Florencio Hernández Espinoza

Expediente 999/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
999/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2017

Partes del expediente

  • Florencio Hernández Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, devuelve el juicio de amparo 999/2016 del índice de este órgano jurisdiccional y adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja administrativa 266/2016 de su índice, de la que se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído en que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, acúsese recibo, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del medio de impugnación de referencia y archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    La parte quejosa INTERPONE RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y, demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, dese trámite al citado recurso. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, anexando el original del escrito de expresión de agravios, la copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación y un tomo de pruebas. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. Cabe señalar, que no se le remiten los autos del juicio de amparo 486/2016 del índice de este Juzgado, mismo que se tuvo a la vista para dictar el proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, en este expediente, debido a que el siete de octubre de dos mil dieciséis, se remitieron dichos autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz para que por conducto de la Oficina de Correspondencia Común se le turnara la inconformidad interpuesta por la parte quejosa contra la sentencia dictada en aquel juicio de amparo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE FLORENCIO HERNÁNDEZ ESPINOZA, EL AUTO QUE DICE: Florencio Hernández Espinoza promueve demanda de amparo contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, residente en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 999/2016, que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve esa instancia constitucional dentro de los términos establecidos para ello. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del artículo enunciado se observa que el término genérico para interponer la demanda de amparo es de quince días. Ahora bien, para el cómputo correspondiente, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el cual distingue tres momentos; esto es, el término genérico de quince días para la promoción de una demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) El quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. c) El quejoso se hubiese ostentado sabedor de los mismos. HECHOS En el caso, los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: La resolución de nueve de agosto de dos mil dieciséis, emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 486/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Cabe destacar que la parte quejosa expresa en el apartado relativo a los antecedentes que constituyen el acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, que el día veintiséis de septiembre del año en curso se le notificó el acto reclamado. Sin embargo, resulta un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que en este Juzgado se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 486/2016, del que se advierte lo siguiente: 1. La parte quejosa es el propio Florencio Hernández Espinoza. 2. En el expediente en comento se tuvo como acto reclamado el oficio número 393/2016 de doce de abril de dos mil dieciséis, signado por el Director del Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual contestó el escrito del quejoso de once de noviembre de dos mil quince, en el que impugnó la calificación obtenida en el examen de oposición para ocupar la Plaza de Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral. 3. En sentencia dictada el uno de julio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo a la parte quejosa, por lo que, al quedar firme mediante determinación de veinte de julio de dos mil dieciséis se requirió su cumplimiento. 4. Acorde con lo anterior, las autoridades responsables emitieron una resolución el nueve de agosto de dos mil dieciséis (la cual constituye el acto reclamado en este juicio); en diversas actuaciones de quince y dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, este juzgado ordenó poner a vista de las partes aquellas actuaciones, a fin de que manifestaran lo conducente respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; el diecinueve y el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (fojas 134 a 136 del juicio de amparo 486/2016), se notificaron por lista de acuerdos los proveídos de quince y dieciocho de agosto del año en curso a Florencio Hernández Espinoza (promovente), previo aviso de notificación dejados en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en los autos del juicio de amparo 486/2016 del índice de este Juzgado. Cabe precisar que la demanda de amparo origen de este asunto, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el veintisiete de septiembre del presente año. Es decir, el término para la presentación de la demanda de amparo empezó a correr a partir del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis y feneció el veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Asimismo, de las constancias que obran en el juicio de amparo 486/2016 se advierte que el aquí promovente Florencio Hernández Espinoza tuvo conocimiento de la resolución reclamada, pues mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintinueve de agosto del año en curso (fojas 137 a 140), desahogó la vista que le fuera otorgada en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo. Además, se destaca que entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado y la diversa en la que debió presentar su escrito de demanda, fueron inhábiles los siguientes días: Veintisiete y veintiocho de agosto, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de septiembre, todos del año en curso, por corresponder a sábados y domingos, y catorce, quince y dieciséis por haber sido declarados inhábiles para este órgano jurisdiccional. CONCLUSIÓN De lo anterior se advierte que la demanda de amparo fue presentada extemporáneamente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 166688 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Agosto de 2009 Materia(s): Común Tesis: I.130.T.9 K Página: 1579 "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EQUIVALENCIA DE LAS EXPRESIONES "FECHA DE NOTIFICACIÓN" Y "OSTENTARSE SABEDOR" PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 166, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE SU PRESENTACIÓN. El artículo 21 de la Ley de Amparo prevé el término de quince días para presentar la demanda, entre otros supuestos, desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto que le afecta. Por otra parte, el artículo 166, fracción V, del citado ordenamiento establece como requisito de la demanda de amparo directo que el agraviado indique la fecha de notificación o en la que haya tenido conocimiento del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Ahora bien, este tribunal considera que entre las expresiones "fecha de notificación" y "ostentarse sabedor" previstas en los aludidos preceptos no existe diferencia, toda vez que el conocimiento, en ambas, es la raíz, y dentro de los medios para obtenerlo se encuentra la notificación o la confesión; de tal manera que si el quejoso asienta en su demanda determinada fecha de notificación del acto reclamado, como cumplimiento del requisito previsto en la fracción señalada, ello equivale a ostentarse sabedor y es suficiente para computar el término para la presentación de la demanda." Época: Octava Época Registro: 226886 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio -Diciembre de 1989 Materia(s): Administrativa Página: 199 "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente ... al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Como entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica, debe preponderar sobre la notificación y por ende, sobre el conocimiento del acto, puesto que el propio quejoso, al confesar expresamente cuándo se hizo sabedor de la existencia del acto reclamado, hace a un lado dicha notificación. En efecto, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado, prepondere sobre cualquiera de las otras dos fórmulas empleadas por el legislador en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". Así las cosas, basta con que el quejoso, tratándose de una persona con capacidad jurídica o su representante legal o convencional, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin tomar en cuenta la notificación que en su caso medie de tal acto, toda vez que la confesión expresa del quejoso o de su representante legal, la dejaron sin efectos" (lo destacado es propio). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lorena Oyola Hernández, Oscar Notario Vera y Vicente Cruz Muñoz, debido a que tienen sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; asimismo, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a los restantes profesionistas por no contar con dicho registro. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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