Florencio Davalos Calixto
Expediente 809/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Florencio Davalos Calixto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Reexpídase el oficio de referencia.
- Principal
Actuario Judicial del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el incidente de inejecución de sentencia I.I.S. 5/2021, de su índice, en el que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. SEGUNDO.- Se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia derivado del juicio de amparo indirecto 809/2020, del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. [.]" ACÚSESE RECIBO, remítanse los presentes autos al archivo.
- Principal
...agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, por una parte acusa recibo del oficio que le fue remitido a través del Módulo de Interconexión del sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y por otra, hace del conocimiento que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, el cual quedó registrado bajo el número I.I.S. 5/2021. En atención a su contenido, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 06/agosto/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Ciudad de México; seis de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Procesos y Amparos, en representación de la Secretaría de Bienestar, a través del cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo. En atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, consideró necesario contar con el acta de defunción del quejoso, a fin de estar en posibilidad de realizar el pronunciamiento que en derecho corresponda; por lo que se requirió al Director General del Registro Civil de la Ciudad de México, a efecto de que remitiera dicha documental. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio registrado con el folio 13025, el apoderado legal del Registro Civil de la Ciudad de México, remitió copia certificada del acta de defunción del quejoso *** Atento a lo anterior, de las constancias que integran el sumario constitucional, la suscrita juzgadora advierte la actualización de la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a determinar lo conducente respecto de dicha imposibilidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, agosto de 2018, Tomo II, página 1739, que señala: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." El diez de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *** en contra del acto y autoridades señaladas en el considerando segundo, en términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." Al haber transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran la sentencia dictada en el juicio de amparo, por auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, dicha sentencia causó ejecutoria. Al tenor de lo anterior, en el citado auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria amparo. Ahora, los alcances y efectos del fallo protector que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, consisten en lo siguiente: "[.] Por tanto, al haberse demostrado que el acto reclamado trasgrede el principio de legalidad reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones que regulan el otorgamiento de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, así como el derecho a un mínimo vital, se impone conceder la protección constitucional al quejoso para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades adscritas a la Secretaría de Bienestar, de manera inmediata, se pronuncien sobre la procedencia de la reposición de la tarjeta donde se le depositaba al quejoso Florencio Dávalos Calixto la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se la entreguen de inmediato aun y cuando no se hubiere transitado al semáforo verde de la pandemia que nos aqueja. En la inteligencia que, de resultar procedente, deberá realizar todas las gestiones necesarias para que a la brevedad se le haga entrega de los recursos al quejoso a través de la reposición de la tarjeta bancaria que se expide para ese efecto. [.]" De la anterior trascripción, en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito y, a efecto de que se encuentre cumplida la sentencia de amparo y restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONSISTEN EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, deberá realizar lo siguiente: De manera inmediata, se pronuncien sobre la procedencia de la reposición de la tarjeta donde se le depositaba al quejoso Florencio Dávalos Calixto la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se la entreguen de inmediato aun y cuando no se hubiere transitado al semáforo verde de la pandemia que nos aqueja. En la inteligencia que, de resultar procedente, deberá realizar todas las gestiones necesarias para que a la brevedad se le haga entrega de los recursos al quejoso a través de la reposición de la tarjeta bancaria que se expide para ese efecto. No obstante lo anterior, del sumario constitucional se advirtió que mediante oficio registrado con el folio 5370, el Director de Procesos y Amparos, en representación del Titular de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y del Titular, todos de la Secretaría de Bienestar, manifestó la imposibilidad material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ello en atención a que mediante tarjeta ***, la Dirección de Padrones informó que no fue posible llevar a cabo la entrega del medio de cobro al quejoso, debido a que durante la diligencia de entrega los familiares del beneficiario comunicaron su fallecimiento. De ahí que, mediante proveídos de veintiséis de abril, veinticuatro de mayo y veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa, por conducto de sus autorizados, a fin de que remitiera original o copia certificada de la constancia de la que se advirtiera, sin lugar a dudas, que el quejoso ***, había fallecido, para estar en posibilidad de acordar lo conducente en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; sin que a la fecha de actuación se advierta de las constancias que obran en autos, que la parte quejosa haya dado cumplimiento a los citados requerimientos, no obstante de haber sido legalmente notificada. Asimismo, mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se requirió al Titular de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, para que, informara si existían pagos pendientes por realizar a la parte quejosa, con motivo de la entrega de los recursos a través de la tarjeta bancaria que se expide para tal efecto. En cumplimiento a lo anterior, por oficio registrado con el folio 11588, el Director de Procesos y Amparos, en representación del Titular de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y del Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, todos de la Secretaría de Bienestar, remitió el siguiente documento: 1.- Oficio *** de ***. Documental de la que se advierte que la autoridad responsable informó que del análisis de los datos proporcionados contra la información contenida dentro de los sistemas de control del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, desde el momento de su incorporación y hasta el bimestre de mayo-junio de dos mil veintiuno, los apoyos emitidos para el beneficiario, se reportan como depositados en los resultados de conciliación, primeramente a la cuenta registrada en la Institución bancaria Bancomer, y a partir del bimestre de septiembre-octubre de dos mil diecinueve a la cuenta registrada en Banco Azteca, por lo que no existen apoyos pendientes por emitir; constancia con la que en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su derecho legal conviviera; cuestión que fue omisa en desahogar. Por lo que, a efecto de proveer lo conducente en proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se requirió al Director General del Registro Civil de la Ciudad de México, para que remitiera a este Juzgado Federal, copia certificada del acta de defunción del quejoso ***. En cumplimiento a dicho requerimiento, mediante oficio presentado el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, el cual quedó registrado con el folio "13025", el apoderado legal del Registro Civil de la Ciudad de México, remitió la siguiente documental. 1.- Acta de defunción del quejoso ***. Documentales que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, de la lectura de las documentales que han quedado relacionadas en párrafos anteriores, se advierte que la peticionaria del amparo falleció a las ***; y, con base en tal circunstancia, la responsable manifiesta su imposibilidad material para dar cumplimiento al fallo de amparo, esto es, para entregar la tarjeta donde se le depositaba al quejoso *** la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y como consecuencia de ello, la entrega de los recursos a través de dicha tarjeta bancaria. En este contexto, se estima que en el caso que se analiza no es posible restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación aducida; pues no es materialmente factible entregar a la parte quejosa la tarjeta donde se le depositaba la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y como consecuencia de ello, la entrega de los recursos, en razón que esta falleció a las ***. Máxime que de las manifestaciones que realiza la responsable en el ocurso de cuenta, se advierte que la solicitante del amparo no designó beneficiario alguno a fin de que pudiera disponer de los fondos depositados en la tarjeta bancaria precisada en líneas que anteceden, tal y como se desprende del numeral 3.6.1 inciso g) y 4.5 pago de marcha de las Reglas de Operación que regulan el Programa. En ese tenor, este juzgado federal considera que le asiste razón a las autoridades responsables Titular de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y al Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, todos de la Secretaría de Bienestar, respecto de la imposibilidad material que aducen para dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que en el caso, no existen elementos respecto de los cuales se materialice el cumplimiento de la ejecutoria, dado que la peticionaria del amparo falleció a las ***, tal y como se aprecia de las documentales que obran en autos. Por las razones apuntadas, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. Sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio, Tesis Aislada 2a. CXII/2013 (10a.) Tesis pendiente de publicarse, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de noviembre del dos mil trece, cuyo rubro y texto, establecen lo siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o bien materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pormenorizado en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción 11 del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." En ese sentido, conviene reiterar que el objetivo de la autoridad jurisdiccional al requerir el cumplimiento de un fallo protector, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación alegada, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, por tanto, la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, debe producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Ilustra lo anterior, el criterio siguiente: "Registro: 197245, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Tesis: P./J. 90/97, Página: 9, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." En esta tesitura, para cumplir con una sentencia ejecutoria, es relevante que los actos reclamados contra los que se concedió el amparo, no deben haberse consumado irreparablemente desde el punto de vista jurídico y material, pues de suscitarse tal situación, las autoridades deberán acreditar de manera fehaciente e indudable ante el órgano de control constitucional que la ejecutoria no puede cumplirse en razón de que existen factores externos, imprevisibles y ajenos a su control, y es cuando se considera que se encuentran imposibilitadas para acatar el fallo protector, debido a que los actos reclamados declarados inconstitucionales han quedado consumados de forma irreparable. Sobre esa base, se reitera, del análisis de las constancias que obran en autos se advierte acreditada la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector. Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales conducentes. Ahora, en caso de que las autoridades se encuentren gozando de su periodo vacacional o no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanuden sus labores, entreguen los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, por conducto de sus autorizados en el domicilio para oír y recibir notificaciones, por oficio a las autoridades responsables y por lista al agente del ministerio público de la federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo vigente. Así, lo proveyó y firma Jonathan Hernández Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y conforme al oficio número CCJ/ST/2034/2021 de cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistido de Josué Yoao García García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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