Florenciano Hernández Jiménez
Expediente 1809/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1809/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Florenciano Hernández Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Principal Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir el proveído mediante el cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. De conformidad con el artículo noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del artículo vigésimo primero fracción II del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.
- Principal
incidente de suspension Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó ejecutoria la sentencia emitida en el mismo y se ordenó su archivo definitivo, se determina que en términos del artículo noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, que el presente incidente no es de relevancia documental. En términos el párrafo segundo de la fracción III del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo Conjunto, se establece que el original de la presente incidencia es susceptible de depuración, al haberse concedido tanto en su aspecto provisional como definitivo la medida cautelar solicitada; debiéndose conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tal virtud, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de amparo, queda si efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Asimismo, se establece que el duplicado es destruible por ubicarse en supuesto del contenido en el punto Vigésimo fracción III del multicitado Acuerdo General. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en las carátulas del mismo.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Titular de la Quinta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en cumplimiento a lo ordenado en quince de diciembre de dos mil veintidós, por lo tanto téngasele por remitiendo las constancias solicitadas. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjunta a su oficio, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de su contenido se desprende que en seis de diciembre de dos mil veintidós, se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, por su probable participación en el hechos que la ley señala como delito de abuso sexual, cometido en agravio de la víctima con identidad reservada de iniciales E.P.P., declarando procedente la solicitud de suspensión condicional del proceso a prueba, en la causa penal de origen, informando que fueron impuestas las condiciones establecidas en las fracciones II, VII, IX y XIV del numeral 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: II. Prohibición de frecuentar o comunicarse con la víctima por cualquier medio. VII. Someterse a un tratamiento psicoterapéutico reeducativo especializado para personas agresoras de violencia, en la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual. IX. Someterse a la vigilancia de la Unidad de Medias Cautelares. XIV. Disculpa Pública. Por lo tanto, visto el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa promovió amparo indirecto en contra de actos del Titular de la Quinta Sala Unitaria Del Sistema Penal Acusatorio Del Tribunal Superior De Justicia En El Estado De Hidalgo, a quien reclamó, en esencia, la confirmación de auto vinculación del treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 547/2022. Por su parte, la autoridad responsable Titular de la Quinta Sala Unitaria Del Sistema Penal Acusatorio Del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, informó que el seis de diciembre de dos mil veintidós, se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, por su probable participación en el hechos que la ley señala como delito de abuso sexual, cometido en agravio de la víctima con identidad reservada de iniciales E.P.P., declarando procedente la solicitud de suspensión condicional del proceso a prueba, en la causa penal de origen, informando que fueron impuestas las condiciones establecidas en las fracciones II, VII, IX y XIV del numeral 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales; como se advierte de las documentales que en copia certificada acompañó al informe de cuenta, y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En el caso, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XIII del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, contra actos consentidos expresamente. En efecto, si bien el aquí quejoso reclamó la confirmación de auto de vinculación a proceso dictado por la responsable dentro de la causa penal 547/2022, del índice Titular de la Quinta Sala Unitaria Del Sistema Penal Acusatorio Del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo; lo cierto es que en seis de diciembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal de antes citada, el aquí quejoso en su calidad de imputado, accedió a un mecanismo alterno, esto es; su voluntad de concluir el proceso penal, mediante el acuerdo de suspensión condicional del proceso, imponiéndole las condiciones establecidas en las fracciones II, VII, IX y XIV del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que tuvo por consentido el acto aquí reclamado. En consecuencia, al haber manifestación tácita del consentimiento relativo al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 33/2017 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 43, Tomo I, página 261 que rubro y texto siguiente: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional". Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, página 386, del cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Notifíquese personalmente.
- Principal
Emplazamiento de la tercera interesada. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Titular de la Quinta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por medio del cual remite las constancias de emplazamiento a juicio realizado al Agente del Ministerio Público adscrito al a Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, Miguel Ángel Montaño Domínguez y la Víctima de identidad reservada de iniciales E.P.P., en su calidad de terceros Interesados en el presente juicio de amparo. Por tanto téngaseles emplazados al presente juicio. Notifíquese.
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