Florencio Alejandro Pérez

Expediente 301/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
301/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2016

Partes del expediente

  • Florencio Alejandro Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veintinueve de febrero del presente año, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para la última de las partes en notificarse del ocho al veintiocho de marzo del año en curso, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es conservable de conformidad con lo dispuesto en el punto décimo primero del citado acuerdo general en razón de que se concedió la suspensión de plano. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica(III)

  2. Principal

    Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por este juzgado ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, de cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Precisando que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido que dicha autoridad ordenadora jurisdiccional no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Finalmente, devuélvase a la Juez Primero de lo Civil del Estado el anexo que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado.(III)

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. "... VISTA LA DILIGENCIA QUE ANTECEDE...SE TIENE AL DIRECTO QUEJOSO RATIFICANDO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA...POR OTRA PARTE EN ATENCIÓN AL INFORME JUSTIFICADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE... SE OBTIENE QUE EN EL CASO CONCRETO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE CESACIÓN DE EFECTOS...PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO... EN ESA TESITURA LO QUE PROCEDE ES SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA..."(III)

  4. Principal

    vista la demanda de amparo promovida por Ana María Isabel Morquecho Damasco a favor de Florencio Alejandro Pérez Flores, contra actos del Juez Calificador Municipal en Turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal y otra; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 301/2016. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción V, 107, 109, 112, segundo párrafo, 115, 116, 117, 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Tramítese sin incidente de suspensión de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito, acompañando copia certificada, completa y legible, en su caso, del acto reclamado, así como de las constancias que le sirvieron de base, para emitirlo, cuya remisión deberá hacerse dentro del plazo indicado. Apercibida que, en caso de ser omisa a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, se hace del conocimiento de todas las partes, que en cumplimiento al artículo 64, de la ley de la materia, se encuentran obligadas a informar a este Juzgado el conocimiento que tengan de la actualización de alguna causa de sobreseimiento, en el asunto concreto, y de ser posible acompañaran las constancias con las que ello se acredite; apercibida que de no hacerlo así la parte omisa se hará acreedora a una multa equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de que se haya incurrido en tal omisión, conforme a lo que señala el artículo 251 del ordenamiento jurídico aplicable. Dése la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, en términos de los artículos 107, fracción XV, Constitucional, y 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dejando a su disposición la copia de la demanda en el local de este Juzgado. Suspensión de plano- Se concede la suspensión de oficio y de plano, en términos de los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, de los actos reclamados: a) Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, el tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, para el efecto de que la autoridad responsable cese de inmediato los actos de referencia, en contra de la parte quejosa. b) Ataques a la libertad fuera de procedimiento reclamado; si la detención de la parte quejosa, es efectuada por alguna la autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público; se concede para el efecto de que el peticionario de amparo sea puesto en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. -Obligación de la autoridad responsable de informar cumplimiento a la suspensión de plano- De igual manera, la autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad a los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la Representación Social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. -Localización del directo quejoso- Se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos, que se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el directo quejoso, y en caso de no localizarlo, deberá buscarlo en los separos de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, Centro de Reinserción Social Aguascalientes y Zona Militar. Una vez que el Actuario localice al directo quejoso deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: 1.- El estado general de la integridad física del quejoso; 2.- El estado de las instalaciones en que se encuentre; y, en su caso, 3.- Si existe evidencia física de actos de tortura, cuestionando sobre ello al afectado, así como cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular. -Autorizados y domicilio- Como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa se tiene el que señala en el escrito de demanda, esto con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona. Se autoriza al secretario a firmar el oficio de este juicio de amparo. A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Finalmente, expídase copia de la presenta determinación, previo acuse que se otorgue en autos.

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