Florencia Salinas Salinas

Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
919/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Florencia Salinas Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional; sin embargo, las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero Laboral del Circuito Judicial del Centro, son insuficientes para dictar sentencia. En consecuencia, a fin de dictar una sentencia conforme a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad, para que en el plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, remita a este juzgado copia certificada legible y completa del emplazamiento a juicio realizado en el expediente ordinario laboral ****** de su índice, a las demandadas: 1. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca; 2. ****, en su carácter de persona física y como Directora de Recursos Humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y, 3. El Instituto Mexicano del Seguro Social. Apercíbase a la citada autoridad que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y se fijan las diez horas con veintiséis minutos del veinte de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  2. Principal

    POR LISTA: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que las autoridades responsables Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, realice lo siguiente: Deje insubsistente la parte relativa del acuerdo reclamado de cinco de octubre de dos mil veintidós, por medio del cual se impuso multa al quejoso en el expediente laboral *****/2011, del índice de la autoridad responsable. Dicte otra determinación en la que previamente analice si la quejosa quedó notificada personalmente del o los requerimientos que dieron origen a dicha multa, de no ser así, ordene que dichos requerimientos se notifique personalmente. Para el caso de que haya quedado debidamente notificada, exponga los motivos de forma pormenorizada que sustenten la imposición de las dos multas impuestas de 100 unidades de medida y actualización y no una cantidad menor y, como consecuencia, motive la variación de cada una de las multas que apercibe con imponerles. Por su parte, la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación y, Notificador-Ejecutor, ambos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, deberán realizar lo siguiente: Dejen sin efecto el mandamiento de ejecución número ******************** de treinta de enero de dos mil veintitrés, que derivo en el crédito número ********************. Actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, mediante oficio JAESPO/PRESIDENCIA/******/2023 transcribió el acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés, por diverso JAESPO/PRESIDENCIA/******/2023 transcribió el auto de veintiocho de agosto del año en curso, y con el oficio JAESPO/PRESIDENCIA/*****/2023 remitió copia certificada de la razón actuarial de veintinueve de agosto siguiente, todos emitidos en el expediente laboral 201/2011 de su registro. Por su parte, el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en representación de las autoridades responsables Coordinación de Cobro Coactivo, Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas y del Notificador de la Secretaría de Finanzas adscrito al Área de Cobro Coactivo de dicha Dirección, mediante oficio SF/SI/PF/DC/JR/*****/2023/amparos de siete de agosto del actual, remitió el oficio SF/SI/DIR/CCC/******/2023, que le fue dirigido por el Coordinador de Cobro Coactivo de esa dependencia. Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, cumplió con la misma, toda vez que en el expediente laboral *****/2011 de su registro, realizó lo siguiente: a) En auto once de agosto de dos mil veintitrés, dejó sin efecto, el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, en la parte en que se impuso multa a la quejosa ********************, y previo análisis, estableció que la citada quejosa no fue notificada personalmente en su domicilio personal de los acuerdos relativos a los requerimientos que dieron origen a dicha multa (foja 92 expediente físico). b) En auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, ordenó al Actuario de su adscripción, notificara a la quejosa ********************, los proveídos de quince de junio, nueve de agosto y uno de septiembre de dos mil veintidós (foja 100 expediente físico). c) Y remitió la diligencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, por la que la Actuaria hizo constar su imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado, ya que no localizó a ********************, aquí quejosa, en el domicilio que tiene registrado. Por su parte, las autoridades responsables Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación y, Notificador-Ejecutor, ambos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, dejaron sin efecto el mandamiento de ejecución número ******************** de treinta de enero de dos mil veintitrés, que derivó en el crédito número ********************. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Sin que pase inadvertido que la Actuaria adscrita a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, no haya podido notificar a la aquí quejosa, ya que ello no fue efecto del fallo protector. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión. Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 12, 14, 17, fracción III, inciso a) y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destino del expediente Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, por consiguiente este expediente resulta CONSERVABLE, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, previo trámite correspondiente, se transferirá al depósito documental designado para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 26, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Incidente de suspensión En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente. .

  3. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Secretaria Instructora del Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial del Centro -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la citada autoridad, las documentales que anexa a su informe justificado, consistente en copia certificada deducidas del expediente laboral ******************** de su índice; documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional, con las cuales se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese.

  4. Principal

    SECCIÓN II. MESA IV-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que hasta esta fecha la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, no ha informado acerca del total cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, al efecto se provee: Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable ******************** Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla a cabalidad con la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, esto es, informe si se realizó el pago total de las cantidades cuantificadas en el incidente de liquidación promovido en el expediente ******************** y su acumulado ******************** de su índice, que le corresponden al aquí quejoso ********************. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercíbase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días cumpla con la sentencia de amparo, apercibida que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario1, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, inmediatamente, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, sin perjuicio, de que esta autoridad de amparo siga emitiendo determinaciones para lograr el cumplimiento de la ejecutoria. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Junta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.),sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito electrónico signado por el quejoso ********************, mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, a efecto de que cumpla con el fallo protector: al respecto, dígasele que se esté a lo proveído en párrafos que anteceden, en el que se formuló un nuevo requerimiento a la autoridad responsable y se le apercibió en los términos indicados. Notifíquese.

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