Florencia Alvarez Cervantes
Expediente 205/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Florencia Alvarez Cervantes
Actuaciones
- Principal
Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de once de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el plazo de tres días concedido a la quejosa Florencia Álvarez Cervantes en proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se ordena notificar el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de once de marzo del año en curso, se reservó proveer sobre la notificación de dicha actuación a la parte quejosa, hasta en tanto, transcurriera el plazo descrito con antelación, situación que ya aconteció; ante ello, como está ordenado en el párrafo que precede, se ordena notificar íntegramente el proveído de once de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que la parte quejosa tenga conocimiento de lo ahí requerido que a la letra dice: "Nezahualcóyotl, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. Da cumplimiento a prevención. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa, a través del cual desahoga la prevención realizada por este órgano jurisdiccional el dos de marzo de dos mil veintidós; agréguese a los autos y téngase por desahogado el requerimiento formulado. Análisis de la procedencia de la instancia (desechamiento). Así, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano. En principio, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Destacado lo anterior, este órgano constitucional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo. El primer numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los demás preceptos señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a tales ordinales, el plazo para la interposición del juicio de amparo, es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Consecuentemente, la demanda de amparo que se promueva fuera del plazo de quince días, será extemporánea. - Caso concreto En el caso a estudio, la accionante de esta vía reclama, la negativa por parte del Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán, Estado de México de recibir el oficio que giro el Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Zona Oriente sede Texcoco, Estado de México, y como consecuencia la negativa de levantar (quitar) el aseguramiento decretado en la carpeta de investigación: NEZ/FRO/RVP/064/2049/21/21/07, respecto de la casa ubicada en la calle Romita, manzana 23, lote 8, colonia zona comunal, San Agustín Atlapulco, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, para ser entregada la posesión a la hoy quejosa. Lo anterior, en razón de lo expresado por la propia quejosa en su escrito de desahogo, a saber: "A).- En el punto número uno De la Autoridad Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán, Estado de México. Reclamo la negativa de recibir el oficio que le giro el Ministerio Publico de la Fiscalía especializada en la investigación del delito de robo de vehículo zona oriente sede Texcoco. La desahogo de la siguiente manera: En fecha 7 siete de enero del dos mil veintidós, siendo aproximadamente la una de la tarde el C Agente del Ministerio Público adscrito a la agencia del Ministerio Publico de la Fiscalía especializada en la investigación del delito de robo de vehículos Zona oriente sede Texcoco y la señora Florencia Álvarez Cervantes, se trasladaron a las oficinas de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán, Estado de México. En donde se presentaron para entregar el oficio con número 2131G00020/90/2022 con fecha cuatro de enero del 2022 y al presentarlo a la oficialía de partes, le mencionaron que se esperara un momento que iban a llevarlo al jurídico para saber si lo podían recibir o no después de 30 treinta minutos más o menos le mencionaron que no se lo podían recibir porque le faltaba la firma del C. Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos OCRA Nezahualcóyotl. (.)". Así, de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en el escrito de desahogo, son una confesión para esta Juzgadora, la cual constituye un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese panorama, el presente juicio protector de derechos fundamentales se ubica dentro del segundo supuesto del artículo 18, de la Ley de Amparo; puesto que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que a través de esta vía excepcional combate, desde el siete de enero de dos mil veintidós, por lo que es a partir del día hábil siguiente1 (diez de enero de dos mil veintidós), en que empezó a correr el plazo de los quince días que otorga el artículo 17 de la ley de la materia para la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior, descontando los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, de ahí que se evidencia que el lapso de quince días transcurrió del diez al veintiocho de enero de dos mil veintidós. Por tanto, si la demanda se presentó hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, es inconcuso que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, de ahí que su promoción es extemporánea. Lo anterior, máxime que el acto de referencia no se ubica en ninguno de los casos de excepción del citado artículo 17, fracción IV, de la Ley de amparo, pues en el caso no se reclama la aplicación de una norma general, no se trata de la sentencia definitiva condenatoria dictada en el proceso penal, no se impugnan actos que tengan por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión o disfrute de los derechos agrarios, tampoco se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ni de actos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En consecuencia, como el acto reclamado se considera tácitamente consentidos, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. No es inadvertido para esta juzgadora, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Reserva de notificación. Finalmente, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de dos de marzo de dos mil veintidós, a efecto de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, resérvese de proveer sobre la notificación de la presente determinación, hasta en tanto, transcurra el término referido y se tenga conocimiento del domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.".
- Principal
(aviso) En DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, NOTIFICO a la parte quejosa Florencia Álvares Cervantes, el auto de dos de marzo de dos mil veintidós, dictado por el juzgado de mi adscripción, en el juicio de amparo 205/2022-V, por medio de lista y por lista en una página electrónica, por no haber acudido dentro de los dos días hábiles siguientes, al juzgado de mi adscripción a notificarse, a pesar de haberse dejado aviso fijado en el inmueble del domicilio indicado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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