Florenciana Castro Zúñiga
Expediente 402/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 7 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Florenciana Castro Zúñiga
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, siete de mayo de dos mil dieciocho. Vista, la demanda de amparo promovida por Florenciana Castro Zúñiga, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, asiéntese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 402/2018. Con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, y 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el primero de los aludidos preceptos, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, octava época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo anterior es así pues, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 112 de la ley de la materia, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1º.A. J/4, página ochocientos noventa, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con los siguientes rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora, el ordinal 61, fracción XXIII, de la citadas ley, previene: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el arábigo 6º de la legislación antes citada dice: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del Artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por esta Ley." De conformidad con lo dispuesto en el transcrito precepto 6°, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la pre-existencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano de control constitucional para solicitar el cese de esa violación, de lo cual se reitera que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés que debe recaer en el promovente del amparo que para la procedencia del juicio constitucional debe tomarse en consideración. Ahora, es importante destacar, que la firma autógrafa del promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, pues en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho, se manifiesta mediante la firma autógrafa o, si no lo sabe hacer, mediante la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego. Lo anterior, en atención a lo siguiente: La firma es el signo gráfico con el cual, en general, se obligan todas las personas en todos los actos jurídicos en los que se requiere la forma escrita, tal como lo es la demanda de amparo. Denota la voluntad de ejercicio del derecho que en propio escrito se consagra. Es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma autógrafa al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo. Asimismo, el Diccionario de la Lengua Española define la palabra firma, como: "nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido." El dispositivo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva (sic) la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción." Así pues, de conformidad con el normativo 6° de la citada ley, el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada y en la especie se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente asunto no contiene al calce firma autógrafa de la parte quejosa Florenciana Castro Zúñiga, a quien le podría causar perjuicio los actos reclamados; por tanto, no puede tenerse por manifiesta su voluntad, ya que al faltar la firma autógrafa como manifestación de ésta, es indudable que el juicio constitucional deviene improcedente. Por tanto, si en términos de lo dispuesto por la fracción I, de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa le corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectadas por el acto de autoridad reclamado y tratándose del procedimiento escrito, como lo es el nuestro, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma; es indudable que la demanda de amparo debe contener firma autógrafa, por quien aparezca como promovente (ya sea por propio derecho, en su carácter de representante y/o defensor, o bien, en nombre de otro, cuando la ley así lo permita.) En consecuencia, la falta de la firma autógrafa de la persona cuyo nombre aparece al rubro del escrito que nos ocupa (al final o al calce de la demanda de amparo), tiene como consecuencia, estimar que no se ha promovido legalmente el juicio constitucional, por no haberse firmado de puño y letra, acorde con lo que se prevé en el ordinal 6º de la ley de la materia. Sin que sea obstáculo para llegar a esa conclusión, el hecho de que en la primera foja del escrito de cuenta, en concreto, en el apartado relativo a las autoridades responsables, se encuentre estampada una firma autógrafa, ya que con independencia de que no era el lugar adecuado, se omitió asentar quién la impuso; además, debe reiterarse que la parte quejosa no rubricó al calce o al margen cada una de las páginas que integran su escrito constitucional, lo que impide a este Juzgado de Distrito, tener la certeza de quién la estampó como expresión de su voluntad para promover el juicio de amparo contra el acto que reclama en esta vía. En consecuencia, al tener la certeza de que el escrito de demanda al momento de presentarse en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en este puerto, no contenía firma autógrafa, lo que se corrobora de una revisión al escrito constitucional, se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los normativos 6º y 112 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en la página setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación 181-186, quinta parte, séptima época, con los siguientes rubro y texto: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Cobra aplicación la tesis aislada XVII.7 K (10a.), del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página dos mil ciento cincuenta y cuatro, libro XVIII, mayo de dos mil quince, tomo III, décima época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos título y textos son: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Así como la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página trecientos catorce, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." De igual forma, la diversa tesis visible en la página doscientos diez, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTAR SUSCRITA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La demanda de amparo debe estar firmada por quien la formula, pues tal formalidad es indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no se ha promovido legalmente el juicio de garantías". Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2º.692K, publicada en la página cuatrocientos treinta y cinco, tomo XIV, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes". Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus autorizados a José Salgado Velásquez y Aldo Luis Muñoz González, en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y únicamente para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que designa, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1°.A.23.K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, materia común, décima época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimientos de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, la parte quejosa deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior con fundamento en el dispositivo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el arábigo 3º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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