Florencia Abigail Mangevil Mastache

Expediente 218/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
218/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
23/03/2017

Partes del expediente

  • Florencia Abigail Mangevil Mastache

Actuaciones

  1. Principal

    mesa"10" se notifica por medio de lista al quejosos, el acuerdo de fecha 16 de marzo del dos mil diecisiete. Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que el término de cinco días otorgado a la quejosa Florencia Abigail Mangevil Mastache, a efecto de que desahogara la prevención realizada mediante proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete, ha transcurrido, sin que a la fecha la impetrante de amparo realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de marzo de dos mil diecisiete, por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    mesa "10" Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que el término de cinco días otorgado a la quejosa Florencia Abigail Mangevil Mastache, a efecto de que desahogara la prevención realizada mediante proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete, ha transcurrido, sin que a la fecha la impetrante de amparo realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de marzo de dos mil diecisiete, por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    MESA "10"Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo con que se da cuenta, promovida por ***, contra los actos y la autoridad que se precisa; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 218/2017-10. Incompetencia Por otra parte, visto el estado de los autos, ésta juzgadora se estima legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de garantías, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Es de precisarse que este Juzgado de Distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en atención a lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de Distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:...VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse..." Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar que *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aprehensión, detención y presentación, por parte de las autoridades responsables señaladas como responsables, todas del fuero local del esado de Querétaro. Por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En el caso, los actos reclamados, que inciden en la esfera jurídica de la quejosa, son actos que tiene aparejada una ejecución material. Así, como ya se dijo con antelación, toda vez que la quejosa señala únicamente autoridades del fuero local del estado de Querétaro, las ordenes reclamadas giradas en contra de ésta, de ser ciertas, serían emitidas y ejecutadas por autoridades de una jurisdicción distinta a la que reside este juzgado federal, lo que tendría como consecuencia, que si se ejecutara cualquiera de las ordenes reclamadas, sería en el Estado de Querétaro, competencia que le corresponde conforme a los artículos descritos en párrafos anteriores al Juzgado de Distrito en el Estado de Querétaro con residencia en Querétaro. Por tanto, al tener ejecución material el acto que por esta vía se reclama, este asunto se ubica en la primera regla de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el Juez de Distrito competente para conocer de este juicio de garantías es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute dicho acto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada. No se soslaya que el promovente señaló en su demanda de amparo como domicilio del quejoso para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle Gabriel Mancera número 46, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, y domicilio particular el situado en Avenida de la Alborada, número cuarenta y tres, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Tlalpan, esto es, dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito, y que refiera que las autoridades ejecutoras se constituyeron en su domicilio particular, ya que el domicilio de la parte quejosa no puede fincar competencia a determinado órgano jurisdiccional en materia de amparo. Lo anterior, pues si bien recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.52/2013, determinó que si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, no nos encontramos en tal supuesto, pues la quejosa no fue omisa en señalar si las autoridades responsables tienen residencia en esta jurisdicción, esto es así, en atención a que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que las autoridades responsables residen en el estado de Querétaro. Asimismo, no debe perderse de vista que la orden de aprehensión, detención y presentación por su naturaleza es un acto de ejecución instantánea, que se tiene por ejecutada una vez que el indiciado es detenido; ello sin soslayar que en razón de dicha aprehensión la persona continúe privada de su libertad, pues la privación de la libertad constituye un efecto de la ejecución de la orden, el cual, es de naturaleza permanente (actos cuya ejecución se prolongan en el tiempo). Debe precisarse también, que el hecho de que el quejoso haya manifestado en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad que diversas personas habían acudido a su domicilio pretendiendo ejecutar una orden de aprehensión, no implica que el acto privativo de libertad haya comenzado a ejecutarse, y que se trate de un acto de tracto sucesivo; pues lo cierto es que lo único que podría advertirse es que el acto esté tratando de ejecutarse, lo cual es muy distinto al momento en que ya se ejecutó, pues su ejecución es de forma instantánea, y lo que se prolonga en el tiempo son sus efectos. Así, se advierte que se actualiza la regla del primer párrafo del numeral 37 (consistente en donde se trate de ejecutar el acto), pues únicamente se tenía la manifestación del quejoso bajo protesta de decir verdad, de que el acto había tratado de ejecutarse en su domicilio ubicado dentro de esta jurisdicción. Lo cierto es que si a pesar de existir dicho señalamiento (el cual por sí solo no es suficiente, pues el solo domicilio resulta insuficiente para fincar competencia), por lo que al no existir principio de ejecución en esta jurisdicción este juzgado es incompetente para resolver el presente juicio, lo anterior se reafirma pues la quejosa no señaló autoridades que puedan ejecutar el acto reclamado dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es autoridades locales de la Ciudad de México o autoridades de jurisdicción federal. Con este proveído y constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente, así como informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por autorizadas a las personas que indica, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.

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