Flora Pérez González

Expediente 860/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
860/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Flora Pérez González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, es susceptible de destrucción el presente expediente, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General.

  2. Principal

    En virtud de no haberse presentado la promovente, o alguno de sus autorizados, a notificarse personalmente del auto de cuatro de marzo del presente año, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice:

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se desprende que en sesión ordinaria celebrada el doce de agosto del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la designación de la suscrita Jueza Abigaíl Cháidez Madrigal, como Titular de este Juzgado, en lugar del Juez José Luis Estrada Amaya, con efecto a partir del uno de septiembre del año en curso, según consta en el oficio SEADS/407/2020, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Por otra parte, de la propia certificación que antecede, se advierte que mediante Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció medidas relativas a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Ahora, del estado de autos se observa que el presente asunto se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por tanto, SE ORDENA REANUDAR EL PROCEDIMIENTO. Por otra parte, visto el estado de los autos, se advierte que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado el trece de febrero de dos mil veinte, mismo que le fue notificado el catorce de febrero del año en curso, en el cual se le requirió para que informara si en dicho juzgado se tramitó o se tramita algún juicio sucesorio testamentario o intestamentario a bienes del extinto quejoso Manuel Beltrán López, y si existe nombrado albacea, y en caso afirmativo, remitan las constancias relativas a ello. En la inteligencia que el aquí quejoso falleció en diciembre de dos mil diecisiete, como se aprecia del acta de defunción que obra a foja 1029 y, que el tribunal de alzada determinó que no existía imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione la información que le ha sido solicitada. APERCIBIDO que en el caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, conforme a los artículos 237, fracción I, en relación al 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por la quejosa, por su propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 860/2020-III-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por la quejosa, contra los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con el artículo 117, de la invocada ley, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguiente al en que reciba el oficio correspondiente. En caso de ser cierto el acto reclamado, deberá anexar a su informe justificado copia certificada de las constancias conducentes, pues la omisión de dicha obligación se encuentra sancionada con una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA Se señalan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO Por otro lado, las partes habrán de tener en cuenta lo previsto en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten". PRECISIÓN DE AUTORIDAD RESPONSABLE Y OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se precisa que el precepto 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligación de la parte quejosa, entre otras, señalar con precisión a la autoridad responsable (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el ordinal 79, fracción III, de la Ley en comento); en consecuencia, se le apercibe en el sentido de que si la forma de denominación no corresponde con lo indicado en su demanda, sin mayor trámite se decretará su inexistencia, se suspenderá toda comunicación con ellas y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación correcta, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. TERCERO INTERESADO Respecto al emplazamiento de los terceros interesados precisados en el escrito inicial de demanda, este órgano de control constitucional SE RESERVA acordar lo conducente, hasta en tanto se cuente con las constancias relativas al acto reclamado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que dé lugar a tramitar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado, ya que no basta que la parte quejosa manifieste que se solicite el informe previo a la autoridad responsable, como se ve en el libelo de la demanda de amparo, sino que es necesario que haya manifestación expresa de su solicitud como lo establece el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento a la circular 2/2014 de tres de octubre de dos mil catorce y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. OFICIOS Asimismo, se autoriza al Secretario actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.

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