Flora Pineda Rodríguez y Otros.

Expediente 1175/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 28 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1175/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Ranferi Jaimes Alonso y Otros.
  • Flora Pineda Rodríguez
  • Flora Pineda Rodríguez y Otros.
  • Ángel García Alfaro
  • Ángel García Alfaro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", implementándose diversas medidas especiales que deben adoptarse para reanudar en su totalidad las labores jurisdiccionales; entre ellas, que a partir del cuatro de marzo del año en curso, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021. Asimismo, que se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2º, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, en términos del acuerdo establecido en el artículo único del acuerdo general 9/2021. Lo anterior operará en lo individual e iniciará su cómputo -desde luego-, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Esto se acota así, dado que se considera que deberá atenderse tanto la reanudación de actividades de las autoridades responsables, así como la oportunidad que se tenga (de acuerdo a las cargas laborales de este órgano jurisdiccional), de notificar a las partes procesales. En esa tesitura, y a fin de continuar la tramitación del presente asunto, se provee: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad, contra el auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, en el que este Juzgado declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo haya hecho, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos; por tanto, SE TIENE CONSENTIDO DICHO AUTO. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes; de igual forma las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". Por otra parte, vistas las constancias de autos se aprecia que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se advierta documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico; lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. En tal virtud, y con fundamento en el artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser DEPURADO, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, resoluciones recurridas, sentencia definitiva y del presente auto. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del multi mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, informa que solicitó a Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a fin de que éste realice las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, y para acreditar su dicho envía el acuse de recibo relativo al oficio que dirigió a dicho Secretario de Finanzas; por tanto, glósese a los autos para los efectos legales correspondientes quedando a la espera de que la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector informe lo relativo a ello.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por la Presidenta encargada de despacho por Ministerio de Ley, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de dos acuses de recibo relativos a los oficios 11053/2019 y 11052/2019, dirigidos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ello, a fin de que ésta con base a las atribuciones que corresponden acredite la materialización de las multas impuestas por dicho órgano laboral a la parte demandada en el juicio de origen, -aquí tercero interesado-, y así dar cabal cumplimiento al fallo protector dictado en el presente sumario. Atento a lo anterior, y al realizar una revisión de las constancias que obran agregadas en autos, en específico de las actuaciones que han sido enviadas a este órgano de control constitucional por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relativas a los trámites que ésta ha informado con el fin de dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, se aprecia que destacan los acuses de recibo de los oficios 9035/2019, 9034/2019, 9073/2019, 9072/2019, 11020/2019, 11019/2019, así como los que ahora envía la autoridad responsable, misivas fechadas en doce de septiembre (fojas 195 y 196), siete de octubre (fojas 213 y 214), veintinueve de octubre (foja 236 y 237) y veintiuno de noviembre, todos del presente año respectivamente, dirigidos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en los cuales, de manera similar dicho órgano obrero le ha solicitado a la aludida Secretaria, proceda a materializar las multas impuestas al representante legal de la parte demandada, en autos de cinco de marzo de dos mil quince, diez de octubre de dos mil dieciséis, veintitrés de abril de dos mil dieciocho, y diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictados dentro del juicio laboral 250/2009, sin que a la fecha según lo informado por la autoridad responsable aludida, hayan sido atendidas en sus términos. Ahora, en observancia a los artículos 192, 196 y 197 de la Ley de Amparo, en relación con los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada sobre las ejecutorias de amparo, en las que toda autoridad debe acatarlas para subsanar las violaciones a los derechos humanos y garantías individuales ahí precisadas; así como a los antecedentes narrados en el párrafo anterior, y en razón de que en el caso concreto el efecto de la sentencia de amparo ejecutoriada, es que se materialicen las multas impuestas por el tribunal laboral a la parte demandada, en acuerdos de cinco de marzo de dos mil quince, diez de octubre de dos mil dieciséis, veintitrés de abril y diez de septiembre, de dos mil dieciocho, dictados en el juicio laboral 250/2009, lo que implica que aquélla autoridad que tiene injerencia en materializar dichas multas está obligada a realizar dentro del ámbito de su competencia todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro de la sentencia de amparo. Así, dado que el Juez de Distrito debe vigilar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la cual se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; y para ello el juzgador está facultado para requerir el cumplimiento a cualquier autoridad aunque no tenga el carácter de responsable, así como para requerir a cualquier ente público, que por razón de sus actividades esté en posibilidad de actuar de acuerdo con lo que ordene la ejecutoria. De lo que se colige, que para lograr un eficaz y pronto cumplimiento del fallo protector, se hace necesario vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, residente en esta ciudad, toda vez que en razón de sus funciones tiene participación en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Presidenta encargada de despacho por Ministerio de Ley, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la constancia con la que refiere acredita los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de quien desempeñe el cargo de presidente, para que en el término de tres días hábiles, siguientes a aquél en que reciba el oficio de notificación del presente auto, remita copia certificada de los acuses de recibo de los oficios que ordenó girar en auto de diecinueve de noviembre del presente año, dictado dentro del expediente laboral 250/2009. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado en el plazo concedido, se le impondrá a dicho tribunal obrero, por conducto de su presidente o quien ostente dicho cargo, una multa de cien unidades de medida y actualización; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de la Ley 51, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, el Presidente ejecutor del tribunal obrero responsable está obligado a promover la eficaz ejecución de los laudos, aunado a que el cumplimiento de una ejecutoria de amparo debe cumplirse sin demora alguna, por lo que dicha responsable no debe esperar a que sea requerido por este órgano jurisdiccional para emitir actos tendentes cumplir con tal fin, sino que debe dictar los trámites eficaces a fin de lograr el cumplimiento del fallo. En la inteligencia de que, el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

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