Florencia Gómez Antoño

Expediente 605/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
605/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Florencia Gómez Antoño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    ...Visto el estado de autos, como únicamente *** realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. En el caso, mediante sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Florencia Gómez Antoño, para efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, realizará lo siguiente: 1.- Dejar insubsistente la determinación treinta de marzo de dos mil veintidós, únicamente en la parte donde impuso a la peticionaria de amparo Florencia Gómez Antoño pensión alimenticia provisional de medio salario mínimo diario a favor de su menor hija de iniciales C. M. G.; 2.- Dictar otra en la que ordene que se recaben los elementos de prueba que estime necesarios para establecer la capacidad económica de la deudora alimentaria Florencia Gómez Antoño y el nivel de vida que ha tenido la menor de iniciales C. M. G. 3.- Hecho lo anterior, dentro del término de cinco días hábiles, realice un estimado del ingreso mensual de la deudora alimentaria respecto del cual fijará un porcentaje como monto de pensión alimenticia provisional, tomando en consideración todo el cúmulo probatorio que obre en autos, inclusive las pruebas allegadas por la parte demandada en su escrito de contestación. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, causo ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento. Por oficios 1140/2022 y 1163/2022, de treinta de agosto y uno de septiembre de dos mil veintidós, recibidos en este Juzgado el treinta y uno de agosto y seis de septiembre pasados, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remitió copia certificada del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 103/2022, de su índice, mediante el cual se advierte que, dejó insubsistente la determinación de treinta de marzo de dos mil veintidós, únicamente en la parte donde impuso a la peticionaria de amparo Florencia Gómez Antoño pensión alimenticia provisional de medio salario mínimo diario a favor de su menor hija de iniciales C. M. G.; y asimismo, dictó la diversa en la que ordenó que se recabaran los elementos de prueba que estimó necesarios para establecer la capacidad económica de la deudora alimentaria Florencia Gómez Antoño y el nivel de vida que ha tenido la menor de iniciales C. M. G.; finalmente, realizó un estimado del ingreso mensual de la deudora alimentaria respecto del cual, manifestó lo siguiente: (.Por lo tanto, atendiendo a los razonamientos esgrimidos y del material probatorio que obra en autos del presente sumario, esta juzgadora establece como estimado del ingreso mensual que pudiera obtener la deudora alimentaria Florencia Gómez Antoño, el equivalente a un salario mínimo diario que de manera mensual arroja la cantidad de $ 5186.10, (cinco mil ciento ochenta y seis pesos con diez centavos, moneda nacional), misma que resulta de multiplicar ciento setenta y dos pesos con ochenta y dos centavos moneda nacional, por treinta que son los días del mes, de ahí que, se considera justo, se fije por concepto de PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, para la niña de iniciales C.M.G., la cantidad equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO, en forma diaria el salario mínimo general vigente en esta zona, equivalente a cuarenta y tres pesos con veintiún centavos, moneda nacional (43.21.m.n).) Tal y como se demostró con anterioridad se consideró un porcentaje como monto de pensión alimenticia provisional, tomando en consideración todo el cúmulo probatorio que obra en autos, inclusive las pruebas allegadas por la parte demandada en su escrito de contestación. No pasan desapercibidas las manifestaciones realizadas por Florencia Gómez Antoño, relativas al punto tres de los efectos de la ejecutoria de amparo, esto es que a la fecha la directa quejosa no realiza ninguna actividad económica remunerada, por lo que no tiene ingresos para cumplir con la obligación alimentaria decretada tal y como se precisó en el estudio socioeconómico realizado; sin embargo, el juez responsable al valorar dicho estudio socioeconómico, concatenado con el resto de material probatorio concluyo que; la aquí quejosa indicó que se ha desempeñado como trabajadora en una casa particular, que tiene la edad de cuarenta y un años, que no se encuentra imposibilitada para poder realzar cualquier actividad y así allegarse de recursos propios para su subsistencia y poder contribuir a los alimentos de su hija menor de edad, máxime que, como se desprende del contenido de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 103/2022, se tomó en consideración el sueldo mínimo para la imposición de la cantidad que por concepto de alimentos deberá enterar para la subsistencia de su menor hijo cantidad que haciende al VEINTICINCO POR CIENTO, en forma diaria el salario mínimo general vigente en esta zona, equivalente a cuarenta y tres pesos con veintiún centavos, moneda nacional. De ahí que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, para la cuantificación de la cantidad a imponer por concepto de pensión alimenticia si fueron tomados en consideración todos los elementos probatorios allegado al controvertido familiar incluido el estudio socioeconómico y las pruebas allegadas por la parte demandada en su escrito de contestación En virtud de lo anterior, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, cabe señalar que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito, se encuentra facultado para realizar el presente pronunciamiento relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, toda vez que la urgencia de la decisión radica en los posibles daños que se podrían ocasionar a la parte quejosa en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, así también lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Suprema Corte de Justicia de la Nción. Registro digital: 2023104. Instancia: Segunda Sala. Undécima Época. Materias(s): Común. Tesis: 2a./J. 22/2021 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891. Tipo: Jurisprudencia. Ahora, vista la certificación de cuenta, toda vez, que el presente expediente físico coincide con el electrónico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, depúrese éste y solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; ello, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Hágase las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de Gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    ...Agréguese el oficio y anexos de la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, mediante el cual remite diversas constancias con las cuales aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de tres días, con las constancias de cuenta, en el entendido que deberá correrse traslado con dichas constancias que se anexan y así asentarse expresamente en la notificación respectiva, y una vez transcurrido dicho plazo díctese acuerdo respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como lo dispone dicho artículo. Cabe precisar que el citado plazo deberá computarse una vez que las partes queden legalmente notificadas, y transcurrido el mismo, se dictará el acuerdo respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como lo dispone el artículo antes invocado. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    ....Agréguese la copia del oficio marcada para este Juzgado del Magistrado Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante la cual informa y acredita que instruyó a la autoridad responsable, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que cumpla con la ejecutoria de amparo y remita las constancias respectivas. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se tiene que pese a que feneció el plazo otorgado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a la fecha no acreditado haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos indicados en proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, ni tampoco ha informado las gestiones que se encuentra realizando para cumplirlo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de multa decretado en dicho proveído, y en términos del artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se impone al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, multa de cien días calculados al valor inicial diario de la unidad de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de $9,622.00 M.N. (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional). Ahora, previo a remitir el oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", para que haga efectiva la multa impuesta; con apoyo en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, SE REQUIERE NUEVAMENTE al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que en el plazo de TRES DÍAS, siguientes a la notificación de esta determinación, cumpla con la sentencia******* NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY....

  4. Principal

    ....Agréguese el oficio de la Secretaria General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de veintidós de agosto pasado, solicita datos del expediente donde el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, deberá dar cumplimiento al fallo protector, esto, para requerir a dicho juzgado su cumplimiento; en su atención, mediante oficio que al efecto se libre, infórmese que es el expediente familiar 103/2022, donde impuso a la peticionaria de amparo ***** pensión alimenticia provisional de medio salario mínimo diario a favor de su menor hija de iniciales C. M. G. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.....

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