia certificada de la mencionada resolución, de la que se corrobora lo afirmado por la autoridad responsable. Así, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en análisis, ya que las violaciones reclamadas por los quejosos, quedaron irreparablemente consumadas al resolverse su situación jurídica, mediante la resolución de trece de diciembre de la presente anualidad, dictándose a su favor auto de no vinculación a proceso. Sobre el particular, resulta aplicable por similitud jurídica, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, número VII.1º P.J/42, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, editado en marzo de dos mil, páginas ochocientos setenta y cinco y ochocientos setenta y seis, que es como sigue: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto". Asimismo, resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis II.2o.P.20 P (10a.), publicada en la página mil doscientos ochenta y siete, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002240, del tenor: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados.". Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, sin necesidad de esperar al día señalado para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. El sobreseimiento anterior, se hace extensivo al acto de ejecución imputado a las autoridades señaladas como ejecutoras, al no haberse reclamado de ellas el acto por vicios propios. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se deja sin efecto dicho señalamiento.

  4. Principal

    Publico por medio de lista el auto de veinte de diciembre de dos mil dieciseis, con efectos de notificar personal a la parte quejosa: Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al que anexa la transcripción de la resolución de no vinculación a proceso dictada el trece del mes y año en curso, a los quejosos Florencio Iván Estrada Menchaca y Juan Carlos Reveles Bañuelos, dentro de la causa penal 26/2016. Con el informe que se recibe, téngase a la autoridad responsable desahogando el requerimiento hecho por este juzgado; con lo anterior y atendiendo al estado de autos se acuerda: Este órgano jurisdiccional advierte la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Aunado lo anterior, en la medida que constituye un obstáculo para que este juzgado de amparo entre al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin necesidad de verificar la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse con prueba alguna dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, materia Común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se afirma lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Se afirma lo anterior, toda vez que los quejosos acuden a la presente instancia constitucional, doliéndose de la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas y otras autoridades, así como la pretendida ejecución de dicha orden. Al respecto, la diversa autoridad responsable ordenadora, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al rendir su correspondiente informe justificado, reconoció la existencia de los actos reclamados, asimismo, informa que el trece de diciembre de la presente anualidad, fue resuelta la situación jurídica de los quejosos Florencio Iván Estrada Menchaca y Juan Carlos Reveles Bañuelos, dictándose a su favor auto de no vinculación a proceso; y, al efecto, remitió copia certificada de la mencionada resolución, de la que se corrobora lo afirmado por la autoridad responsable. Así, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en análisis, ya que las violaciones reclamadas por los quejosos, quedaron irreparablemente consumadas al resolverse su situación jurídica, mediante la resolución de trece de diciembre de la presente anualidad, dictándose a su favor auto de no vinculación a proceso. Sobre el particular, resulta aplicable por similitud jurídica, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, número VII.1º P.J/42, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, editado en marzo de dos mil, páginas ochocientos setenta y cinco y ochocientos setenta y seis, que es como sigue: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto". Asimismo, resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis II.2o.P.20 P (10a.), publicada en la página mil doscientos ochenta y siete, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002240, del tenor: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados.". Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, sin necesidad de esperar al día señalado para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. El sobreseimiento anterior, se hace extensivo al acto de ejecución imputado a las autoridades señaladas como ejecutoras, al no haberse reclamado de ellas el acto por vicios propios. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se deja sin efecto dicho señalamiento.

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