Florencia Cleto Diaz

Expediente 298/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
298/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Florencia Cleto Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales conducentes. Archivo y anotaciones Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente principal. Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo este expediente es destruible en un plazo de tres años, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda, en relación con el punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la carátula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, alguno de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo general citado. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese por lista a la quejosa.

  2. Principal

    SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del agente titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Aldama de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y otras autoridades. Registro Fórmese expediente electrónico; regístrese en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), dentro de los juicios de amparo bajo el número 298/2023. Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable deimprocedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Del criterio jurisprudencial anterior, se puede advertir que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa****, reclama lo siguiente: El retardo de la consignación de la averiguación previa ALD/SC/01/0123/2014, por el delito de uso indebido de documentos falsos y alterados en contra de la quejosa. Establecido lo anterior y en el caso, el suscrito considera que, respecto al acto materia de reclamo, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por lo que puede advertirse, la causa de improcedencia señalada anteriormente, recae en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues al ser el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria, y que sean los idóneos para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por la accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas, la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. d) Que el acto reclamado no se trate de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal del quejoso, siempre que se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. f) Tampoco existe obligación de agotar el recurso cuando esté sujeto a una interpretación adicional de la Ley. En este contexto, debe decirse que, el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por la promovente, salvo lo que se dispone para los terceros extraños a juicio y las excepciones a que se refiere el artículo citado. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan contra el acto reclamado, el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la locución "leyes que los rijan" (los actos reclamados), debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia de que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso solo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 115/1999, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Novena época, tomo X, octubre de 1999, página 448, registro electrónico 193142, el cual establece: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. (.)." Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Así pues, del referido numeral constitucional se desprende que la víctima u ofendido, tiene derecho a impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, ello es así toda vez que en el sistema penal, el órgano jurisdiccional de que se trata, goza de la facultad para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Luego, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público, entre otras cosas, sobre las técnicas de investigación, el no ejercicio de la acción penal, esto es, se trata de omisiones o actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Al respecto, es oportuno puntualizar que los recursos como actos procedimentales, son herramientas previstas en la ley para dar certeza, seguridad jurídica y procurar equilibrio, con que cuentan las partes para combatir actuaciones y misiones de determinada autoridad, con lo que se buscan que se realice un examen de lo hecho u omitido, y con ello, en su caso, obtener un resultado favorable a los intereses de quien impugna. De ahí que el Código Nacional de Procedimientos Penales contemple que las acciones y omisiones del agente del Ministerio Público sean susceptibles de ser revisadas mediante su impugnación, cuya finalidad es que el Juez de control revise si la conducta del agente ministerial afecta el curso de una investigación; ya que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado y practique las acciones que sean necesarias para continuar la investigación, la judicialice, o bien decrete su término con la determinación correspondiente (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), con lo que la víctima u ofendido obtendría una determinación a favor de sus intereses al invalidar el actuar omiso del agente del Ministerio Público. En tanto que, al describirse los derechos de las víctimas u ofendidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 109, fracción XXI, se contempla la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencias del agente del Ministerio Público, en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en el citado Código y en las demás disposiciones legales aplicables. De acuerdo con lo anterior, el agente del Ministerio Público debe conducir la investigación con objetividad, y actuar con la debida diligencia, por lo que además de atender a lo dispuesto para ello en el Código Nacional de Procedimientos Penales, también tendrá que considerar lo que la ley reglamentaria determine para el debido despacho de los asuntos puestos a su consideración, de acuerdo a su competencia y facultades. Bajo el panorama legal descrito, es posible concluir que la función investigadora del Ministerio Público como Institución, no se constriñe a realizar actuaciones de investigación que requieran o no intervención judicial, encaminadas a obtener los datos de prueba que permitan establecer si el hecho o hechos denunciados la ley los señala como delito y que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues también debe considerarse que siempre que no se judicialice una indagatoria o se decrete el término de la investigación con la determinación correspondiente, toda atribución otorgada legal y constitucionalmente al agente del Ministerio Público se entenderá que la realiza como autoridad en ejercicio de su facultad de investigación, que como fin último tiene la expedita y debida procuración de justicia, observando la legalidad y el respeto a los derechos humanos. De lo anterior, se observa que todas aquellas omisiones del agente del Ministerio Público relacionadas con la investigación de los delitos, deben impugnarse ante sede judicial, porque el recurso contemplado en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, busca indefectiblemente recuperar la eficacia del Sistema Penal Acusatorio, al generar transparencia en la impartición de justicia, y que los asuntos sean resueltos de forma expedita y en breve término. De ahí que, el hecho de que la víctima u ofendido impugne las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes, la autoridad judicial debe resolver lo conducente, evitando que injustificadamente se prolonguen las investigaciones de que conoce el agente del Ministerio Público o bien se emita la determinación correspondiente en la carpeta de investigación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene el criterio que de una interpretación de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que las determinaciones del agente del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. De ahí que, deba entenderse que las omisiones y actuaciones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización o continuación de su función investigadora. En ese sentido, si el quejoso reclama el retardo de la consignación de la averiguación previa ALD/SC/01/0123/2014, por el delito de uso indebido de documentos falsos y alterados en contra de la quejosa, ello es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a lo anterior, debe decirse que el anterior medio de impugnación no está reservado a controvertir exclusivamente omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio, pues pueden impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial. De ahí que, se considera que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar ante el Juez de Control, las omisiones que reclama de las autoridades responsables. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial dela Federación, Undécima época, con número de registro 2027195, misma que establece: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 113 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Además, debe decirse que no se ubica un supuesto de excepción, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña, ya que la quejosa fue la denunciante en la averiguación previa ALD/SC/01/0123/2014, pues así lo indicó en su demanda de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el diverso precepto legal 113 de la misma legislación, se desecha la demanda de amparo. Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a las personas restantes por no contar con dicho registro. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, la lista que se fija en los estrados, tal como lo peticiona en su demanda de amparo. Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese y por lista a la quejosa en cumplimiento a la presente determinación.

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